Lilia Arellano
“Lo más aterrador del absurdo, a fin de cuentas, es que posea su propia lógica”: Ricardo Menéndez
● Incongruencias entre leyes y propuesta de presupuesto
● Rectores de universidades piden a diputados 17 mmdp más para 2020
● Ley General de Educación es avalada, tal cual, por los senadores de la 4T
● Congreso: pleitos de vecindad y desaparición de poderes en 3 entidades
● Aeropuerto de Santa Lucía: inculpa AMLO a José Ramón Cossio de litigar
Ciudad de México, 25 de septiembre de 2019.- Un hecho insoslayable en la actual discusión del presupuesto federal para el próximo año es la gran incongruencia entre la nueva normatividad educativa, plasmada en el artículo tercero de la Constitución, recientemente aprobado, y las asignaciones presupuestales, propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Arturo Herrera, quien este jueves acudirá al palacio legislativo de San Lázaro a presentar el Paquete Económico 2020 y rendir cuentas sobre el Primer Informe de Gobierno. Ante Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación, Jaime Valls, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), pidió este miércoles a los legisladores federales pugnar por un incremento presupuestal de 17 mil millones de pesos, monto indispensable para ajustarse a los planes de gobierno de otorgar educación gratuita y obligatoria.
Tras un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el pleno camaral solicitó el martes a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el morenista Alfonso Ramírez Cuellar, establecer un procedimiento en línea para la recepción de la propuesta para el Presupuesto de Egresos de la Federación2020. Dentro de sus atribuciones en la aprobación del presupuesto definitivo, los diputados federales tienen la enorme responsabilidad de resolver esa contradicción señalada a favor de la aplicación de los nuevos derechos para la educación superior, y deben dejar de lado los temas nimios, derivados de pleitos entre fracciones parlamentarias, a fin de enfocarse en las cuestiones fundamentales para la República, como el combate a la violencia, el impulso al crecimiento económico y, por supuesto, la educación, entre otros totalmente ignorados en el debate legislativo en el Congreso de la Unión.
Durante una reunión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Jaime Valls detalló en ese monto se incluyen 7 mil 678 millones de pesos contenidos en el Ramo 33, el rubro dirigido a las entidades federativas; un incremento en el subsidio ordinario por mil 696 millones de pesos; mil 443 millones de pesos para la política salarial; y 6 mil 139 millones para otros programas. “Es decir, un total de ampliación presupuestal para educación superior de 17 mil 230 millones de pesos, incluyendo el fondo de obligatoriedad de 7 mil 678 millones”, explicó, el cual por cierto no esta contemplado en el proyecto presentado por Arturo Herrera a la Cámara baja.
El secretario general de la ANUIES destacó los recursos han ido a la baja y con la intención de gratuidad del actual gobierno se podría dificultar su operación. Desde 2016, aseguró, no ha habido incremento presupuestal en términos reales, lo cual ha generado un déficit de 18 mil millones de pesos en términos reales de ese año a la fecha. Mientras la matrícula creció más de 122 por ciento del año 2000 al 2019, el Presupuesto Federal lo ha hecho sólo en 75 por ciento”, lo cual ha reducido la inversión por alumno en 21 por ciento, subrayó.
Valls llamó a los diputados federales, entre los cuales se encontraban los coordinadores de la fracción parlamentaria del PAN, Carlos Romero Hicks, y de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, a reconsiderar el presupuesto, pues ya existen instituciones en crisis y no se debe de atentar contra las funciones sustantivas de las universidades.
Sumamente preocupante es la reducción a la educación superior establecida en Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020. Los recortes a universidades de los estados, instituciones tecnológicas públicas y escuelas normales son serios obstáculos para el fin de incluir en la educación superior a todas las personas quienes deseen acceder a ella y de fortalecer a las instituciones dedicadas a la formación de nuevos docentes, indispensables en los planes de ampliar la cobertura de la educación superior en el país en los niveles que propagandísticamente ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como probablemente lo desconozcan los diputados federales, cuya preparación académica en la actualidad ha dejado mucho que desear a la hora de redactar leyes y cumplir sus atribuciones legales, en el artículo tercero constitucional hay temas de gran relevancia para la educación superior, como los nuevos derechos establecidos por la reforma recién aprobada, en específico la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior pública, así como la recuperación de la centralidad y el fortalecimiento de las escuelas normales, como puntualmente lo destaca el doctor Imanol Ordorika, autoridad internacional en el tema de educación superior, quien subraya dicho artículo ordena que para cumplir con los principios de obligatoriedad de la educación superior y la gratuidad, “se incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios” y que en particular “se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad de la infraestructura”.
En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHC), a cargo de Herrera, también se eludió dicho ordenamiento a la hora de conformar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, pues plantea restricciones y limitaciones para la educación superior pública, y el monto asignado a las universidades e instituciones públicas federales no crece en términos reales, como bien lo planteó este miércoles Jaime Valls a los legisladores. Un artículo periodístico de Ordorika publicado en La Jornada revela y destaca: “los programas de la Dirección General de Educación Superior disminuyen, en conjunto, 0.95 por ciento en términos reales, con caídas de 30 por ciento en los programas de carrera docente en universidades públicas estatales (UPES) y el de fortalecimiento de la excelencia educativa.
“El subsidio ordinario a las UPES cae en 0.4 por ciento. Los fondos extraordinarios para educación superior disminuyen en 26 por ciento. No hay previsión presupuestal para atender a las universidades en situación de crisis estructural. Además, el fondo para obligatoriedad y gratuidad previsto en el Artículo 3 no está incluido en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (…) Por otro lado, los subsidios ordinarios para universidades públicas estatales con apoyo solidario y para universidades interculturales tiene una caída de 0.4 por ciento y el del Tecnológico Nacional de México se redujo en 0.2 por ciento. Finalmente, el presupuesto para la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación sufrió una reducción real de 41.5 por ciento, principalmente en el apoyo para escuelas normales”, precisa.
Como se puede observar, la petición de la ANUIES a los diputados federales a fin de incrementar los recursos presupuestales a las instituciones de educación superior tienen todo el sustento. Ante ello, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar sólo propuso realizar una convención nacional universitaria antes de aprobar el presupuesto para el próximo año, a fin de llegar a un convenio con representantes de universidades públicas.
Pero los trabajadores universitarios no quieren esperar tanto y ya advirtieron de la realización de un paro de labores el 9 de octubre en las universidades públicas del país en demanda de ser atendida la crisis financiera por la cual atraviesan nueve de ellas. La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) aprobó en una asamblea extraordinaria celebrada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la jornada de protesta. Alertaron las universidades en crisis no cuentan con recursos para pagar a sus trabajadores, en algunos casos, a partir de la primera quincena de octubre.
Líderes de 52 sindicatos universitarios, entre administrativos y académico, institutos tecnológicos, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios de Educación Superior, Investigación y Cultura votaron la semana pasada a favor de buscar un diálogo con legisladores federales universitarios o ligados a las casas de estudio a fin de alcanzar su apoyo en la revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
La pelota está en la cancha de los legisladores, quienes deberán evitar se detone otro problema nacional, ahora en las instituciones de educación superior.
SENADORES AVALAN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Con 78 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general la Ley General de Educación, después de que en las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos Segunda, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados del PT, se aprobaron el martes en la noche en “fast track” las leyes secundarias de la reforma educativa. De nada sirvió la demanda de senadores del PAN, PRI y PRD a los monrenistas de frenar el trámite de los tres dictámenes al señalar en ellos omisiones graves.
En una sesión de tres horas, advirtieron no se podía discutir los más de 300 artículos que conforman la Ley General de Educación, la Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Minerva Hernández del PAN, y Miguel Ángel Mancera del PRD, alertaron los proyectos ni siquiera contemplan el impacto presupuestal de implementar esta reforma.
Panistas y perredistas cuestionaron la desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), por las responsabilidades derivadas a los padres de familia al hacerse cargo de las obras para escuelas, y advirtieron los dictámenes no aclaran de qué manera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará los recursos ejercidos por los comités de los paterfamilias. Pese a todo, los dictámenes pasaron al Pleno de la Cámara alta.
A pesar de que los senadores de oposición reprocharon la intervención del sindicato magisterial en el reparto de plazas y la desaparición del Inifed, se abrogó la Ley General de Infraestructura Física Educativa, al avalarse la Ley General de Educación. Gustavo Madero, del PAN, acusó una farsa en el trámite de esa reforma, pues aseguró la negoció un solo hombre en ocho reuniones privadas con la CNTE en Palacio Nacional.
Al escribir estas líneas, seguía la discusión de las reservas en el Pleno del Senado de la República.
PLEITOS DE VECINDAD EN EL CONGRESO
Definitivamente los legisladores federales se encuentran distraídos en pleitos de vecindad. La semana pasada los senadores del PAN anunciaron que tras la destitución del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, por parte del Congreso local, no había condiciones de gobernabilidad en esa entidad encabezada por un gobernador de Morena, por lo cual solicitaron la desaparición de poderes. En respuesta, senadores morenistas propusieron esa misma acción en Tamaulipas y Guanajuato, gobernados por el PAN, alegando la misma premisa, la inseguridad. Ante ello, la Mesa Directiva turnó dichas solicitudes a la Comisión de Gobernación, para determinar si son procedentes y, en su caso, dictamine o deseche las propuestas. La desaparición de poderes implicaría la destitución de los gobernadores de cada entidad y la entrada de nuevas gestiones de acuerdo a lo estipulado en el artículo 76, fracción V de la Constitución.
Otro pleito de vecindad fue protagonizado el martes entre diputados del PAN y del PT, luego de que Gerardo Fernández Noroña señalara a la panista Annia Gómez de haber hecho señas con las manos desde su curul durante la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa, el jueves pasado. Desde la tribuna, el petista dijo: “Me enseñaba sus dos manos que tenía problemas de artritis, y creo que debería ser atendida. Si el coordinador Romero Hicks encuentra alguna dificultad en el ISSSTE yo le pediría que me diga para ayudar a que la diputada sea atendida”. Al bajar, Fernández Noroña fue encarado por el diputado panista Ricardo Flores y luego el también panista Raúl Gracia fue hasta la curul del petista para retarlo a golpes. Finalmente no pasaron de gritos, amenazas y manoteos.
Por cierto, en un tema realmente de fondo, en el Senado de la República se destrabó la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, y el dictamen fue entregado a los integrantes de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda. Hasta ahora, de acuerdo a ese documento, la revocación de mandato se aplicará al Presidente, mandatarios estatales y al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la fecha de la consulta no deberá coincidir con una jornada electoral y será organizada por el INE o los organismos electorales estatales.
La revocación podrá hacerse una sola ocasión a partir de transcurrida la mitad del tiempo de gestión del encargo constitucional, y podrán solicitarla los ciudadanos en un número equivalente al 3 por ciento de los inscritos en la lista nominal de los electores, sin que la petición deba pasar el filtro del Congreso de la Unión. El titular del Ejecutivo también podrá solicitar la consulta.
Sería procedente la revocación si los votos válidos equivalen a por lo menos 50% más uno de los obtenidos en la elección para ocupar el cargo, según dicho dictamen, por lo cual si el actual presidente ganó con 30 millones de votos, sólo lo pueden destituir los votos de 15 millones de ciudadanos. ¿Se están curando en salud?
DE LOS PASILLOS
Tras los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador de estar detrás de quienes han interpuesto amparo para frenar la obra del aeropuerto de Santa Lucía, con lo cual incurriría en una falta por participar en litigios, el ministro en retiro José Ramón Cossio rechazó estar asesorando en las disputas contra la construcción de esa obra. “Respecto a lo señalado esta mañana por el presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con lo aeropuertos. “Lamentó la confusión en que ha incurrido el presidente”, escribió Cossío en su cuenta de Twitter…
Durante su conferencia de prensa mañanera, AMLO indicó: “Me dicen que hay un ex ministro de la Corte, Cossío, asesorando a quienes están promoviendo los amparos en contra nuestra, en contra de las obras que lleve a cabo el gobierno, en particular el aeropuerto de Santa Lucía y que son 16 despachos de abogados (…) Es un acción realmente, si no ilegal, si ilegitima. Primero, porque en ex ministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero sí coordina, asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen durante un tiempo después de haber dejado el cargo de ministro.
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