Redacción Noticias MX.- El primer semestre de 2019 los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) comenzaron a perder los contratos heredados de la administración de Enrique Peña Nieto. De los 17 que firmaron con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –por un total de 85 millones de pesos, según una consulta en la plataforma Compranet– sólo seis permanecen activos y tendrán vigencia hasta diciembre próximo.
Se trata de convenios firmados para la vigilancia de Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa Liconsa (hoy Segalmex), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, según la plataforma consultada y corroborada con varias entrevistas.
Cusaem sólo firmó contratos por un valor estimado en 10% de los ingresos que obtuvo en el sexenio pasado, los cuales representan ganancias superiores a los 8 mil millones de pesos, según solicitudes de acceso a la información pública disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y en revisiones al portal de Compranet.
El pasado 23 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su administración iniciaría un procedimiento para revisar todos los convenios firmados con la administración pública federal en los que existieran sospechas de protección y posibles actos de corrupción. Sin dar nombres, adelantó: “Se crearon empresas privadas de seguridad vinculadas con políticos”, dijo.
Dos meses después, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en medio de la crisis por la protesta de policías federales que se negaron a incorporarse a la Guardia Nacional, adelantó que Cusaem y otras dos empresas acapararon más de una tercera parte de los contratos que la pasada administración firmó con “empresas de seguridad privada”.
Para sustituir este tipo de asignaciones, dijo el funcionario, se dará prioridad a Servicio de Protección Federal, un órgano desconcentrado de la SSPC.
Las declaraciones de López Obrador y Durazo Montaño antecedieron a la marginación de Cusaem en nuevos procesos de licitación, así a como una investigación emprendida por la LX Legislatura del Estado de México en contra de esa corporación.
A finales de julio pasado, las sospechas adelantadas por López Obrador sobre la legalidad en ese tipo de contrataciones quedaron confirmadas por el lanzamiento de la licitación pública nacional LA-009000987-E31-2019, bajo la intervención y cuidado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El propósito de la convocatoria era presentar propuestas para la “contratación de servicios de seguridad y vigilancia en los inmuebles, muebles y equipos para las dependencias y entidades de la administración pública federal”; es decir, para la contratación de entre 12 mil y 15 mil policías privados para la vigilancia de 2 mil 937 edificios, oficinas, unidades, alcaldías y hospitales públicos.
Dos semanas después de la convocatoria, la SCT informó que participaron 20 empresas, entre ellas Cometra, GSI, Sepsa Seguridad Privada, Siker, Sepsa, Sedragal y Servicios Especializados en Investigación y Custodia –ligada a Cusaem, según fuentes federales–. Ninguna de ellas cumplió “con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria”.
El círculo mexiquense
Frente a la pérdida de licitaciones, el pasado 2 de mayo decenas de policías de Cusaem se apostaron frente a las instalaciones del Congreso del Estado de México para exponer sus inconformidades laborales –bajos salarios, maltrato, carencia de prestaciones– y exigieron la presencia de su director, José Manuel Álvarez González, cercano a Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación durante la gestión de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, en 2008 Álvarez González fue secretario particular de Navarrete Prida cuando éste fue secretario de Desarrollo Metropolitano durante la gestión de Peña Nieto en el Estado de México; en 2009 y 2010, cuando Navarrete fue diputado federal, se desempeñó como asesor. Dejó el cargo para irse a Cusaem, donde estuvo dos años.
Cuando Navarrete Prida llegó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Álvarez fungió como su secretario particular, donde estuvo hasta 2017. Ese año fue nombrado director general de Cusaem, donde aún despacha.
Otro directivo de Cusaem es Nicolás Martínez Hernández, representante legal de la empresa. Maestro en finanzas por el Centro de Estudios de Alta Dirección en Naucalpan de Juárez, Martínez Hernández declaró a la Secretaría de la Función Pública que entre 2001 y 2007 fue director del Instituto de Servicios Periciales en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México –los mismos años en que Navarrete Prida era subsecretario de Seguridad Pública en la entidad–; de ahí pasó a la Procuraduría General de Justicia estatal.
Entre 2008 y 2013 Martínez Hernández estuvo en Cusaem como director de administración; después fue “coordinador general” en la STPS, justo con Navarrete Prida como titular de la dependencia.
Desde ese cargo Martínez negoció como “representante legal” de Cusaem el contrato abierto PM/C/007/2018 que firmó a principios de 2018 con Pro-México para el empleo de 13 custodios –12 de ellos armados– que prestaron el “servicio de vigilancia de los bienes muebles e inmuebles” de la institución. Este contrato costó al erario 2 millones 237 mil pesos.
Bajo investigación
Tras la protesta de los uniformados frente al Congreso mexiquense, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Liliana Gollás Trejo, de Morena, llamó a comparecer a Álvarez González “para aclarar la situación legal” de Cusaem y “deslindar responsabilidades legales si existiera mal manejo de los recursos”.
El mismo mes de mayo, Gollás Trejo giró el oficio GTL/050 en el que solicitó los estados financieros de los Cusaem y pidió que le fuera detallada la situación fiscal del organismo, así como sus adeudos ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym).
También solicitó copia del Manual de Operaciones y del organigrama de la corporación, número de elementos y armas con las que cuenta, así como una relación de demandas en su contra.
A decir de Gollás, el gobierno mexiquense tiene la información que ella solicitó, pero la Ley de Transparencia de la entidad tiene un candado que impide acceder a datos y documentos del Cusaem, en particular los estados financieros de la corporación.
“Pero vamos a solicitarlo a las áreas federales y seguramente se nos proporcionará. Porque se puso cuando el gobierno federal era de otra tendencia”, comenta la diputada local.
