Redacción, Noticias MX. – En su desempeño como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora encabezó diversos fallos que causaron polémica y que ocasionaron críticas de las autoridades por la afectación hacia algunos de los casos que estaban en curso.
El 29 de octubre de 2018, Medina Mora suspendió indefinidamente cualquier investigación o imputación penal de la Fiscalía de Chihuahua contra del entonces presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, por el caso de los desvíos de 250 millones de pesos al PRI.
De acuerdo con Reforma, esta medida protectora la dictó en la controversia constitucional presentada por el Consejero Jurídico de la Presidencia, Misha Granados, contra órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalía estatal contra funcionarios federales.
El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, solicitó a la Corte recusar a Medina Mora de este asunto, luego de que en mayo pasado se diera a conocer su asistencia a la boda de la hija de Juan Collado, cuyo despacho defendía a Alejandro Gutiérrez.
El 19 de junio pasado la Segunda Sala de la Corte matizó la suspensión que concedió Medina Mora y dio luz verde al Gobierno de Chihuahua para investigar a Peña y a otros integrantes de su gabinete, siempre y cuando sea por delitos del fuero común, no por delitos federales.
Restricción
El 31 de mayo pasado, la Suprema Corte publicó la jurisprudencia que establece que los jueces pueden suspender los bloqueos de cuentas bancarias dictados por la UIF, con excepción de los solicitados en colaboración internacional.
Si bien Medina Mora fue el autor de este criterio, los otros cuatro ministros de la Segunda Sala también lo aprobaron y en 2018 la Primera Sala de la Corte también había declarado inconstitucional la facultad de la UIF para bloquear cuentas sin orden judicial.
Algunos de los beneficiados con este criterio fueron Alejandro Quintero y Javier García Mata, productores del documental El Populismo en América Latina, señalado como parte de una supuesta campaña contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
La jurisprudencia obligó a la UIF a cambiar de estrategia y desde entonces comenzó a presentar ante los juzgados unos oficios de agencias estadunidenses como la DEA o el FBI, en su mayoría requiriendo información de las personas bloqueadas, con el propósito de mantener el congelamiento de las cuentas.
JAM
