Joel Hernández Santiago
Hoy en México hay una fiebre tropical por emitir leyes, leyes y más leyes; reformas a códigos; adiciones, enmiendas y del todo legislativo… Se dice que es para enderezar el barco nacional, para poner orden y generar progreso… Pero también da la impresión de que se quieren sellar puertas, ventanas, tragaluces, claraboyas…, todo, para quedarse quieto: “apague la luz, y escuche”.
Apenas el 15 de octubre, el Pleno del Senado aprobó con mayoría calificada de 98 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de consulta popular y revocación de mandato.
Se argumentó al final que este es un instrumento democrático pues entre los cambios está que sólo la ciudadanía podrá solicitar la revocación de mandato, no el presidente, ni el Congreso de la Unión. Y que quien organizará esos procesos será el Instituto Nacional Electoral (INE). Muchos han visto en esto un atentado a la decisión democrática electoral y la intención de permanencia en el gobierno mediante ‘la decisión popular’.
El mismo día se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma para adicionar y derogar disposiciones en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal para establecer como “Delincuencia organizada” por defraudación fiscal en el caso de facturas falsas o empresas fantasma. Muchos –sobre todo la empresa- ya han puesto el grito en el cielo.
Pero ya antes ha ocurrido un caudal de ajustes legales, iniciativas del Ejecutivo que han prosperado, reformas, adiciones o derogaciones que tienen que ver con la lucha en contra de la corrupción, o de corte social.
Se aprobó hace tiempo la famosa Ley de Extinción de Dominio; la Ampliación de delitos graves; Ley de Austeridad Republicana; Ley de Remuneraciones de los Funcionarios Públicos; Ley de la Guardia Nacional…
Un panorama que al mismo tiempo recuerda la famosa frase de don Daniel Cosío Villegas cuando le dijo al entonces presidente Luis Echeverría en relación con su slogan de gobierno: “Arriba y adelante”; “Si, presidente, le escribió Cosío, está bien eso de arriba y adelante, pero ¿en dónde vamos a aterrizar?”… o bien cuando él mismo le espetó: “No confunda sexenio con semestre”.
Así las cosas. Es evidente que hay una fiebre reformista en el gobierno del presidente López Obrador. Es como si en efecto quisiera terminar pronto con los ajustes que le permitirán gobernar de forma más holgada y a su modo.
Y para ello se vale de su mayoría legislativa y de las mayorías legislativas en los estados de la República cuyas cámaras están compuestas por mayoría Morenista. Y esto es así porque en los estados en los que predomina el partido del gobierno federal se aprueban leyes que están orientadas a configurar a un país de un solo color, como fue el caso de la mayoría Morenista que aprobó la extensión de 2 a cinco años de gobierno del gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, aunque el litigio político-electoral aún sigue y se espera la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación….
O el caso de Tabasco cuya mayoría –Morenista– aprobó una Ley que prohíbe manifestaciones y bloqueos a instalaciones en construcción; la denominada “Ley garrote” y cuyo objetivo final es el de proteger la instalación y desarrollo de la propuesta refinería en “Dos Bocas”, Tabasco…
Para algunos analistas, un número importante de estas leyes son punitivas y que incluso violan los derechos fundamentales, como es el caso de la Ley de Extinción de Dominio, la de Ampliación de delitos graves y la que se refiere a equiparar como Delincuencia organizada al fraude fiscal…
En todo caso muchas de estas leyes han sido controvertidas, de dureza insospechada –como es que se impide que un funcionario de mando pueda ocupar puestos en la iniciativa privada en por lo menos diez años luego del término de su función pública si estuvo en su mano la firma de contratos, licitaciones… O el castigo hasta de más de trece años por los delitos fiscales…
El presidente ha dicho que si le dieran a escoger entre la Ley y la Justicia, escogería esta última, por encima de la Ley. Sin embargo se sabe que toda ley busca hacer justicia, como se supone que ocurre con estas leyes que se han aprobado en caudal por estos días…
Y que si la Ley es justa, entonces procurará eso: justicia. ¿Es el caso de todas estas decisiones legislativas? ¿Habrá más justicia por medio de la ley, de acuerdo con este panorama y estas decisiones? Ojalá fuera así y que, una vez que se apliquen, la sociedad mexicana, toda, se beneficie de estas disposiciones.
Pero también hay ‘daños colaterales’ que habrá que medir, sopesar, y entender en materia de políticas públicas legales y justas. Aprobar leyes de forma vertiginosa y enfebrecida podría hacer caer en errores graves cuyos perjuicios son incalculables al momento… Incluyendo la calidad política de quienes las aprobaron ‘sin quitarles una coma’.
Ser disciplinados tiene el sentido de la unidad política en torno a un proyecto. Pero esa disciplina deberá tener sus límites en la separación de poderes y cuando atente a la trascendencia y la vida de una nación, de un país, de un Estado y de sus habitantes: todos. Ahí, arriba, en el Congreso se lee: “La patria es primero”.