Por: Héctor Calderón Hallal
*Operativo fallido en Culiacán, reveló descontrol de flujo de autotidad e informativo en fuerzas de seguridad y desencadena interés por conocer nombre del funcionario o instancia que reveló planes de captura.
La misma política de “descabezamiento” de cárteles delincuenciales seguida en anteriores administraciones, con su estela de muerte y destrucción del tejido social, tal parece que seguirá vigente en este nuevo gobierno.
O por lo menos eso intentó mostrarnos el jueves pasado –de manera fallida- el gobierno federal con un operativo ingenuo, descoordinado y que lo único que logró es reinaugurar una nueva era de tensión a la que convocó con sus acciones erráticas, en Culiacán.
Y es que aún cuando hace algunos meses el presidente López Obrador señaló que esa política de “descabezamiento” practicada por anteriores administraciones sería sustituida, lo que pretendían en Culiacán, era precisamente lo mismo: pegarle a uno de los grupos delictivos más influyentes, si no el que más.
Se ha sabido en las últimas horas, que fue una disposición de la propia Drug Enforcement Administration (DEA), de los Estados Unidos, la instancia que hizo el requerimiento y que sigue siendo la instancia reguladora o calificadora de los resultados.
Y esa estrategia además, se observa que ahora es no sólo repetitiva, sino más ineficiente que en el pasado.
El operativo mostró fallas en el control de la información y una total desvinculación de las instituciones entre sí, en sus diferentes niveles de autoridad. A saber:
A sólo 200 kilómetros, en Mazatlán, se encuentran los grupos de apoyo pertenecientes a los Grupos especiales de blancos Institucionales (GEBI), adscritos a la Secretaría de Marina (SEMAR).
Mismos que no fueron convocados para colaborar, ni informados siquiera.
Se aprecia también una especie de desaprendizaje institucional sobre los protocolos para la intervención policial; en esto se advierte que había cierto avance en los últimos años. Numerosos operativos se habrían practicado y se habían tenido resutados más o menos aceptables.
La violencia con esto que pasó, apenas empieza. No se detendrá.
Nadie con dos dedos de frente, podrá sugerir ante el resultado obtenido, que aquí paren las amenazas del Cártel de Sinaloa (CDS); o que se instaure un nuevo período de “coexistencia pacífica”.
Los alertaron. Les ventilaron públicamente que hay un requerimiento judicial de los Estados Unidos contra por lo menos uno de los integrantes de la familia, el jóven vástago del líder del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, actualmente preso en el vecino país.
Estarán alertas y serán aun más peligrosos. Y más precisos en sus ataques.
El operativo, a iniciativa de las leyes mexicanas o por un afán colaboracionista con Estados Unidos, fue verdaderamente un fracaso.
El mismo “pueblo sabio” del que se retroalimenta el presidente de la República y seguramente el secretario Alfonso Durazo, nos enseña en su infinita sabiduría, bondad y misericiordia, -para decirlo en el lenguaje del fervorín mañanero– que hasta en el boxeo profesional, las peleas se ganan “abajo del ring”, en la preparación previsa y la planeación del combate. Así que esta fue una “mera ocurrencia” de Durazo, del General Secretario de la Defensa o del propio presidente, de realizar –como ya se filtró a algunos medios- un operativo sin plan, ni estrategia, con sólo 35 elementos y llegar por medio de la Polcía Judicial Militar, a ejecutar ilegalmente un mandamiento girado por un tribunal militar contra un civil. Lo cual representa no sólo una irresponsabilidad o una vacilada, sino un verdadero despropósito.
El discurso tiene límites; uno es la acción contundente, otro más es la realidad.
Los hechos en Culiacán nos mostraron que las jaculatorias discursivas del presidente son diametralmente opuestas a la realidad que se tiene en materia de violencia e inseguridad. El diagnóstico que puedan tener el presidente y sus colaboradores languidece frente a la realidad.
Sus proyectos románticos (o acaso posicionamientos demagógicos) son puntualmente inexactos, porque su universo de aplicación no son generalizados, no responden a una regla.
Si para ellos “la población delinque porque no tiene qué comer”, el operativo fallido les enseñó a esos “sesudos asesores”, que viven una realidad paralela.
El jueves en Culiacán no hubo turbas saqueando almacenes para llevarse alimentos; había entre 700 y 800 jóvenes capacitados, bien vestidos, bien comidos, bien pagados, ultra armados, a bordo de vehículos de modelo reciente y algunos de grandes capacidades, desafiando al Estado con el poder criminal de las armas y amenazando perversamente a la población civil.
Es un buen propósito la transformación social radical, partiendo de un discurso donde se desafíe la desigualdad y la marginación; indudablemente son flagelos que propician la violencia y la inseguridad.
Pero es más honesto y más eficaz, partir de un posicionamiento responsable, objetivo, que privilegie el instrumental técnico y científico de que dispone –o debe disponer- todo estado moderno, como el uso responsable de la fuerza, en apego siempre alos derechos humanos; y decirle también a la gente no precisamente lo que quiere oir, sino lo que está pasando y cuáles son los alcances del problema que atravesamos y las alternativas más eficaces o prudentes para solventarlo.
México demanda explicaciones y respuestas a sus interrogantees sobre lo que pasó el jueves en la capital sinaloense.
Por dignidad, deben renunciar y haber una renovación de los mandos en las diferentes áreas que conforman el gabinete de seguridad. Es lo procedente.
Pusieron en riesgo la vida de poco más de 700 mil habitantes de una ciudad que lo que menos necesita son nuevos capítulos de violencia. Pero además “encendieron la mecha” de un nuevo pleito que va a poner de nuevo a los ciudadanos en la indefensión en el futuro mediato.
Ya Estados Unidos este domingo dio a conocer que varias corporaciones americanas colaborarán con México para la captura de los hijos de “El Chapo” Guzmán. Y esto no será terso.
Lo que sí será es eficiente. Esos agentes no se equivocarán. Era quizá, el pretexto idóneo para ellos, tratándose de operar deliberadamente en territorio nacional y, se dice deliberadamente, porque llevan años trabajando en el país.
Tampoco esto es congruente con el discurso que dice defender López obrador y la 4 T, de defensa irrestricta de la soberanía nacional….¿O sí?.
Nadie cuestiona el hecho de que se haya dado marcha atrás durante las acciones y se le haya soltado a “El Chapito” ante la presión generalizada de los grupos delincuenciales. Al contrario, esa era la única salida después de intentado el operaivo sin planeación ni coordinación. Salvó muchas vidas. Era lo menos que se podía hacer. Retirarse y evitar la confrontación ante la superioridad numérica. Así lo marcan los ineamientos de intervención policial.
Lo reprochable es a quien mandó, a quien dispuso lanzar al “matadero” a los elementos de las fuerzas armadas, ante el inminente riesgo y a la vez, poner en riesgo a la población civil.
¿O qué ya no hay inteligencia militar o policial?
¿Ya no la consideran instrumento necesario para planear el trabajo policial?
¿Quién fue el genio que dispuso desde su escritorio un operativo de intervención de ese tamaño, desdeñando cualquier consejo o asesoría de los expertos en seguridad, con casi un millar de elementos adiestrados y armados hasta los dientes que los esperaban y muy probablemente que se organizaron a sabiendas que el operativo era inminente?
Valdría la pena saber quién fue, el que pensó que el trabajo de la seguridad es “enchílame otra”.
También sería útil indagar si hubo filtración de información sobre el operativo. Sería ciminal que se haya informado y organizado a los seguidores de “El Chapo” y “El Mayo” desde el propio gobierno…..aunque eso no sucede en este país. Los gobiernos estatales, sobre todo los de Sinaloa a lo largo de la historia reciente, han mostrado desde siempre un criterio escrupuloso e incorruptible sobre cualquier clase de relación con el Cártel de Sinaloa.
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