Redacción Noticias MX.- El regreso de Alfonso Durazo al servicio público, luego de su renuncia pública y mediática a la secretaría particular de la Presidencia con Vicente Fox, da visos de que apunta hacia una pauta comportamental similar.
Ante el polémico caso de Culiacán, donde la Guardia Nacional –que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Durazo– incurrió en errores de falta de planeación y comunicación con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina (que se vieron mediáticamente tocadas por los yerros de la Secretaría de Seguridad sin tener una responsabilidad directa, pero sí un señalamiento público como si se hubiera tratado de un operativo mal planeado con la Sedena y la Semar, que no fue el caso), el hilo conductor de Alfonso Durazo es el del error y la ambición personal como norma de conducta.
Es verdad que el secretario de Seguridad no tiene conocimiento alguno ni experiencia en el tema, pero tampoco ha tenido la pertinencia de rodearse de expertos reconocidos en esa delicada tarea. Peor aún: en la Secretaría existe una estructura paralela –los amigos de Durazo, cuya virtud es su lealtad personal sin los perfiles mínimos necesarios para esa función– y los institucionales que tienen experiencia en el terreno, pero están encapsulados, sin capacidad de desplegar sus habilidades ni ser escuchados.
En suma, hay un problema grave de dirección porque Durazo no sabe que no sabe. El caso Culiacán, donde se fue por la libre, pensando erróneamente que habría de reivindicarse frente a propios y extraños como un hombre de talento y habilidades válidas para cualquier cargo público, de nuevo enfrentó la terca realidad que le demuestra que sus capacidades no son las adecuadas para una posición de tal envergadura, menos en una zona que tiene todo menos confort.
A la natural pregunta de la prensa sobre si renunciaría a la Secretaría, Durazo respondió con una frase retórica: “No se renuncia, se asume la responsabilidad”. ¿Qué significa eso? De entrada, un desconocimiento del derecho mínimo. Ni la Constitución ni la ley disponen en ningún artículo que el cargo de secretario de Seguridad no es renunciable. Sería un despropósito que alguien estuviera contra su voluntad en un cargo público, como si se trata del servicio militar estadunidense.
Esa primera parte de la respuesta no encuentra sustento en la normatividad y sí deja en claro que Durazo antepone su ambición personal al interés público. La segunda parte de la respuesta es igual de desafortunada: “Se asume la responsabilidad”. Esta expresión no tiene ninguna consecuencia jurídica. No está tampoco prevista en sus términos ni en la Constitución ni en las leyes. En otras palabras, quiere decir que, de acuerdo con él, no incurre en ningún supuesto de ilícito administrativo o delito penal. ¿Qué sanción prevista en la norma trae consigo “asumir la responsabilidad”? Ninguna. La respuesta es un giro lingüístico que no dice nada. En realidad fue una salida efectista para salir del paso sin responder a la interrogante.
De acuerdo con Apro, si Durazo tuviera la mínima ética pública hubiera presentado su renuncia con carácter de irrevocable y dejado fuera de esa polémica al presidente López Obrador, si en verdad estuviera comprometido con el proyecto presidencial que día con día recibe críticas, la mayor parte sin razón; pero acciones como las del secretario se convierten en pasivos que no debieron haber ocurrido.
Por el contrario, Durazo dejó que el presidente de la República asumiera el costo político y él se refugiaba en la contradicción y en la emisión de frases creadas para no decir nada. El país necesita respuestas y resultados, no explicaciones de por qué no se han podido hacer las cosas en materia de seguridad.
La figura de Alfonso Durazo es inversamente proporcional al funcionario eficaz y honesto que un reto de esa magnitud requiere. Es previsible que más temprano que tarde este espontáneo en el mundo de la seguridad y divorciado de cualquier reconocimiento académico habrá de salir por el daño que le hace al servicio público. El problema es que cada día que pasa es un tiempo perdido que agravia a la sociedad mexicana. Deben prevalecer los mejores intereses del país sobre cualquier consideración personal y de grupo, especialmente cuando el yerro es la huella digital de este servidor público que, en los hechos, se sirve sólo a él mismo.
