Redacción Noticias MX.- Diputados de los distintos grupos parlamentarios cuestionaron al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, sobre planeación urbana, despojo de tierras, reconstrucción y rezago de viviendas, ordenamiento territorial y disminución del recurso para esa dependencia.
Lo anterior, durante su comparecencia ante comisiones unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad; de Vivienda, y de Asuntos de la Frontera Sur, como parte del análisis del Primer Informe de Gobierno.
Al iniciar la primera ronda de preguntas, respuestas y réplica, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD) preguntó por qué se eliminó el Programa de Fomento a la Planeación Urbana, Metropolitana y el Ordenamiento Territorial y qué ocasionó que no se ejecutara el recurso al cien por ciento durante este año. Además, si se tiene una medición de las afectaciones.
En tanto, la diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) reconoció las medidas que toma la Sedatu para detener los actos de despojo y la venta ilegal de terrenos; sin embargo, dijo, falta un camino importante para poder acabar con este problema. Preguntó qué hace la dependencia para detener esa problemática específicamente, en la Península de Yucatán.
De Encuentro Social, el diputado Francisco Javier Saldívar Camacho señaló que la falta de las reglas de operación en el Fondo Metropolitano, atrasó considerablemente los proyectos destinados a mitigar las zonas complejas en materia de movilidad y así reducir de manera importante los congestionamientos viales, accidentes vehiculares, demoras por tráfico. Inquirió si para 2020 se pueden esperar esas reglas antes de que acabe el primer trimestre del año.
El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido (MC) resaltó que existen importantes retrasos en el avance del Programa Nacional de Reconstrucción, para atender las afectaciones que dejaron a su paso los sismos de 2017 y lo que derivó en múltiples actos de corrupción en torno a los procesos de construcción de viviendas. Cuestionó si se tiene algún estimado sobre la cantidad de la desviación de los recursos y cuáles son las líneas de acción en el corto plazo.
En tanto, la diputada Maricruz Roblero Gordillo (PT) refirió que, de acuerdo con el Coneval, el rezago de vivienda a nivel nacional alcanza 44.7 por ciento de la población promedio, que crece hasta el 79.1 por ciento para el caso de comunidades indígenas; por lo que preguntó qué estrategias se realizan. Asimismo, sobre las acciones para dar seguridad jurídica a los ejidatarios y a sus familias respecto de la tenencia de la tierra.
La diputada Irma María Terán Villalobos (PRI) cuestionó qué medidas coordina la secretaría para prevenir impactos a las viviendas, unidades habitacionales, centros de población y espacios públicos por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, para que no queden marginadas del crecimiento ordenado y planeación de las ciudades. Asimismo, cómo articula una estrategia de ordenamiento territorial junto con las autoridades municipales para aminorar los impactos en la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios básicos.
De la misma bancada, la diputada Marcela Guillermina Velasco González enfatizó que su grupo parlamentario está convencido de que, si bien, los avances en materia de desarrollo metropolitano han sido importantes, “no son suficientes”. Resaltó que el Ramo Administrativo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encuentra entre los que registran mayor recorte presupuestal para 2020, con 7 mil 816 millones de pesos menos, lo que significa una caída del 44 por ciento; por lo que cuestionó cómo resolverá la dependencia a su cargo esta reducción de recursos.
Por el PAN, la diputada Karen Michel González Márquez pidió hacer pública la información sobre el proyecto de desarrollo urbano de Santa Lucía, “cuántos miles de habitantes estarán asentados en esta zona”, así como cuándo y a qué costo se realizará. También solicitó información sobre dividir en tres partes la Selva Lacandona, dejando únicamente una tercera parte como reserva natural y las otras dos se dedicarían a la agricultura, ganadería y desarrollo del Tren Maya; lo que “significaría un alto impacto a la conservación de los recursos naturales de nuestro país”.
JAM
