Redacción MX Político.- El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, lamentó la actuación del Poder Judicial de la Federación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al liberar de forma “irregular” a personas procesadas por los hechos, como ocurrió con la reciente liberación bajo caución de uno de los presuntos responsables que se había fugado a Estados Unidos.
Al término de la segunda reunión de evaluación de los avances de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Encinas Rodríguez se refirió al caso de Marco Antonio Ríos Berber, presunto integrante del cartel de Guerreros Unidos, quien se había fugado a Estados Unidos tras alcanzar una primera libertad bajo caución luego de haber sido detenido por su supuesta participación en los hechos del 26 y 27 de septiembre, reportó apro.
El funcionario, que preside la Comisión, contó a reporteros que hace dos semanas, el gobierno federal recibió “la alerta de deportación”, luego de que estuvo en condición de prófugo en Estados Unidos.
A Ríos Berber “se le reaprehendió, se lo envío a un juez federal en Iguala y fue liberado por una caución de 10 mil pesos”, lamentó Encinas, al destacar que de las 146 personas que estarían involucradas en la desaparición, 77 han sido liberadas por falta de elementos.
El subsecretario de Gobernación destacó que precisamente para evitar más liberaciones, uno de los compromisos que contrajo la Fiscalía General de la República (FGR) con los padres y madres de los 43 normalistas es “fortalecer” las investigaciones para evitar más liberaciones.
Encinas apuntó que en la reunión de este lunes se hizo una revisión de los avances en el abordaje de las líneas de investigación, “tanto aquellas que quedaron inconclusas, como las nuevas líneas de investigación que se derivaron de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o de los informes de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)”, así como de operativos de búsqueda y de diligencias judiciales.
Apuntó que se están llevando a cabo “procedimientos” en contra de funcionarios que “construyeron la mal llamada ‘verdad histórica’, para que sean llamados a declarar”.
“Hay muchas líneas que quedaron pendientes, gente presuntamente involucrada que ni siquiera fue citada a declarar, no solamente gente que había participado dentro de un grupo delictivo sino integrantes de las fuerzas de seguridad municipales, particularmente de Iguala, de Huitzuco, que participaron en los hechos”, explicó.
Además, se presentaron avances en términos de balística, de criminalística, de los reportes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como del Centro Nacional de Inteligencia, sobre lo que en su momento hizo el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen).
Encinas Rodríguez puntualizó que parte de la dificultad del caso radica en que el estatus en que se encuentra en estos momentos la indagatoria es que está en “reconstrucción”, toda vez que “la investigación que no solamente se hizo mal, sino que tiene muchas debilidades en su integración, de ahí que está en un proceso de reconstrucción total”.
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