Recorte por 1,072 millones no impacta a partidos, sino a la operación del INE en organización de elecciones y en credencialización.
Redacción MX Político.– Dentro del dictámen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2020, que todavía a altas horas de la noche de este jueves, se discutía para su aprobación en lo particular, en una sede alterna al poniente de la Ciudad de México, se contempla una sensible reducción al presupuesto anual del Instituto Nacional Electoral (INE), por el orden de los 1, 072 millones de pesos.
Entre otras deducciones incluídas por el partido del Presidente en turno, se encuentran 1,500 millones de pesos a la Fiscalía General de la República (FGR) y otros 37 millones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuyas funciones en estos momentos son imprescindibles, dada la contingencia en violencia e inseguridad pública, en la totalidad del territorio nacional.
Y no obstante la importancia de estas dependencias y organismos (incluído el órgano electoral), Morena, a través de sus legisladores, reasignó en su propuesta para integrar el PEF 2020, un total de 8,300 millones de pesos a programas sin reglas de operación y orientados a la política providencialista del presidente López Obrador: “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida”.
Y es que el recorte que se pretende al INE, por 1, 072 millones de pesos, no se hace a la bolsa de dinero que se entrega anualmente a los partidos políticos con representación al seno del Consejo General del INE, como muchos mexicanos piensan o desean;… sino que va directamente a afectar la estructura operativa de la dependencia, lo que pone en riesgo su propia funcionalidad.
Este recorte aparece, en el preludio de la elección más grande en términos poblacionales en la historia de este país, donde tendremos la presencia de 6 millones de nuevos ciudadanos y se habrán de elegir 3 mil 200 cargos públicos en disputa, de entre ellos 15 gubernaturas, 29 congresos locales y en 30 de los 32 estados, se elegirán ayuntamientos.
Para esa elección, que será en 2021, se requerirá por normatividad, emprender un proceso de credencialización ciudadana, expidiendo para tal efecto, 16 millones de credenciales. Un proceso que implica un gran despliegue logístico, tecnológico y de difusión, que resulta básico para solventar diferentes facetas de la vida cívica mexicana, pues ese documento expedido por el INE, suple a una cédula de identidad o nacionalidad oficial, que la Secretaría de Gobernación hasta el momento, ha sido incapaz de proveer a los mexicanos. Además de que la base de información del Registro Federal de Electores (RFE), sirve actualmente hasta para labores de investigación policial, ante la carencia e ineficacia de los sistemas de información del aparato de seguridad mexicano y su consabido compromiso con el crimen organizado. Es más confiable la base del IFE, que los registros de Plataforma México. Esto sólo para ilustrar su importancia y su calidad.
Este recorte por cerca de mil cien millones de pesos al INE, es el más grande en su historia. Representa casi el 9 % del total que ocupa para su operación.
No podría técnicamente el organismo cumplir con sus metas de credencialización en 2020 y organización de las elecciones en 2021.
Ni aunque todos los mandos medios y superiores actuales del INE, trabajasen sin cobrar su sueldo.
Entrados en cuentas, ni aunque todo el personal del INE -sin excepción- trabajase sin percibir sueldo. Así las dimensiones del daño.
Mucho se ha especulado sobre si la intención que prevalece en el fondo de estos ataques sistemáticos por la vía del recorte presupuestal, -que no es el primero en lo que va de esta administración- obedece al interés del grupo en el poder por forzar la renuncia del actual Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello; o incluso se especula que lo que busca la 4 T en el INE sea una mayor movilidad en los cargos directivos. Han externado su interés en que la presidencia del organismo sea rotativa cada 3 años, en concordancia con su espíritu democrático “ateniense”.
Lo cierto es que el trabajo del INE es fundamentalmente técnico. Requiere cierta especalización en planes y proyectos a mediano plazo. Se necesita cierta estabilidad laboral, para que profesionales de las diferentes ramas puedan consolidar procesos estables y armónicos cada 3, 4 o 6 años, según se trate.
Los lapsos interelectivos, se presentan por lo menos cada 3 años; se tiene que dar seguimiento a sistemas electorales de los estados en particular.
No se podría hacer un trabajo integral o funcional, trabajando en períodos semestrales o anuales, por ejemplo.
El recorte
El problema que podría presentarse ante un recorte como el anunciado, es no sólo para el Instituto, sino para la sociedad mexicana, ya que se debilita la capacidad para enfrentar los desafíos de la democracia.
Al aprobarse la reducción al INE, se pondrán en riesgo los derechos ciudadanos y, sobre todo, la capacidad probada de organizar elecciones equilibradas y con certidumbre legal, como hasta ahora.
Sin un INE funcional, con capacidad de cobertura ni con la capacidad de arbitrar elecciones de manera equitativa, con equidad, fiscalizadas, corremos como país un enorme riesgo de perder la paz pública, la armonía social y la estabilidad política y económica.
hch
