MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
¿Recuerda usted quién gobernaba al entonces Distrito Federal el 1 de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto rindió protesta como Presidente de la República?
¿Recuerda usted la violenta embestida desatada, ese día, en la cara oriente del Palacio Legislativo de San Lázaro por grupos ultra radicales que pretendieron romper el cerco de seguridad para impedir la unción de Peña Nieto?
Marcelo Ebrard Casaubón estaba al frente de la jefatura de gobierno de la capital del país. Cuatro días después de aquellos hechos entregó el cargo a Miguel Ángel Mancera.
Y desde el 5 de diciembre de 2012, el actual senador y coordinador de la reducida bancada del PRD en la Cámara alta, enfrentó situaciones violentas en las que personajes del mismo corte radical, supuestamente decididos a todo por el todo, generaron vandalismo infiltrándose o de plano sumándose sin rubor a marchas ciudadanas y de grupos de abiertos intereses políticos.
El próximo domingo se cumplirán siete años desde la irrupción de esos grupos y, salvo el mozalbete que agredió a un colega reportero de ADN 40, ninguno de los vándalos, ora autollamados anarquistas, ora supuestamente identificados con organizaciones feministas, ha sido detenido pese a contarse con la identidad de varios de ellos.
Llama la atención cómo se ha especializado el servicio, porque es un servicio, de quienes reclutan a los integrantes de estas hordas de delincuentes en colonias y barrios populares de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, en especial, e incluso del municipio conurbado del Valle de Chalco.
Las bandas que se han infiltrado en marchas de respetables demandas y causas de impacto social, ahora cuentan con mujeres, en buena parte adolescentes encabezadas por quienes dan pauta a la violencia, la agresión a ciudadanos y a los reporteros que por su trabajo son centro de agresión orquestada, dirigida por sujetos como aquel que fue identificado como trabajador del gobierno de la Ciudad de México, pero no detenido porque se deslindó del individuo que golpeó al reportero de la televisora del Ajusco.
Por supuesto, de la creación y financiamiento de esos grupos radicales, por ausencia de pruebas documentales no se puede acusar a Marcelo Ebrard ni a Miguel Ángel Mancera o al sucesor del hoy senador, José Ramón Amieva, quien concluyó la gestión y entregó los bártulos a la señora Claudia Sheinbaum el 5 de diciembre del año pasado.
Pero, en esto del sospechosismo, quizá usted tenga en la memoria aquel día cuando Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, despreció a los cientos de miles de ciudadanos que se manifestaron en el Paseo de la Reforma demandándole seguridad porque el índice de criminalidad se disparó en su gestión. Pirrurris llamó a los capitalinos que, vestidos de blanco, colmaron esa marcha. ¿Bajó la criminalidad? Andrés Manuel presume que así fue, pero hay otros datos que indican lo contrario e incluso registran un disparo en la comisión de delitos cometidos con violencia.
En efecto, no hay elemento de prueba para sustentar una denuncia de cobijar y alimentar a esos grupos radicales, contra Andrés Manuel o Alejandro Encinas, quien lo sustituyó para completar el ejercicio del cargo entre el 2 de agosto de 2005 y el 4 de diciembre de 2006.
Tampoco hay pruebas que incriminen a Marcelo Ebrard o Miguel Ángel Mancera y menos contra Amieva. Pero de que tienen responsabilidad no hay duda alguna; porque, sería un exceso imaginar que hayan sido engañados o amenazados para no intervenir y detener a los jefes de esas bandas de maleantes que enfrentan y vejan a la policía, que vandalizan y roban y agreden impunemente.
La máxima acuñada en esta galopante corrupción en el circuito de los altos mandos en la administración pública, que quienes roban pueden ser acusados de ladrones mas no de pendejos. Saben hacer su trabajo, han sabido cerrar los ojos, han operado y ordenado operar a personeros que se encargan de asumir las consecuencias, en caso de ser sorprendidos in fraganti o detenidos como responsables del trabajo sucio cuyo objetivo es mantener a la sociedad atemorizada, pasmada…
¿Usted cree que Andrés Manuel, Alejandro, Marcelo, Miguel Ángel, Amieva y hoy Claudia Sheinbaum desconocen la identidad de esos operadores de las cañerías por donde corre el fantasma de la violencia en la capital del país?
Si lo desconocen, han sido engañados. Caso contrario cometen el delito de omisión y de complicidad porque han permitido, dígame usted lo contrario, que a la fuerza pública se le agreda y han ordenado que los uniformados no respondan, so riesgo de ser enjuiciados y encarcelados.
¿Por qué desmantelar al cuerpo de granaderos justo en la cresta de movilizaciones sociales que son infiltradas y han concluido con violentas agresiones?
¿Por qué la señora jefa de Gobierno de la Ciudad de México se jactó de haber dispuesto la desaparición de ese cuerpo de fuerza pública?
Es un despropósito aducir que fue en el ánimo de justicia porque ese grupo fue el que reprimió a las manifestaciones estudiantiles de 1968 y luego utilizado para dispersar manifestaciones contra el gobierno priista o panista en turno.
Es de evidente connivencia con la que procede la señora Sheinbaum con esos grupos que en su gestión han incrementado su presencia en las marchas de grupos feministas, en una ñoña estrategia de descalificar a las movilizaciones con justas demandas de mujeres que son objeto, sí, objeto de agresiones misóginas que han llegado al asesinato.
¿Por qué no ha intervenido la fuerza pública? ¿Por qué no detener a esas jóvenes que vandalizan sin ton ni son? ¿Por miedo? No, la estrategia es burda, decía ñoña, para mostrarse respetuosa de los derechos ciudadanos, de la libertad de expresión y la libre manifestación.
Y mire usted si no es elemental esta suspicacia respecto del actuar de estos personajes que se dicen diferentes, que se asumen demócratas y andan por ahí tomándose la selfie con sus simpatizantes, con la abuelita y los niños mocosos a los que besan en la postura demagógica de siempre.
A los campesinos integrantes de las organizaciones que secuestraron al Palacio Legislativo de San Lázaro, en demanda de recursos públicos y que, cuando, amagaron irrumpir en la fiesta del 20 de noviembre en el Zócalo para exigir al señorpresidente les atienda, fueron “encapsulados” por la fuerza pública del Gobierno de la Ciudad de México; amenazados con ser reprimidos, los manifestantes optaron por no generar un episodio violento que habría terminado en hechos de sangre, sin duda.
Y ayer, a trabajadores y enfermeras del Hospital Regional del ISSSTE “Ignacio Zaragoza”, al oriente de la capital del país, se les culpó de haber protagonizado una riña con policías que pretendieron desalojarlos del bloqueo que habían desplegado en un sentido de la calzada Zaragoza.
Justa o no la demanda de los trabajadores, lo cierto es que fueron amagados con ser reprimidos. ¿Y qué de los vándalos de sedicente filiación anarquista? Nada, nada. La máxima juarista aplicada en toda su extensión: a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas. ¡Viva la impunidad! ¡Viva la complicidad! Total, dicen que no se parecen a los de atrás. Conste.
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