Lilia Arellano
“La violencia acostumbra engendrar violencia”: Esquilo
● Violencia, fuera de control
● El Estado “está rebasado”, concluye Causa en Común
● AMLO se niega a cambiar su estrategia de seguridad
● La “Ley Bonilla” es inconstitucional, concluye TEPFJ
Ciudad de México, 3 de diciembre de 2019.- A pesar de los reclamos, las demandas, las exigencias de miles de personas, quienes se manifestaron no sólo en calles de la capital de la República sino en al menos otras 36 ciudades de 20 entidades del país el pasado 1 de diciembre, el día más violento de la historia reciente de México, con 127 asesinatos, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió no rectificará su estrategia contra la inseguridad. Además, organizaciones de la sociedad civil, como Causa en Común, sostienen en muchos municipios del país la violencia rebasó al Estado durante el primer año de gobierno del tabasqueño. María Elena Morera, presidente de esa organización no gubernamental, sostuvo “esta fuera de control”.
Al ser cuestionado en la conferencia de prensa mañanera si consideraba modificar su actual política en la materia, señaló: “no, no, porque lo que quieren con todo respeto es que regresemos al uso de la fuerza y apostar a las limpias, al exterminio, al mátalos en caliente, eso no, esa política fascistoide no”. López Obrador atribuyó el alza en muertes por arma de fuego al fallecimiento de 23 personas en Villa Unión, Coahuila. De acuerdo con cifras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP), Coahuila encabezó ese día la cifra de asesinatos con 21 (dos personas más fallecieron posteriormente), seguido por el Estado de México, con 14; Guanajuato y Oaxaca, con 10 cada uno; Baja California, con nueve; Michoacán con 7; Puebla y Veracruz, con seis homicidios cada uno. En la Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco y Tamaulipas se registraron cinco asesinatos en cada uno; Guerrero, cuatro; Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, tres en cada uno; Colima, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, con dos cada uno y Nayarit, Quintana Roo y Sonora, con uno en cada entidad.
AMLO mostró una gráfica de los homicidios el lunes 2 de diciembre y aseguró fueron 77, de los cuales el 52% se registraron en 5 estados: Estado de México, Ciudad de México, Baja California, Guanajuato y Jalisco. La violencia en territorio mexicano es ya cotidiana y las fallas de la estrategia seguida por el presidente Andrés Manuel López Obrador se han resaltado a raíz del fallido operativo en Culiacán, Sinaloa, después del arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, y luego con la masacre de nueve ciudadanos estadounidenses en el estado de Sonora. Más de 30 mil personas han sido asesinadas a la fecha este año, el cual se perfila a ser el más violento en la historia de México.
El manejo del problema de la inseguridad llevado a cabo por la administración de López Obrador es duramente criticado por opositores e incluso por el gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, tras la ejecución de mujeres y niños del clan LeBarón, ofreció ayuda al gobierno de México para luchar contra los narcotraficantes. En un tuit, dijo era hora de que México “con ayuda de Estados Unidos, libre una guerra contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra”. AMLO rechazó esa posibilidad.
Hasta el momento, todas las estrategias del gobierno federal contra los cárteles de la droga han fracasado, por el enorme poder económico desarrollado por éstos en las últimas décadas, sustentado en el consumo creciente de drogas de los más de 30 millones de consumidores estadounidenses; y su poderío bélico se ha incrementado con la compra a granel de armas proporcionadas por las armerías de Estados Unidos.
Felipe Calderón inauguró la ofensiva de frente contra los cárteles en el 2006 y esta estrategia se extendió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con una fuerte presencia militar, ilegal por cierto, las políticas de ambos mandatarios se centraron en ir por los grandes capos, lo cual promovió la fragmentación de cárteles y elevó el nivel de violencia por la lucha por el poder y territorios entre ellos. Esta estrategia de confrontación directa fue uno de los factores que contribuyó al aumento de la violencia.
AMLO, por el contrario, sostiene no quiere combatir la violencia con más violencia y presentó una estrategia de ”paz y seguridad”, la cual incluye un acuerdo de cese al fuego con los cárteles, con amnistía e introduce la justicia transicional. Además, prometió combatir las causas principales del crimen como la falta de oportunidades y la pobreza. Sin embargo, su plan adolece de acciones contra el problema de la impunidad. De acuerdo a un estudio de la ONU, el 98 por ciento de los crímenes en México no son resueltos. Este es uno de los problemas de fondo de la violencia en el país, junto con la corrupción y el tráfico de drogas.
La estrategia de AMLO, a diferencia de Calderón y Peña Nieto, ha sido encabezada con la frase “abrazos no balazos”. Sin embargo, su gobierno también ha reforzado el brazo militar con la creación de la Guardia Nacional, un organismo con 50 mil efectivos, hasta el momento. Hay una nueva fuerza, pero la estrategia en sí no es clara y sigue la militarización de la seguridad pública, como ya se vio en varias entidades del país, incluida la Ciudad de México.
Y el problema persiste a la fecha y la promesa de pacificar el país y detener la ola de violencia sigue siendo eso, sólo una promesa.
ESTADO REBASADO POR LA VIOLENCIA: ONG
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, sostuvo: “No se ha reducido la incidencia delictiva, sino que la violencia hoy ya rebasó al Estado y está fuera de control en muchos municipios del país”. Durante la presentación del informe: “¿Cómo vamos en seguridad pública?”, indicó: “Lo que podemos concluir de todo esto es que hoy no vivimos en un país más seguro”.
En dicho documento, Causa en Común concluye no existe una estrategia de seguridad pública que vaya contra el crimen de manera directa o indirecta. Advierte se han presentado acciones inadecuadas, fallidas e inconsistentes en la materia, por lo cual el resultado es el año más violento de que se tenga registro.
Asimismo, acusó la militarización de la seguridad, el debilitamiento de las instituciones y los recortes presupuestales al sector. “No existe una auténtica atención a las víctimas, quienes deberían estar en el centro de todos los procesos de seguridad y justicia, y porque tiene deficiencias en la manera de comunicar los asuntos de seguridad”, señaló Morera, quien indicó a pesar del “control militar” de la seguridad, los delitos de alto impacto registraron un aumento:
Entre diciembre de 2018 a octubre de 2019, resaltó, se registraron 32 mil 585 víctimas de homicidio, 933 de feminicidio, mil 565 de secuestro y 7 mil 915 de extorsión. Estos ilícitos registraron un alza de 3, 17, 13 y 35 por ciento, respectivamente. “Diariamente se cometen en el país 99 asesinatos, 3 feminicidios, 5 secuestros y 24 extorsiones”, subrayó.
¿NO QUE NO?
En franca y abierta respuesta a lo publicado por un periodista “adversario”, Carlos Loret de Mola, quien denunció en El Universal en su columna Historias de Reportero, titulada “Lo que México negoció en lo oscurito con Trump”, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la ratificación del T-MEC está detenida, porque en Estados Unidos se planteó una supervisión sobre el cumplimiento de la reforma laboral en México. “Nosotros no aceptamos eso, o sea que haya una especia de inspectores para ver si una empresa cumple con lo establecido en la ley, si realmente se llevo a cabo la elección (en un sindicato) de manera democrática, no se aceptó”, señaló el mandatario…
Jesús Seade, subsecretario para América del Norte, se trasladó a Washington, Estados Unidos, para terminar la revisión sobre la implementación del T-MEC, confirmó Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en su comparecencia ante el Pleno del Senado de la República. Faltan sólo ocho días para que el Congreso de Estados Unidos se vaya a receso por las vacaciones de diciembre sin todavía haber ratificado el T-MEC. El viernes pasado, Jesús Seade regresó de un viaje de trabajo de Canadá y Estados Unidos con una lista de planteamientos que, de aprobarse, se adjuntarían al T-MEC, firmado en noviembre de 2018. Dichos planteamientos son en los temas de derechos de los trabajadores, medio ambiente y protección a bigenéricos, precisó Ebrard.
De acuerdo con Loret de Mola, el gobierno federal mexicano estaba a punto de ceder soberanía a cambio de que el Congreso estadounidense ratificara el tratado comercial T-MEC. Sin embargo, una filtración de prensa alertó, y de emergencia, una delegación de empresarios mexicanos trabajó intensamente todo el fin de semana para frenar a Jesús Seade, quien estaba a punto de aceptar lo inaceptable. Este columnista destaca el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya le tomó la medida al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y hace un recuento de los hechos en los cuales fundamenta esta aseveración:
Primero, la recepción a Ivanka Trump en el Congreso mexicano el 1 de diciembre, cuando el presidente la elogió en medio de su discurso de su toma de posesión. Segundo, AMLO no toca ni con el pétalo de una declaración a Donald Trump. Tercero, la mayoría de Morena en el Congreso aprobó la nueva ley laboral, tal como la pidió Estados Unidos. Cuarto, a cambio de desactivar la amenaza de aranceles, AMLO puso al servicio de Trump la recién creada Guardia Nacional para detener migrantes centroamericanos.
Así, en este contexto, destaca Loret de Mola, no extrañaría que con tal de lograr la ratificación del T-MEC, el gobierno federal estuviera aceptando esa cesión de soberanía.
DE LOS PASILLOS
La llamada “Ley Bonilla”, es decir la reforma a la Constitución de Baja California por la cual el Congreso de esa entidad decidió ampliar el periodo del gobernador Jaime Bonilla de dos a cinco años, es inconstitucional, consideraron por unanimidad los magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en una opinión jurídica enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “El Decreto 351, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve por el que se reforma el artículo Octavo Transitorio del Decreto 112 de la Constitución local, de once de septiembre de dos mil catorce, se aparta de la regularidad constitucional”, sostienen lo siete magistrados en un documento enviado a la Corte, el cual se incorporará al expediente de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos actores.
Por el rumbo que ha tomado la política exterior de México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, senadores de oposición cuestionaron al canciller Marcelo Ebrard. Durante su comparecencia en la Cámara alta, los legisladores reprobaron que aunque la Cancillería ha dicho se está construyendo una política exterior de Estado, no se ha tenido toda la comunicación esperada con el Senado. El senador Emilio Álvarez Icaza, reprochó: “Muchas de las cosas sólo nos enteramos a través de los medios de comunicación”. El senador José Clemente Castañeda (MC) reprobó la política migratoria adoptada por la administración mexicana a mediados de este año, luego de que Donald Trump amagara con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no se reducía el flujo migratorio que arribaba a la frontera con se país.
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