Redacción MX Político.- Durante las comparecencias de las aspirantes a ocupar la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Diana Álvarez Maury, Ana Laura Magaloni Kerpel y Ana Margarita Ríos Farjat fueron cuestionadas sobre la despenalización del aborto, el cannabis, la llamada “ley Bonilla” y, por supuesto, su independencia y autonomía.
La primera en comparecer ante la Comisión de Justicia fue Diana Álvarez Maury, actual subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación (Segob).
Sobre la despenalización del aborto, Álvarez Maury destacó que la criminalización ha llevado a la discriminación de las mujeres, y consideró que se trata de un tema de salud personal y pública. “Yo no estaría de acuerdo con la criminalización, porque se aspira a que la aplicación de una norma sea igualitaria, pero también equitativa”.
En cuanto al debate sobre si legalizar el cannabis, la funcionaria federal manifestó que está más a favor de una regularización que de una legalización, donde se contemple la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, de acuerdo a una información de apro.
“Esto implicaría un análisis muy detallado, decisiones graduales, qué si, qué no, en lo lúdico sí, en la parte de la salud. Quién sí puede producirlo, bajo qué estándares de calidad”, detalló.
Respecto de la “ley Bonilla”, que amplió de dos a cinco años el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, sostuvo que se ponen en juego valores fundamentales en materia electoral como la certeza, la seguridad, respetar derechos a votar, ser votado y a la no reelección.
Al cuestionarla sobre su independencia y autonomía, Álvarez Maury buscó desmarcarse del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Soy una persona independiente, no vengo de partidos políticos, ni puestos de elección popular. Se me invita (a la Segob) desde la academia y desde la sociedad civil. Así como encontramos legisladores que no son de partidos, son independientes, también hay servidores públicos que somos independientes”, recalcó la subsecretaria de Gobernación.
La segunda en comparecer fue la doctora Ana Laura Magaloni, académica, especializada en el estudio del Sistema Judicial.
Sobre la interrupción legal del embarazo, señaló que el tema se ha debatido desde una perspectiva muy binaria, sí o no, y que lo que se tendría que estar debatiendo son las políticas públicas para evitar los embarazos no deseados.
“Mi posición personal es que el aborto tiene que dejar de ser criminalizado, la cárcel no es solución”, sentenció.
En cuanto a la regulación del cannabis, se manifestó a favor de que el país busque soluciones nuevas y no seguir con el enfoque punitivo, ya que 60% de los internos en penales federales están ahí por delitos contra la salud, y de ellos, el 38% por posesión de mariguana.
“En el mundo se está convirtiendo esta droga en una droga legal (…) y nosotros seguimos con el viejo esquema punitivo. Creo que este es un debate de política pública que le corresponde a esta soberanía dar. No le corresponde a la Suprema Corte definir cómo se va a pasar de la ilicitud a un mercado regulado. Hay muchas preguntas que es importante debatir sin prejuicios”, opinó.
Por último, Margarita Ríos Farjat, actualmente titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), coincidió en que la interrupción del embarazo no debe penalizarse, y precisó que quienes están en las cárceles por ese motivo son mujeres con necesidades económicas, culturales y educativas.
“Sí hay un aspecto espiritual en el tema de la vida. Pero es igual de dramático que haya mujeres en la cárcel por el tema de la interrupción del embarazo. El tema del aborto es un tema social. Quienes están en la cárcel por abortar carecen de recursos económicos”, manifestó.
En el caso de la legalización del cannabis, afirmó que cree en el libre desarrollo de la personalidad y en la autonomía de las personas: “Se debe avanzar en la legalización de cannabis atendiéndolo desde diversas perspectivas”.
Sin referirse específicamente a la “ley Bonilla”, cuestionada sobre si es constitucional, apuntó: “No lo vería viable porque la Constitución es muy clara, lo que habría que ver son las particularidades de las cosas”.
Sobre su autonomía expresó que, pese a trabajar en el gobierno, su actuar en el SAT ha sido independiente y que se le estaría discriminando si se pone en duda por el hecho de ser una funcionaria del gobierno.
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