Redacción
Noticias MX.- El diputado federal panista, Juan Carlos Romero Hicks señaló que la pretendida Ley de Amnistía que busca aprobar Morena, brindaría impunidad a quienes envenenan a los jóvenes con drogas y a quienes roban.
El coordinador parlamentario del PAN en San Lázaro, indicó que la propuesta que el Presidente envío al Congreso, ofrece beneficios a quienes estén privados de la libertad, indiciados, procesados y sentenciados por delinquir.
Entre los beneficiarios estarían los encarcelados por participar en robos sin violencia, a casa-habitación, sustracción de teléfono celular y tarjetas de débito y crédito, o bien por delitos cibernéticos, robo de identidad y el conocido cristalazo.
Romero Hicks indicó que los diputados panistas, dirigidos por Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, y Felipe Fernando Macías Olvera, subcoordinador de Seguridad Pública, sugirieron a sus homólogos de otros partidos a que antes de la aprobación, se tome en cuenta a los individuos y las organizaciones de la sociedad civil en un amplio Parlamento Abierto, a fin de valorar la conveniencia de su emisión.
El legislador blanquiazul señaló que Morena se ha empeñado en aprobar dicha ley, y “todo con la argumentación de que son delitos menores o de baja cuantía, cuando son precisamente estos los que afectan a los sectores con menores recursos, a los jóvenes a quienes roban un celular o una computadora”.
Asimismo dijo que “quedará impune el atraco a casas habitación por sustraer artículos con valor inferior a 50 mil pesos, cuando son estos los que más impactan en la clase humilde y trabajadora”.
Consideró que la naturaleza de una Ley de Amnistía es para casos de excepción, pero como lo están haciendo el Presidente y sus diputados, es aplicarla supuestamente para los pobres, pero en realidad es que están dejando en libertad a quienes han robado o causado daños a la sociedad.
Romero Hicks señaló que el proyecto de Ley de Amnistía del mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador contiene ocho artículos y tres transitorios, sin embargo, el Código Federal de Procedimientos Penales en vigor ya contempla las garantías a las que están sujetos los mexicanos porque, además reconoce el principio pro persona y mandata al Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.