Joel Hernández Santiago
Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que una de sus prioridades al inicio de este nuevo 2020 es el de “Serenar al país”; que se desplegarán unos 100 mil elementos de la Guardia Nacional; que su gobierno generará condiciones económicas de desarrollo y bienestar, que habrá de llegar al primero de diciembre de este año habiendo sentado la base de su proyecto, desterrar la corrupción en el ámbito público…
Está bien si se ve esto en términos de compromisos a futuro cercano, aunque desde julio 1 de 2018 hizo énfasis en que todo esto habría de estar listo a la brevedad, una vez que tomara posesión del gobierno de la República.
Con todo, el 1 de diciembre del año pasado durante su discurso de aniversario, pidió doce meses más de gracia para aterrizar los compromisos faltantes y para sentar las bases de la Cuarta Transformación (4-T).
Ese día dijo que “de los 100 compromisos que hice hace un año, he cumplido 89”… “¿Cuánto tiempo necesitaremos para consolidar la transformación? Pienso que un año más, que aquí nos vamos a volver a encontrar; es decir, en diciembre del 2020 ya estarán establecidas las bases para la construcción de una patria nueva.”
En todo caso, su gobierno gira en torno a sus grandes proyectos de sexenio: La construcción del aeropuerto internacional en Santa Lucía; la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco; la construcción del Tren Maya y la ruta transoceánica de Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos: para estas obras monumentales está poniendo todo su empeño, a pesar de todo; a pesar de las críticas y contraposiciones, a pesar de argumentos y advertencias: todo esto va, dice él.
Pero la realidad cotidiana está a la vista. Porque una cosa es el discurso y las buenas intenciones y otra es ‘la terca realidad’. Y esta realidad muestra un rostro preocupado y marcado por la espera de prontas soluciones; ya de quienes votaron por el presidente López Obrador, como también de los millones de mexicanos que no lo hicieron, pero que también son mexicanos y tienen derechos.
Lo de la inseguridad está ahí. Ya hemos dicho el grado de descomposición social al que se está llegando. 2019 fue el año más sangriento en la historia moderna de México. Se estiman 38 mil homicidios dolosos en tan sólo doce meses. La inseguridad escala y el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales no pueden contenerla. El presidente dice que si hay violencia en el país pero que está circunscrita a diez estados de la República de 32.
¿Cuál es el potencial estratégico y en equipo de estas fuerzas criminales que hacen que el gobierno federal, con la cantidad de recursos económicos como humanos con que cuenta no puede contenerlos? ¿En dónde radica ese potencial enorme y malévolo del crimen organizado? ¿Por qué la debilidad de gobierno para acabar con este espacio de terror? ¿Es la estrategia de gobierno la que está mal? ¿Son sus hombres? ¿Quién se hace responsable de todo esto?… Muerte sin fin, diría Gorostiza. El presidente dice que no cambiará su estrategia.
Lo de la salud ya ni se diga: los ajustes presupuestales están costando vidas, están costando seguridad social, están costando que muchos mexicanos se encuentren inermes para solucionar este problema que cada vez resulta más oneroso para todos, porque al no encontrar solución en los sistemas públicos de salud, los mexicanos buscan alternativas en la costosa salud privada.
¿Quién se hace responsable de esto? Ya se han quitado recursos a los grandes institutos especializados del país como Neurología, Cancerología, Cardiología… Sigue el desabasto de medicinas y para estudios de laboratorio.
La crisis económica que vive México ya está a la vista para todos. El país inició 2020 con una cauda recaudatoria impredecible. Se dijo que no aumentarían impuestos ni precios de combustibles, pero ahí están. Por supuesto disfrazados de costos adicionales y no de aumento en el precio de los servicios o del gas y gasolinas…
Y luego, según anota el periodista especializado en asuntos económicos y financieros Edgar González Martínez: “En 1987 el obrero tenía que trabajar 4.9 horas para comprar la canasta básica; hoy, necesita trabajar 24 horas”.
… Y cita a la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), que destacó ‘el incremento de algunos impuestos del IEPS, cuyos efectos tendrán un gran impacto en los precios, como la gasolina y el diésel, que se verán reflejados en el bolsillo de los mexicanos.’ Todo esto prácticamente anula el salario mínimo aprobado para este año y que es de 123.22 pesos diarios en general y 185.56 pesos en la frontera norte.
La esperanza del gobierno mexicano está en el T-MEC, con el que se espera una cauda de inversión extranjera que reactivará a la adormecida economía mexicana. Y si, será bueno que esto funcione pronto porque millones de mexicanos están en vilo en su trabajo y en su vida familiar.
Y sí, también es bueno pensar que pronto comenzará esa recuperación económica prometida por el Presidente, y también que ponga total énfasis en la seguridad pública de México, y que se acabará la corrupción y la impunidad y que los muchachos mexicanos tienen un futuro más sustentable y benefactor… Todo esto sí: para doce meses, los mismos que el gobierno de la 4-T pidió para hacerlo…
Por lo demás también es cierto que uno tiene la esperanza de que todo esto salga bien. Nadie con dos dedos de frente quiere que le vaya mal al gobierno si éste cumple con todos los mandamientos constitucionales y cumple con los 129 millones de mexicanos a los que le prometió un país distinto, con gobierno justo y democrático; con un gobierno de lo social para que todo sea cumplido para todos. Eso es. Y esa es la expectativa. Ojalá sea. Si.
