Integrantes del Sindicato Nacional Minero Democrático pidieron un proceso de desafuero en contra del senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, luego de que el portal canadiense The Breaker News, publicó que viajó a Vancouver con un pasaporte canadiense.
A través de un comunicado, los opositores al líder minero dijeron que se evidenció que aún conserva su doble nacionalidad por lo que está impedido a ocupar un cargo de elección popular, de acuerdo a la Constitución.
Ante ello, el secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, Ismael Leija Escalante, pidió al mandatario Andrés Manuel López Obrador que considere la conducta del senador pues se trata de “traición a México”.
“No hay mexicanos por encima de la ley, pero Gómez Urrutia sí lo está, como está demostrado. Por un lado, el Presidente habla de que ya hay cero corrupción, pero en Gómez Urrutia sí persiste la corrupción, porque tiene doble nacionalidad y no puede ser senador”, indicó.
Explicó que el artículo 32 constitucional establece que para el ejercicio “de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución se requiere ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad” con lo que se evita un conflicto un conflicto por una doble nacionalidad.
Añadió que en el artículo 55 se indica “que los senadores y diputados deben ser originarios de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella”.
Sin embargo, Gómez Urrutia vivió los últimos 12 años en Canadá.
Cabe recordar que Gómez Urrutia se autoexilió en Canadá luego de ser acusado de la malversación de 55 millones de dólares de un fideicomiso; en 2014 recibió la nacionalidad a la que dijo renunció para participar en el proceso electoral del 2014 cuando fue candidato plurinominal al Senado.
“La nacionalidad canadiense representaba para Gómez Urrutia su principal arma legal para evitar el cumplimiento de la orden de extradición por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que continuaba vigente desde 2008, cuando fue solicitada por la Administración de Felipe Calderón”, concluyó.
