Joel Hernández Santiago
La resolución de un tribunal de la Ciudad de México el martes 28 de enero, de que el investigador-académico y colaborador de medios de comunicación, Sergio Aguayo Quesada, deba pagar diez millones de pesos, algo así como medio millón de dólares, al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por un artículo que publicó el 20 de enero de 2016 y por el que el político acusó “daño moral”, resulta en una seria amenaza en contra de la Libertad de Expresión en México…
… Sobre todo para la Libertad de Expresión que se formula de forma cotidiana en medios de comunicación, de información, de análisis y reflexión. Y sobre todo para quienes son periodistas, editores, analistas y caricaturistas… que nutren su trabajo con énfasis en el hecho político y público.
Aguayo Quesada es básicamente catedrático, investigador y conferencista sobre temas de política nacional, política internacional, derechos humanos y democracia. Ha hecho su vida académica en El Colegio de México del que egresó como licenciado en asuntos internacionales, para luego hacer sus estudios de posgrado en la Johns Hopkins University. Es al mismo tiempo autor de más de 25 libros sobre política nacional-democracia, política internacional y derechos humanos, así como de cientos de ensayos y artículos.
Fue uno de los primeros estudiosos de México que se ocupó con rigor del tema migratorio. De hecho uno de sus primeros libros es “El éxodo centroamericano” (1985) en el que adelantó el fenómeno migratorio del sur, su origen, los conflictos políticos y sociales en Centroamérica, la política mexicana al respecto y los derechos humanos… Hoy tan vigente como entonces.
Pero más allá de que con la resolución se vulnera y se intenta inhibir la libertad de expresión en México –la que es un derecho constitucional de todos los mexicanos y que da origen a todas las libertades del hombre–, lo que se percibe es que se envía la señal a todos, en el sentido de que el poder político es intocable, que el poder público es inaccesible y que quienes opinen, analicen, informen o difieran de lo que pasa y lo que ocurre en la política y la función pública deberán contenerse o…
Pero además. Esta resolución surge en medio de una maraña en la que se ha convertido la relación del gobierno federal con los medios de comunicación y con los periodistas críticos, en particular.
Ya se ha dicho de forma reiterada la manera cómo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado desprecio hacia la prensa crítica y hacia los periodistas que reflexionan y opinan de forma distinta a cómo lo ve y lo piensa él.
… A ésta el mandatario la acusa con adjetivos de “chayoteros”, “fifís”, “conservadores” “enemigos de la 4ª. Transformación”, “corruptos”… y todas esas lindezas con las que adoba “su respeto por la libertad de expresión”, argumentando que tiene “derecho de réplica” al entender este derecho como una cauda de acusaciones y reprobaciones: no argumentos o respuestas sustentadas.
Es así que el tema Aguayo está en un entorno en el que han surgido algunas respuestas y defensas frente a los señalamientos de gobierno.
El 27 de enero el periodista, escritor, cronista y editor, Héctor de Mauleón publicó el artículo “¿Quién miente señor Presidente?” en el que argumentaba en contra del señalamiento presidencial de haber mentido respecto de la salida del país de un padre y su hijita con cáncer. Y argumentó las razones de por qué el padre decidió sacar del México a la niña. Días antes el mismo de Mauleón había recibido una amenaza seria en su domicilio.
El 29 de enero el periodista y editor Raymundo Riva Palacio publicó un largo artículo “Para alusiones personales del Presidente” en el que hace una reflexión sobre la relación del gobierno y medios; las responsabilidades de cada uno; los pagos por publicidad documentados y facturados, y el uso de las listas de pagos para acusar a los periodistas de corrupción, y por alusiones personales durante “La Mañanera” presidencial.
El mismo miércoles 29 por la mañana, la periodista Denisse Dresser acudió a la conferencia “Mañanera”. Se le concedió la palabra y argumentó en favor de Sergio Aguayo, pero sobre todo quiso comprometer al presidente de México de que no debía prosperar una reforma legal por la que se criminalizaría la libertad de expresión. El presidente dijo que no, que no se criminalizaría.
“Morena quiere legislar que se prohíba la crítica al Presidente, la Fiscalía General quiere volver a penalizar criminalmente la difamación y el daño moral, e iniciativas como la llamada ‘ley del olvido’ en el Senado, son expresiones que atentan contra la libertad de expresión, y tratan como enemigos a medios de comunicación, periodistas y a todas aquellas personas que la ejerzan…” diría luego Dresser.
Y como esto, han surgido en el país reclamos que tienen que ver con la contención que se quiere hacer de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación y de la posibilidad de disentir, sobre todo en materia federal.
De un tiempo a esta parte, asimismo, los medios de información con que cuenta el gobierno se han convertido en órganos de propaganda del gobierno; predomina en ellos el apoyo y la apología, pero disminuyen la crítica al mínimo, sin recordar que los medios públicos deben ser sobre todo plurales e incluyentes, que responden a intereses de Estado no de gobierno…
Aun así, se desmantela lo que podría ser la fortaleza del país en materia informativa, como es el caso de Notimex, que ha despedido a personal de forma aberrante e inexplicable. Como también ha ocurrido en otros medios amenazados en su parte económica, lo que no quiere decir la venta de su propia conciencia editorial.
Pero eso es: hay tensión en la relación gobierno-medios; hay división y confrontación entre periodistas, analistas, reporteros, cartonistas, editores… ¿Eso es lo que se está buscando? ¿El divide y vencerás?… ¿Quién gana con todo esto? ¿Quién pierde, a la larga? La libertad de expresión es un derecho de justicia humana y en México está en peligro. ¿Qué sigue?
