Una muy larga y trepidante lucha por las Garantías Individuales en nuestra Nación, desembocó plasmándose objetivamente en nuestra Carta Fundamental, en donde uno a uno fueron burilándose principios torales que garantizan los más elementales derechos para los mexicanos, contra todo aquel violador de los mismos que, valido del poder de su mal entendida fuerza política, externe negativas para respetar la vida, las propiedades, las posesiones o derechos de los gobernados, sin que de por medio exista juicio seguido ante los tribunales competentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y aplicando de manera puntual, exacta la Ley, según lo ordena el espíritu de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Espíritu de ley que ocupa un sitial preponderante entre los derechos públicos individuales y garantizan por ende los sagrados derechos de libertad, igualdad y propiedad consagrados en nuestro Pacto Federal.
El claro texto de los artículos 14 y 16 Constitucionales deviene de una larga evolución doctrinal que se funda en todos sus antecedentes que van desde los elementos constitucionales elaborados por López Rayón en 1811; la Constitución de Cádiz de 1812, hasta la exposición de motivos, mensaje y proyecto de Constitución del Señor Presidente Don Venustiano Carranza, del 1 de diciembre de 1916.
Debemos de agregar para cabal comprensión que nuestra Suprema Ley obliga a la autoridad a no perturbar, molestar, dañar en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino por mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento y en caso de privaciones de libertad se debe de justificar cabalmente ésta, con medios idóneos respetando los Derechos Humanos.
Con esta solida trilogía de los preceptos 14, 16 y 19 Constitucionales, están más que garantizados los Derechos Humanos y las Garantías Individuales de nosotros los mexicanos.
Son y han sido siempre, ayer y hoy, las pésimas autoridades que hemos tenido y tenemos, los que de una manera u otra ha propiciado la violación de las normas constitucionales que viene de tan lejos, en una lucha consistente de más de un siglo, tendiente a evitar el abuso del poder político patulario e ignorante.
Con la sola aplicabilidad de tan elementales y claros objetivos jurídicos, los mexicanos y quienes tenemos el privilegio de habitar en éste sagrado e histórico suelo, no tendríamos porque quejarnos de violaciones a nuestros Derechos Humanos y Garantías Individuales. El síndrome del poder absoluto, la prepotencia y miseria de los que tras él se esconden, la arbitrariedad y la ignorancia de los guardianes de la ley y los jueces y ministerios públicos corrompidos, han hecho, para desgracia de México, nugatoria la aplicación de los sublimes preceptos ya mencionados.
En esta Cuarta Transformación en lo particular, con el pretexto de una lucha contra la corrupción –se debería punir a la narcopolítica, la cuál permitió, desde Tlalixcoyan, vinculaciones entre el Estado y la delincuencia organizada que arrojó un severo daño de graves consecuencias a nuestro México- la cual dejó inseguridad e impunidad, protección y alianzas con el poder del narcotráfico.
Con ésta tesis y con el apoyo de un narcoprocurador como Ignacio Morales Lechuga de conocidas facetas delincuenciales, la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, con un titular cansado, pusilánime y débil, que obligado está a demostrar lo contrario, debe actuar en consecuencia.
Basta recordar los hechos de Llano de Víboras, donde el narcoprocurador delincuente reabrió no sólo el apoyo legal más desmedido a sus afectos personales, sino la complicidad total de la Representación Social Federal a fin de protegerlos.
A una distancia de más de un año la justicia de ésta Cuarta Transformación ha eludido las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, así, como ha evitado una investigación a fondo de tan majadera alianza entre Estado y crimen organizado que permita la aprehensión de Ignacio Morales Lechuga.
Debe y así se exige llegarse al fondo de ésta causa, si de verdad se quiere respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si se desea sanear a la Fiscalía General de la República de tanta ignorancia y corrupción, a fin de recuperar lo ya perdido totalmente aquel gran prestigio de otras épocas, donde era un honor ser Agente del Ministerio Público Federal.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de
Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
