Redacción MX Político.- En agosto de 2015 Nissan Mexicana vendió en 17 millones de dólares los terrenos que el gobierno de Aguascalientes le donó entre 2011 y 2014 para instalar su segunda planta. Una serie de reformas legales impulsadas por el entonces gobernador priista Carlos Lozano permitieron que personas cercanas a él y la trasnacional recibieran millonarios recursos públicos; a cambio, Nissan prometió generar empleos, pero en los últimos años éstos disminuyeron y sus condiciones son cuestionables.
Fue Armando Ávila Moreno, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana, quien en octubre de 2011 le expuso al gobierno estatal la intención de invertir 2 mil millones de dólares en una nueva planta. A cambio exigió condiciones preferenciales: que se le donaran aproximadamente 500 hectáreas de terreno y se desarrollara infraestructura suficiente para dar viabilidad a su inversión.
El gobierno aceptó. Entre 2011 y 2014 adquirió, a través del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado (FIADE), 523.9 hectáreas de los ejidos Peñuelas, Montoro y Cotorina por un monto superior a 814 millones de pesos y posteriormente donó 437.84 hectáreas a Nissan Mexicana. El acuerdo del Comité Técnico en el que se aprobó la compra y donación de las tierras, igual que todas las actas de sesión de ese organismo, está clasificado como información reservada.
Con el argumento de que se generarían 3 mil empleos directos, en 2012 el Congreso local autorizó a Lozano para contratar deuda pública hasta por mil 55 millones de pesos. Además de los terrenos, que ya habían comenzado a adquirirse, con la deuda se otorgarían otros incentivos a Nissan y se construiría infraestructura urbana para su nueva planta, según reportó Apro desde Aguascalientes.
Reformas a la medida
En 2012 Carlos Lozano envió una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Ley Patrimonial que le permitiría donar bienes públicos sin solicitar la aprobación del Poder Legislativo –lo que implicaba negociar con otras fuerzas políticas– ni detallar las condiciones u objetivo específico de las donaciones.
Además del perredista Gilberto Carlos Ornelas, que votó en contra, siete priistas encabezados por el diputado Gabriel Arellano dejaron el recinto para abstenerse de votar.
Así narra Arellano el episodio cuando se le pregunta si existió presión del Ejecutivo estatal: “Sí la hubo. Recuerdo muy bien a uno de los diputados que estaba ahí y le habló el jefe de gabinete (Javier Aguilera); lo puso en altavoz: ‘Son indicaciones precisas, no sé qué estás haciendo allá adentro, cabrón. Sales y votas como yo te lo mando’.”
Sin embargo, la reforma se aprobó por mayoría con ayuda de la bancada del PAN. A partir de entonces los fideicomisos estatales pueden donar inmuebles y bienes públicos sin transparentar las condiciones de la operación.
jvg
