• ¿Privilegiar la negociación?
• ¿Será cierta tanta belleza?
El otro día, Miguel Ángel Osorio Chong, encargado de la seguridad interior del gobierno de Peña Nieto, dejó establecido que el actual gobierno priísta no va a usar la violencia para combatir la violencia, refiriéndose a la violencia del crimen. Cuantimás – en castellano chiapense -, para hacer frente al malestar popular expresado con acciones delictivas.
No recurrir al uso de la violencia legítima parece ser la nueva política gubernamental, de un grupo de priístas digamos que jóvenes – aunque hay en el gabinete presidencial dos que tres viejos políticos muy del pasado, pero resucitados, que lamentan la blandura de Gobernación y especialmente ahora que los maestros del estado de Guerrero están ejerciendo irresponsablemente su derecho de expresión con tácticas muy cuestionables, como obstruir una vía de comunicación como es la autopista del Sol, porque afectan intereses de terceros, los usuarios de esa carretera.
Más, sea lo que fuere, ayer jueves, a la altura de Chilpancingo, la capital de Guerrero, los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la ya famosa CETEG, aunque bloquearon nuevamente el tramo de la carretera, la desbloquearon luego de un “diálogo” con comandantes de la Policía Federal. Nadie salió golpeado, ni quedó inerte en el asfalto. Por lo menos esto es lo que reportaron los medios informativos. Un comandante de la PF de clave “Espartaco” agradeció a los maestros y dijo que la Policía Federal no desea represión.
Alguno dijo que el diálogo fue forzado por el contexto de la declaración de un representante de los maestros que dijo a sus compañeros: “No vamos a retroceder más; vamos a avanzar y vamos a avanzar sobre ellos en los cuatro carriles, de manera pacífica; los que agreden con su presencia son ellos… vamos a avanzar con civilidad, sin agredir, en orden; cuidemos nuestra integridad”.
La administración de Peña Nieto ha actuado con extrema precaución. Sobre todo después de la brutal represión ocurrida el primero de diciembre, en ocasión de la toma de protesta del actual presidente, tanto en las cercanías muy cercanas de la Cámara de Diputados, como en el Centro Histórico de la capital mexicana. Los adversarios del priísta le atribuyeron a él la autoría de aquella represión, a pesar de que él aún no decidía.
Otro elemento que juega en favor de la contención de la política de manejo de situaciones extremas, como las manifestaciones populares, es el caso de la represión en San Salvador Atenco, cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México, hecho que trascendió las fronteras virtuales del país y se armó un escándalo mundial principalmente por la violación sexual de varias mujeres, algunas extranjeras. El caso fue llevado a instancias supranacionales y el gobierno mexicano tuvo que pedir perdón a los reprimidos.
Osorio Chong es el personaje que da la cara por la política de Peña Nieto. Y el hidalguense ha reiterado, desde que asumió la cartera de Gobernación, que el gobierno no usará a las fuerzas de seguridad para reprimir las manifestaciones. Extrema precaución porque Peña Nieto, comprometido públicamente (lo asienta en el texto del Pacto por México) a defender y proteger los derechos humanos, no puede darse el lujo de pasar como represor. Ya ha sido fuertemente atacado por el caso Atenco y por el 1D y está decidido a que represiones como aquellas nunca se repitan.
Hoy por hoy, hasta los muros interiores de la Secretaría de Gobernación muestran exposiciones, que en otros tiempos habrían sido calificadas de subversivas, como una muestra fotográfica – bellas tomas – del calvario que los migrantes mexicanos sufren en su intento por burlar muros y alambradas de la frontera, para internarse en suelo estadounidense.
Ojalá no me equivoque.
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