Lilia Arellano
“El pueblo sólo es soberano el día de las elecciones”: Alfonso Rodríguez
● Más partidos, ¿para qué?
● Franquicias políticas serán puestas al servicio de AMLO
● Haces, Gordillo, Ebrard, los nuevos dueños de partidos
● Retoma 4T slogan priista: “Democracia y Justicia Social”
● Discurso en CTM centrado en modificaciones a pensiones
Ciudad de México, 23 de febrero de 2020.- En el 107 aniversario luctuoso de uno de los demócratas históricos del país, Francio I. Madero, la pregunta es adecuada y oportuna: ¿México necesita más partidos políticos? ¿El imperfecto sistema democrático del país requiere más institutos políticos para recabar la voluntad popular en este régimen de la autodenominada Cuarta Transformación, o es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien necesita otros partidos ante el caos existente en Morena y las luchas intestinas por el poder, las candidaturas a cargos de elección popular o el uso de los recursos públicos para fines electorales?
La respuesta es fundamental en estos momentos de crítica austeridad republicana y democrática, pero en los hechos es irrelevante. La decisión está tomada y el Instituto Nacional Electoral (INE) se dispone a avalar la creación de nuevos partidos políticos dirigidos por las mismas fichas quemadas de siempre, las cuales seguramente poco aportarán a la desarrollo democrático del país y si mucho a la farsa gubernamental del régimen lopezobradorista. Son doce las organizaciones políticas quienes tienen posibilidades de obtener el registro como partidos nacionales en los próximos meses, antes de la elección federal del próximo año.
Sin embargo, su constitución y sus dirigencias dejan mucho que desear al anhelo democrático del país, pues entre ellas se encuentran las agrupaciones políticas nacionales Fuerza Social por México, encabezada por el líder sindicalista y morenista, Pedro Haces Barba, de conocidos antecedentes; Redes Sociales Progresistas, vinculada a la maestra Elba Esther Gordillo, quien no se siente feliz en el retiro y va de nuevo por alcanzar otra vez amplio poder político, ahora apoyando al régimen de la Cuarta Transformación; y Libertad y Responsabilidad Democrática (México Libre) del ex presidente Felipe Calderón, el responsable de que nuestro país se convirtiera en un cementerio y cuyo caso aún se analiza en la Corte Internacional de la Haya por el delito de crímenes de lesa humanidad.
Este adverso cuadro lo complementan las agrupaciones Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social (PES), quiere recuperar su registro; Frente por la Cuarta Transformación, del morenista Elías Miguel Moreno Brizuela, cercano al canciller Marcelo Ebrard, y la cual se convertiría en otra franquicia política al servicio del lopezobradorismo; y Grupo Social por México, vinculado a Nueva Alianza y al magisterio opositor a Elba Esther Gordillo. Las otras seis agrupaciones que todo parece indicar no tienen nada que aportar al “sistema democrático” del país son: Fundación Alternativa, Gubernatura Indígena Nacional, México Blanco, Movimiento Ambientalista Social por México, Organización de Ciudadanos Federalista Vanguardia y Súmate a Nosotros.
Ya desde ahorita, en la celebración de su Asamblea Nacional este domingo, el presidente de Redes Sociales Progresistas, José Fernando González Sánchez, adelantó para que utilizará esta franquicia política: “apoyar la nueva política de austeridad y honestidad del gobierno de la 4T para acabar con la política del agandalle”, es decir estará al servició del actual gobierno federal. Dijo la organización busca devolverle a la sociedad la paz pública, a partir de una vocación de equidad social y equidad de género”, precisamente una de las mayores asignaturas pendientes de la gestión federal lopezobradorista.
Todas estas organizaciones están en vías de cumplir la realización de 20 asambleas estatales o 200 distritales con la afiliación de, al menos, 233 mil 945 personas, de acuerdo con el reporte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPP) del INE, a cargo de Patricio Ballados, quien recordó 106 agrupaciones habían manifestado su intención de convertirse en partido en enero de 2019. De acuerdo con sus datos, a las 12 asociaciones con posibilidades de convertirse en partido políticos, presuntamente se han afiliado 1.3 millones de ciudadanos cuyos registros aún están siendo validados por el árbitro electoral, con un avance del 75 por ciento.
Ballados destacó el INE no ha iniciado la revisión del aspecto “cuantitativo” de los requisitos, es decir, las fuentes de financiamiento de las agrupaciones o si la afiliación de militantes se realizó en condiciones de libertad, esto es, si no hubo afiliaciones corporativas.
Sin embargo, se han presentado casos curiosos que podrían llegar a considerarse como irregulares. La agrupación encabezada por Pedro Haces logró afiliar a más de 50 mil personas en una semana. No obstante, la DEPPP sostuvo no ha detectado ningún crecimiento atípico en las afiliaciones que realizan las organizaciones que buscan constituirse en partidos políticos. Ballados señaló no se observa nada atípico en las curvas de estadísticas del procedimiento de inscripción de simpatizantes, pero habrá una revisión de la membresía una vez que la asociación solicite el registro.
El día 28 de este mes concluye el plazo para solicitar el registro como partido político. De las 43 agrupaciones que siguen efectuando asambleas y afiliaciones, solo las 12 señaladas cuentan con posibilidades de reunir el número requerido para constituirse como partido político. Será en el mes de junio cuando el órgano electoral determinará cuáles fueron las asociaciones que cumplieron los requisitos para convertirse en fuerza política con registro en el INE.
El viernes pasado, la asociación Encuentro Social solicitó registro como partido político ante el INE, con lo cual se convirtió en la primera agrupación en cumplir este requisito. Alejandrina Moreno, su representante legal, confió en que conseguirán el registro pese a que algunas asambleas que efectuaron pudieran caerse debido a la eventual existencia de afiliaciones duplicadas. Esa organización realizó 300 asambleas distritales, 100 más de las requeridas, y afilió a 412 mil 918 personas, según el reporte del miércoles pasado, aunque sólo se requerían 233 mil 845.
“DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL”
Ante la mayor parte de los miembros de su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó ayer la conmemoración del 107 aniversario del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, al destacar “no podemos soslayar la bella lección del maderismo. democracia sí pero con justicia social también. “Democracia y justicia social”, precisamente los postulados del viejo PRI. Siguió dejando en el aire el tema de la corrupción en el sexenio anterior. A pesar del reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el mandatario dijo el viernes en Baja California Sur que Peña Nieto permitió la corrupción, pero reiteró que él no presentará denuncias.
Bueno, ¿entonces quién? Se esperaría que fuera la propia ASF y la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes presenten las denuncias correspondientes ante la FGR, independientemente si López Obrador hizo un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, pues el boquete a las arcas públicas no es menor. Tan solo en el último año del mexiquense en Los Pinos la ASF observó presuntamente utilizaron de forma irregular, en pleno proceso electoral federal, 144 mil 430 millones de pesos del gasto federalizado (presupuesto dirigido a los estados). Las cuatro entidades con mayor monto observado son: Estado de México, 22 mil 414 millones de pesos; Tamaulipas, 13 mil 326.7; Puebla, 10 mil 89.6; y Chihuahua con 8 mil 361.1 millones de pesos.
Según el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, cuando la instancia a su cargo ha detectado indicios de corrupción, “no ha vacilado en denunciarlos, coordinándose eficazmente con la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), para que se procure justicia efectiva y, de ser necesario, se sancione a los responsables con todo el peso del estado de derecho”. De acuerdo con el funcionario, la ASF trabaja con la FGR en diversas denuncias por daño al patrimonio público, en los procesos judiciales que se siguen por las presuntas irregularidades cometidas en el sexenio pasado por ex servidores públicos de las entonces secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Desarrollo Social (Sedesol), caso conocido como la Estafa Maestra, y por el cual está siendo procesada sólo la ex titular de esas dependencias, Rosario Robles. ¿Y los demás?
En el caso del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, Colmenares señaló el órgano fiscalizador ha trabajado en auditorías de administraciones anteriores de Pemex. Apenas hasta la semana pasada fue detenido el ex titular de la empresa petrolera, quien enfrenta un cúmulo de acusaciones por probables actos de corrupción cuando estaba el frene de ésta, y quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana desde mayo de 2019. Y otra vez la pregunta: ¿Y los demás? Es decir, los principales integrantes del gabinete de Peña Nieto, a los cuales respondía Lozoya Austin: el propio presidente de la República, así como los titulares de las secretarías de Hacienda, Energía y Economía, Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell e Idelfonso Zapata, respectivamente, entre otros.
También se observa un combate a la corrupción interno de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador muy selectivo. A los amigos, como Manuel Bartlett, titular de la CFE, se les exonera sin mayor problema, pero a los adversarios políticos sÍ se les aplica todo el peso de la ley. El combate selectivo es observable entre los integrantes del equipo de AMLO. Por ejemplo en el caso de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que no tienen elementos para denunciar el uso irregular de 50.8 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. ¿Gracia para los amigos, ley a secas para los enemigos?
DE LOS PASILLOS
Mas de nueve millones de mexicanos, con estudios de licenciatura y hasta maestría, viven en condiciones de pobreza y precariedad económica. La mayoría de ellos ganan entre uno y dos salarios mínimos; y, en el mejor de los casos, aspiran a un ingreso de siete a 10 mil pesos mensuales. Esta es una tendencia nacional, donde 68% de la población no vive del producto de su trabajo; depende de subsidios o transferencias de programas sociales como Prospera, para tratar de superar la línea de miseria. Estas son las conclusiones de un análisis hecho por Miguel Santiago Reyes Hernández, especialista del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana…
A la serie de divisiones entre los mexicanos creada en la 4aT, se suma ahora la de los trabajadores. Apenas la semana anterior el titular del Ejecutivo asistió a la organización encabezada por Pedro Haces y lo hizo acompañado del vástago de uno de sus progenitores, de Alejandro Murat, aunque no pasó desapercibida la presencia de la titular de la Secretaría del Trabajo y mucho menos del senador Monreal. Ayer fue el turno de la CTM y a su celebración de aniversario se presentó con todo el gabinete y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ahí habló de las pensiones y de la limpia en el Infonavit y lanzó loas al viejo líder priísta Carlos Aceves del Olmo de quien, en todo jocoso, señaló “no está viejo, está al 100”. Lo temible de lo dicho en tal evento gira en torno a darle un nuevo tratamiento a las pensiones, dar marcha atrás en varios renglones y sin dejar nada en claro manejar la posibilidad de hacer realidad la pretensión de manejar desde el gobierno federal el dinero de los ahorradores. La división con tantos sindicatos es una realidad y, paradójicamente desde ninguno de ellos se lucha, auténticamente por el bienestar de la clase que dicen representar.
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