Redacción MX Político.- Sin sorpresa, los 271 diputados del grupo de Morena, junto con los de partidos afines que este jueves acudieron a la Cámara de Diputados –prácticamente el resto de legisladores boicotearon la sesión por el Covid-19–, dieron luz verde para que se acuse a Rosario Robles Berlanga ante el Senado de la República por el multimillonario desvío de recursos públicos.
Los principales promoventes de la iniciativa, Tatiana Clouthier Carrillo y Pablo Gómez Álvarez, de Morena, insistieron en que el juicio político no es contra Robles, sino contra el expresidente Enrique Peña Nieto, su gobierno y “la forma en la que realizó la administración pública federal desapegada de la ley y de manera completamente corrupta”, subrayó el segundo.
Por su lado, la defensa de Robles denunció el “atropello” a los derechos humanos de la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
“Este juicio político no la puede separar de un cargo que ya no tiene; tampoco la puede inhabilitar cuando ya se encuentra inhabilitada. Este juicio político, lo único que persigue es el escarnio público, es la picota, es exhibirla públicamente en su persona y en su honra”, apuntó.
Después de tres horas de sesión, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, decretó: “Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria del Despacho entre 2012 y 2018”.
Mientras la presidenta leía la declaratoria, ante un recinto que lucía medio vacío, a su lado se encontraba sentada Dolores Padierna Luna, cuyo sobrino, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, llevó el juicio penal por el que la exfuncionaria fue encarcelada desde agosto pasado.
La resolución aprobada este jueves en San Lázaro pide al Senado que, en el marco del juicio político contra Robles, se le imponga la máxima sanción prevista: una inhabilitación de 20 años para ejercer cualquier cargo público.
Dicha sanción se dictará independientemente de lo que determine la justicia con base en las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Robles y su equipo, por los esquemas de “simulación de servicios” realizados a través de convenios con universidades y entes estatales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos.
Pablo Gómez Álvarez, quien encabezó la Sección Instructora –comisión que realizó las entrevistas en el juicio político–, aseveró que los desvíos operados por Robles y su equipo de colaboradores en la Sedesol y la Sedatu “no son hechos aislados”.
Explicó: “Hemos tomado la Estafa Maestra porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso todo en claro; pero esa Estafa Maestra está presente en Pemex y en otros lados, que nosotros no investigamos”, e insistió: “Llevemos un asunto escandaloso ante el Senado para que dicte sentencia”.
A su vez, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, denunciante de Robles en este juicio político, recordó, por ejemplo, que “de las 13 universidades de la Estafa Maestra, cinco de ellas son del Estado de México, entidad que gobernó el expresidente Enrique Peña Nieto. Acto más público no puede estar más a la vista”, recalcó.
Rosario Robles, añadió, “sí supo lo que ocurría en su dependencia, y en vez de actuar prontamente para detener el fraude, las secretarías continuaron con este modelo y lo perfeccionaron y multiplicaron los montos de recursos desviados, con lo que se acrecentó el daño patrimonial”.
Prosiguió: “Por primera vez estamos en posición de castigar la traición a la confianza ciudadana otorgada a los altos funcionarios públicos (…) esto no es un tema de personas, no es un tema de partidos, no es un tema de chivos expiatorios, ni tampoco –como algunos quisieron decir– de verdugos. Hay, al día de hoy, 25 denuncias penales derivado de los hechos que hoy expresamos aquí”.
En lugar de contradecir los argumentos de la acusación, Alberto Javier Sánchez Rojas, abogado de Robles, entregó a la Mesa Directiva un documento con la defensa jurídica de la exfuncionaria, y pidió que su contenido quede íntegramente transcrito en el diario de los debates para que obre como corresponda.
Durante su corta ponencia, el abogado condenó una “saña inaudita en contra de su persona (Robles), pasando por encima de sus derechos constitucionales (…) el ejemplo más reciente de este atropello es la notificación que se hizo el día de ayer, a las 18:30PM, a María del Rosario Robles Berlanga, recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, con la evidente finalidad de que le fuera imposible preparar una adecuada defensa para esta sesión. Justicia sí, venganza no”, soltó.
La diputada priista Anilú Ingram Vallines, cercana al exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa y delegada de la Sedesol en Veracruz durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña, defendió a Robles con los argumentos de sus abogados, y calificó a los diputados de Morena de “lambiscones”, en eco a las críticas que Porfirio Muñoz Ledo hizo a legisladores de su bancada.
La priista aseguró que el juicio político representa “el interés de quien los manda: parece que no busca fincar responsabilidades políticas, sino más bien distorsionar el proceso penal de que está siendo sujeto la acusada”.
Añadió: “Si quieren hacer leña del árbol caído, estoy segura que la fogata no llegará ni a una chispa; recuerden, compañeros, que los carniceros de hoy serán las reses de mañana”.
JAM
