Javier Peñalosa Castro
La semana que termina estuvo marcada por el “mal humor social” que provocó la “rasurada” que le dieron los senadores a la llamada propuesta “tres de tres”, para que todos los servidores públicos den a conocer sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Llama la atención el aparente temor que provoca entre algunos políticos la posibilidad de que se transparenten sus fortunas. La verdad es que no hay de qué preocuparse, pues siempre tendrán la posibilidad de torcer las leyes para salvar el pellejo (y la bolsa) o nombrar a un funcionario a modo para que los absuelva de toda infracción al séptimo mandamiento, como hizo, si bien no diligentemente, sí en forma por demás lacayuna y eficiente, el titular de la resucitada Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, con las mansiones de Enrique Peña Nieto en la Lomas de Chapultepec, y Luis Videgaray, en Malinalco, que tanto dieron de que hablar en su momento.
Además de este par de exoneraciones, Andrade, quien poco tiene que ver con el inmenso escritor en que se inspiraron sus padres para darle nombre —más allá de los ricitos que adornan su frente, al estilo de las caracterizaciones más manidas de los romanos— no ha desquitado el sueldo con una sola acción que valga la pena en contra de la caterva de saqueadores del erario, quienes desde la época de Salinas de Gortari han ido perdiendo todo asomo de recato o pudor, y en cambio se han vuelto maestros del cinismo, la cleptofilia y la avaricia.
Los senadores buscan curarse en salud
Aunque no se conoce el caso reciente de algún senador desaforado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, malversación de cuotas sindicales o algo por el estilo (que le pregunten al senador Carlos Robero Deschamps, que ha saqueado a ciencia y paciencia de las autoridades judiciales y sus colegas legisladores a los trabajadores de Pemex y, a diferencia de los dirigentes de la CNTE, no ha sido molestado ni con el pétalo de un citatorio para investigar el origen de la cuantiosa fortuna, que él y sus hijos presumen en redes sociales), insistimos, no tienen de qué preocuparse. En tanto no caigan de la gracia de la palomilla de cuates que “administran” los bienes nacionales, funcionarios, legisladores, miembros del poder judicial y sus cómplices en actos de enriquecimiento más que explicable y decididamente ilícito, no tienen por qué perder la calma.
Más que información sobre fortunas, debe acotarse el uso del dinero público
Sería muy interesante conocer las fortunas de nuestros funcionarios y, eventualmente, detectar cuando éstas crezcan exponencialmente. Sin embargo, con leyes que los obliguen o sin éstas, jamás sabremos a ciencia cierta a cuánto asciende su patrimonio, pues es de todos sabido cómo acuden a prestanombres, reparten —en el papel— los bienes entre los parientes cercanos y una larga serie de simulaciones que continúan tan vigentes hoy como en los tiempos de mayor bonanza para los priistas y sus validos.
En este contexto, debe ponerse especial atención no sólo en los grandes saqueadores, como los que operan en el “gabinetazo” (Fox dixit) de Peña, sino en los gobernadores de buena parte de los estados, a quienes se ha permitido endeudarse hasta grados enfermizos, generalmente para “resolver su situación económica personal” (para muestra, Medina en Nuevo León, Moreira en Coahuila y los Duarte en Veracruz y Chihuahua, sólo por citar a los más escandalosos y cínicos).
En ninguno de estos casos se ha aplicado la ley que, sin haber sido modificada, tal como está, y de existir voluntad política, permitiría cuando menos obligar a los ladrones a que restituyan lo robado. Contadísimos son los casos en que se encarcela a un exgobernador ladrón, y cuando ello ocurre, generalmente se da con un revestimiento de venganza o, cuando menos, para encontrar un chivo expiatorio.
En casos mucho más aislados, y también con tintes como los descritos, se ha llegado a encarcelar a poderosos personajes de la política, como el poderoso ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, quien compitió con Miguel de la Madrid para alcanzar la candidatura del PRI para suceder a López Portillo —y no ganó—, con Joaquín Hernández Galicia, que retiró el apoyo del sindicato petrolero a Salinas para concederlo a Cuauhtémoc Cárdenas, y más recientemente con Elba Esther Gordillo, a quien principalmente se le pasó la factura por haber formado su propio partido.
Hoy se persigue a los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para presionarlos y lograr que apoyen —o al menos no obstaculicen— la supuesta reforma educativa que viene prometiéndonos el Niño Nuño.
Por lo pronto, hacen bien las organizaciones ciudadanas que impulsaron la adopción de estas normas, y que, con toda razón, hoy se sienten burladas, en insistir en que se vuelva a la propuesta original y se quiten los obstáculos que los senadores añadieron para sentirse más tranquilos. Sin embargo, parece difícil que la Cámara de Diputados se enmiende la plana a la de Senadores y que prospere esta iniciativa en pro de la transparencia.
