MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
Una de las principales banderas de campaña, enhiesta por el licenciado López Obrador en la propaganda que logró convencer a 30 millones de mexicanos, la que denominó “honestidad valiente” junto con la oferta de combatir frontalmente a la corrupción, avanzada la administración federal ha demostrado que entró en crisis y se oculta bajo la alfombra de la demagogia.
Mire usted. En las mañaneras, eventualmente y solo eventualmente, cuando hay posibilidad de que un reportero de verdad haga una pregunta que entraña denuncia de corruptelas que ocurren en alguna sección de la vasta estructura del gobierno de la 4T, el señorpresidente ofrece que se investigará, aunque realmente las barre bajo esa alfombra tejida con la recurrente referencia de que él y su gobierno, no son iguales que los de antes, sus antecesores.
Y también suele desviar el tema con parábolas religiosas y brochazos de historia patria que se apoyan en el comparativo con lo que ocurría “antes”, como los fardos conservadores que debió cargar Benito Juárez García, por citar un ejemplo, o insultar, estigmatizar y descalificar a denunciantes como Felipe Calderón, su villano favorito, como la piedra en su zapato sin bolear en que se ha convertido Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización a la que con ironía llama “Mexicanos en favor de la Corrupción”.
Y justamente un trabajo de MCCI sumado a un reportaje de Arelí Quintero, reportera del equipo de Carlos Loret de Mola, que en septiembre de 2019, trajo a la luz la existencia de una empresa que era favorita de la actual administración de la bandera de Honestidad Valiente, llamada Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del intocable e influyente director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz
Creada en 2010, esta empresa había obtenido cerca de 800 millones de pesos por contratos para la venta de equipo médico al sector salud, una situación que nada tendría de especial, de no tratarse porque las ventas tienen la sospecha de ser producto del tráfico de influencias.
Entonces, fue evidente que aquella honestidad valiente, vendida en la propaganda electoral del licenciado López Obrador, junto con esa sobada declaración de que ahora sí se barrería la escalera de arriba hacia abajo, es puro rollo engañabobos.
Pero, vaya, si el licenciado Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene la voluntad de investigar a León Manuel y a Cyber Robotics Solutions, junto con todos los implicados en los negocios de esta empresa, amén de su creación y vinculación con prestanombres panameños que posibilitaron que ésta tenga una empresa espejo con libre actividad internacional, seguramente llevaría a juicio a funcionarios de la actual administración.
¡Ah!, también la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros puede ampliar la investigación de un evidente negociazo hecho al amparo de la emergencia sanitaria que urge equipo médico para atender a los miles de infectados por el coronavirus Covid-19.
El señorpresidente, ocurrente como es en eso de la paráfrasis salpicada de ironía, dice que un caso puede ser legal pero no ético.
Veamos. La delegación del IMSS en el estado de Hidalgo compró a Cyber Robotics Solutions 20 ventiladores respiratorios a razón de un millón 550 mil pesos cada uno, sobreprecio que se pretendió cobijar con el concepto de urgencia o emergencia, es decir, que su adquisición era fundamental para atender a pacientes en riesgo de muerte.
Sí, pudo haber pasado como un asunto legal, aunque éticamente era condenable. Pero, una revisión de contratos públicos que hicieron reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, demostró que amén de falto de ética, el asunto entrañaba corrupción y tráfico de influencias.
El tema se denunció el viernes primero de mayo, pero hasta el lunes el tema fue planteado en la mañanera a señorpresidente, quien refirió que “en este caso, la Secretaría de la Función Pública debe hacer su trabajo, hacer su investigación y si resulta responsable tiene que ser sancionado igual que el funcionario que entregó este contrato”.
Y, casualmente, mediante comunicado la doctora Sandoval Ballesteros dijo que el asunto ya era investigado, precisamente desde el viernes 1 de mayo, cuando se denunció, aunque sin mayores complicaciones ni suspicacias el contrato fue asignado el 17 de abril a Cyber Robotics, con el precio referido, aunque el IMSS Hidalgo ese mismo día, de acuerdo con la investigación de MCCI pagó 880 mil pesos al proveedor Conduit Life, por un ventilador de similares características, aunque importado de Eslovaquia, mientras que los vendidos por la empresa de León Manuel Bartlett fueron adquiridos en México a un proveedor local, lo que evitó el pago de impuestos de importación.
¡Así de burdo el cochupo!, hecho bajo el amparo de la manga ancha que el licenciado López Obrador dio con su decreto de fecha 27 de marzo, para que el gobierno federal adquiriera directa y sin licitación equipo médico.
Bueno, pues la doctora Sandoval Ballesteros ha puesto a trabajar a su equipo, para evitar un escándalo mayor, porque esto de la empresa del hijo del influyente director de la CFE, es apenas una pequeña muestra de ese corriente de corrupción que nace, crece y se reproduce –incluso desde antes de que el señorpresidente rindiera protesta en el cargo—con empresas que han logrado contratos por más de 400 millones de pesos del gobierno federal, en el trascurso de un año y cinco meses.
Así, la oficina de prensa de la Secretaría de la Función Pública informa que “avanza con los procedimientos sancionatorios por la compra de 20 ventiladores del IMSS en Hidalgo”. Y refiere que “la dependencia encabezada por la Dra. Irma Eréndira Sandoval anuncia que cuenta con más de siete líneas de investigación abiertas”.
Y, bueno, pues se desconoció la compra y los ventiladores fueron regresados a la empresa de León Manuel porque, ahora resulta, carecían de ciertas especificaciones.
Por supuesto, la doctora no dejó de mirar por el retrovisor y sostuvo, de acuerdo con su oficina de prensa que “a diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas, no se permitió que se consumara un daño al erario. Gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la Función Pública en esta gestión, se rechazó la compra debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados”. ¡Sopas!
¿Y el resto de las denuncias por adquisiciones directas a empresas de nueva creación? ¿Y el resto de los contratos otorgados al Junior del licenciado Bartlett y otros cochupos denunciados en el ámbito de la Sader, por citar un caso?
“En el pasado, se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño, y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido”, dijo la doctora Irma Eréndira. ¿Y los otros pozos de corrupción prohijada al amparo de la 4T? Digo.
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