Redacción, MX Político.- En un desplegado, 73 instituciones educativas particulares y 29 asociaciones civiles de Puebla reclaman al gobernador Miguel Barbosa y al Congreso del Estado se establezca un diálogo para “corregir” las “ambigüedades, excesos, ocurrencias, intervencionismos y contradicciones” de la Ley Estatal de Educación que fue aprobada el 15 de mayo.
Firmada por las principales escuelas que operan en la entidad, el escrito señala que en la aprobación de la ley no se tuvieron prácticas democráticas como parlamento abierto, ni se tomó en cuenta la opinión de padres de familia o se estableció una discusión abierta con la sociedad.
Entre los firmantes, se encuentran las principales universidades de la entidad como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla; la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); la Universidad Anáhuac; Universidad Madero (Umad); Universidad del Valle de México (UVM), entre otras.
Firman institutos como el Colegio Benavente, la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, el Instituto México y otros; además de Asociaciones de Padres de Familia de diversas escuelas poblanas y organizaciones como la Federación de Escuelas Particulares de Puebla, el Congreso Nacional Ciudadano, Promotora de la Familia Mexicana y la Unión Nacional de Padres de Familia de Puebla.
“No a la imposición de la Ley de Educación del estado de Puebla aprobada sin participación ciudadana. Sí a una ley con visión integral y de vanguardia que fomente para Puebla su liderazgo educativo con un renovado Sistema Educativo Estatal”, menciona el escrito publicado en los medios locales.
Los firmantes hacen referencia a que la Ley de Educación del estado debió ser una mejora de la Ley General de Educación que fue aprobada en 2019, en la cual se eliminaran “ambigüedades y contradicciones”.
“El Congreso del estado debió enriquecer la ley con las opiniones de los ciudadanos que representa, no transcribir ciegamente la versión enviada por el Ejecutivo Estatal”, advierten.
Enumeran como exigencias: reconocimiento al derecho de las familias a escoger calidad de educación para sus hijos, según criterios, tradiciones y convicciones que consideren; certeza jurídica de la propiedad y derechos de las personas e instituciones; eliminar ambigüedades, excesos, ocurrencias, intervencionismos y contradicciones de la ley aprobada.
También, piden que el legislativo y el ejecutivo estatal dialoguen con la sociedad para “corregir los errores de esta ley”; así como desechar descalificaciones carentes de sustento.
Esto último en clara alusión a las reacciones que ha tenido el gobernador Miguel Barbosa quien ha arremetido contra las universidades de consorcio universitario, las cuales hicieron pública su preocupación por el contenido y la forma en la que fue aprobada la nueva ley educativa.
El mandatario ha tachado a los rectores e instituciones de “conservadores”, de manipuladores, de mentir, de tender cortinas de humo y de buscar mantener “canonjías” que tuvieron en gobiernos anteriores.
Uno de los artículos que más polémica han causado sobre la nueva ley es el 105 que señala que todos bienes muebles e inmuebles de escuelas públicas y particulares pasan a formar parte del Sistema Educativo Estatal.
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