Por Aurelio Contreras Moreno
Mientras proyecciones como una de la Universidad de Washington difundida este miércoles prevé un escenario dantesco de muertes por covid-19 hacia el mes de agosto –más de 50 mil a nivel nacional y cerca de seis mil en el estado de Veracruz-, la “nueva” clase política que iba a “transformar” a la nación y a la entidad está en lo suyo: revolcándose en el fango de la corrupción.
En Veracruz opera una red que ha hecho de la asignación de la obra pública en el estado una verdadera “mina de oro” para políticos y neofuncionarios que, como algunos de sus antecesores, se sienten en “la plenitud del pinche poder”, pues han hecho del mismo un instrumento para enriquecerse a costa de los recursos de los veracruzanos.
Es concretamente en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que encabeza Elio Hernández Gutiérrez, donde se han detectado numerosas prácticas que serían constitutivas de daño patrimonial y peculado en perjuicio del erario, pero en las cuales se encuentran involucradas varias dependencias y autoridades más.
Quien esto escribe cuenta en su poder con un expediente de cinco obras con irregularidades que son apenas una pequeña muestra, el hilo de una madeja en la que políticos y empresas están enredados en una trama que incluye sobreprecios, “moches”, tráfico de influencias y la simulación de actos jurídicos para hacer negocios.
La primera obra a mencionar es la construcción de pavimento hidráulico en vialidad principal entre la carretera Transístmica y el retorno de la carretera Costera del Golfo, en el municipio de Coatzacoalcos, la cual fue asignada por la SIOP a una fórmula combinada entre las empresas Loescon Supervisión y Control Total S.A. de C.V. y Grupo Constructor TCASA S.A. de C.V, a las que se les pagó un total de 41 millones 423 mil 754.58 pesos incluyendo el IVA.
Sin embargo, dicha obra le fue otorgada a este consorcio a pesar de que su propuesta era antecedida por otras 13 más económicas, llegando a existir una diferencia de hasta 20.9 millones de pesos respecto de la más barata de las presentadas durante el proceso de licitación pública.
Además, Loescon Supervisión y Control Total y Grupo Constructor TCASA son empresas con domicilio en Morelos y la Ciudad de México, respectivamente, que no demostraron experiencia en la ejecución de obra pública, a diferencia de por lo menos seis compañías establecidas en la misma ciudad de Coatzacoalcos que participaron en la licitación y que además de tener experiencia demostrada y contar con el aval de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, tienen su maquinaria ahí mismo. El favoritismo y la línea para favorecer a las foráneas es claro.
Otra de las obras revisadas es la pavimentación del camino La Unión-Naranjos de Afuera-Manlio Fabio Altamirano en varias localidades del municipio de Cazones de Herrera, contratada a EYASA S. de R.L. de C.V. Si bien su propuesta económica quedó en segundo lugar en la licitación, con una diferencia de solo 181 mil 289 pesos respecto de la más económica, el truco consistió en que su presupuesto era exactamente el mismo que el de los precios base determinados por la SIOP para ese trabajo, por lo que puede presumirse que recibió esa información previamente para ajustarla a su propia oferta, que fue finalmente de 37 millones 395 mil 122.42 pesos.
La tercera obra es emblemática por lo que hay implícito. Se trata del mantenimiento del camino Tamiahua-Naranjos en el norte del estado, ejecutada por la empresa CHECA S.A. de C.V., cuya propuesta económica quedó en el décimo lugar, 6.2 millones de pesos más cara que la más viable para un gobierno que se presume austero.
Lo interesante es que CHECA S.A. de C.V. sería la misma constructora encargada de un buen número de obras en el municipio de Otatitlán que han sido inauguradas personalmente por el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y de las cuales no existiría documentación de soporte en dependencia de gobierno alguno, federal, estatal o municipal, que avale su ejecución.
Una cuarta obra es el mantenimiento del camino Arroyo de Liza-E.C. federal 180 (El Trópico) en “localidades varias, municipios varios, estado de Veracruz de Ignacio de Llave”, que fue asignada a la propuesta que ocupó el quinto lugar en la licitación y que superó por un millón 305 mil 136.96 pesos a la más viable. Y además, la contratista ni siquiera fue una empresa, sino una persona física de nombre Claudia Beatriz Gutiérrez López, que no es ésta la única licitación de la SIOP en la que ha participado gracias a ser, presuntamente, recomendada del secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, José Luis Lima Franco.
La quinta obra repite el mismo patrón que las demás: la empresa TAOSA S.A. de C.V. fue la ganadora de la licitación no obstante que su oferta se ubicó en el sexto lugar, con una diferencia de 798 mil 115 pesos respecto de la propuesta de menor precio.
Solamente de estas cinco obras, que fueron ejecutadas durante el ejercicio presupuestal de 2019, se detecta un sobrecosto que asciende a 29 millones 569 mil 370 pesos, que podrían constituir daño patrimonial al erario del estado y el delito de peculado, ya que una vez puede justificarse que se escoja a una empresa con una propuesta más onerosa porque ofrezca otras ventajas. Pero cuando se trata de una conducta recurrente, sistemática, la cosa cambia.
Y resulta necesario enfatizar que son solo cinco obras de un total aproximado de 140 que la SIOP llevó a cabo durante 2019.
¿Cuánto dinero se habrá embolsado en realidad –y seguirá embolsándose hasta la fecha- el “cártel” de la obra pública en Veracruz?
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