Redacción MX Político.- El asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas es un crimen de Estado y debe ser aclarado para que no se convierta en una derrota para el estado mexicano, advirtió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
Durante una videoconferencia con la Barra Mexicana de Abogados, el ministro Zaldívar agregó que frente a este escenario, no hay lugar para las divisiones, por lo que los tres poderes de la Unión y todos los niveles de gobierno deben actuar del mismo lado.
“Que no haya duda de que este es un crimen de Estado y que cuando hay un crimen de Estado, todas las instituciones del Estado mexicano estaremos el mismo lado, aquí no caben las diferencias, ni las políticas, no cabe la distracción y estaremos muy atentos de cómo se vienen desenvolviendo las investigaciones”, sentenció.
Añadió que la resolución de este doble homicidio registrado en la capital de Colima el pasado martes, “es de la mayor importancia” para los integrantes del Poder Judicial de la Federación y para todos los mexicanos, ya que la impunidad equivaldría a una derrota para las instituciones.
“Si este caso no se resuelve es una derrota para el Estado mexicano, si este caso no se resuelve el estado de Derecho en México quedará herido de muerte, este es un caso que se tiene que resolver bien en beneficio de todas y todos”, afirmó el también titular del Consejo de la Judicatura Federal.
Renunció a sus escoltas
En este contexto, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea rechazó las versiones de que el gobierno federal retiró de forma unilateral el servicio de escoltas al que tenía derecho el juez Uriel Villegas aclarando que el impartidor de justicia renunció al servicio de protección personal por decisión propia.
Explicó que el juez de control no había sufrido amenazas y prefería no llamar la atención, por lo que optó por renunciar a sus escoltas.
Por lo anterior, calificó como “mezquina” la versión de que se le retiró la seguridad al juez de control debido a la política de austeridad que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Ningún juez que haya solicitado protección se ha quedado sin ella”, concluyó.
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