Lilia Arellano
“Desconfío de la incomunicabilidad; es la fuente de toda violencia”: Jean Paul Sartre
● Mutismo presidencial
● Bloque de ocho gobernadores exigen a AMLO recursos para la reapertura
● Cámara de Diputados presenta controversia en SCJN contra militarización
● Violencia está desatada; gobierno federal deja libre combate a criminales
Ciudad de México, 21 de junio de 2020.- El auto denominado régimen de la Cuarta Transformación día a día pierde su elemento central de existencia: la esperanza de una vida mejor para la población de México, y suma también opositores a los designios y caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad, en franca caída, ya no garantiza ganar las elecciones federales y locales del año próximo. La contracción de la economía y la ampliación de la pobreza, no son los resultados esperados por los votantes en 2018. Ahora, en particular, el inadecuado manejo de la pandemia por Covid-19, con más de 175 mil casos confirmados y más de 21 mil decesos por esta causa, conformó un bloque de ocho gobernadores quienes solicitaron recursos para la reapertura económica tras el confinamiento. También la Cámara de Diputados presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la militarización del país realizada por la administración del tabasqueño, la cual por cierto no ha servido de nada. La violencia vive su máximo nivel en diversas regiones del país, donde la lucha por las plazas es abierta entre las organizaciones criminales sin prácticamente la intervención de las autoridades federales.
En Monterrey, Nuevo León, los gobernadores Jaime Rodríguez; Francisco García, de Tamaulipas; Enrique Alfaro, de Jalisco; Diego Sinhué Rodríguez, de Guanajuato; Silvano Aureoles, de Michoacán; José Rosas, de Durango, Miguel Riquelme, de Coahuila; y José Ignacio Peralta, de Colima, presentaron una “Propuesta para enfrentar el Covid-19 en nuestros estados”, en la cual expusieron que sólo en un mes la pandemia provocó la pérdida de un millón 300 mil empleos formales, lo que -subrayan- hace impostergable el diálogo entre los tres niveles de gobierno, poderes del Estado y sociedad civil, con el fin de enfrentar la doble crisis: de salud y económica. Los mandatarios plantearon enfrentar la problemática con un abordaje federalista y diálogo útil, y reorientar recursos a gobiernos estatales y municipales. Esto ha sido eludido por el presidente argumentando se han entregado los recursos correspondientes a los estados en tiempo y forma, por lo que se ha negado a ampliarlos o renegociar más partidas.
El grupo de gobernadores demandó aumentar el presupuesto para los sistemas estatales de salud, con el fin de fortalecer la contratación de personal y los gastos de infraestructura, insumos y medicamentos. “Para ello hay mecanismos como el préstamo otorgado al gobierno por el Banco Mundial”, el cual el presidente de la República ha eludido precisar a qué será destinado. El michoacano Silvano Aureoles, expuso “Es urgente revisar y adecuar del Pacto Fiscal para revertir las desigualdades regionales y desequilibrios del centro y las partes en la distribución de los recursos de la hacienda pública“. Consideraron urgente la construcción, desde la Federación, de un plan de largo plazo, con el objetivo de estar preparados ante las medidas conctracíclicas necesarias para enfrentar la crisis económica, quizá la “más aguda de la que se tenga memoria en nuestro país”. Asimismo, pidieron al presidente posponer proyectos “que difícilmente aliviarán la crisis en el corto plazo”, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía o el programa Sembrando Vida.
Solicitaron impulsar un plan de rescate a las pequeñas y medianas empresas en todo México, y revisar el ingreso básico de 50 millones de mexicanos pobres, más otros 10 millones que se sumarán a la estadística tras la pandemia. Habrá de notarse la actitud presidencial en torno a estas demandas: ni se ven, ni se oyen y no falta quien se pregunta si el candidato López Obrador se hubiese mostrado ajeno, como ahora lo hace el presidente; si el candidato en busca del poder hubiese permitido sin reclamar se llegase a lo profundo de las crisis como lo viene permitiendo siendo Ejecutivo federal. ¿Por qué ahora tanta terquedad y cerrazon? El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, insistió en establecer un semáforo de reactivación particular para cada entidad, y sostuvo que los secretarios de Salud de los estados reunidos el fin de semana establecerían un acuerdo para que cada uno abra de acuerdo con las condiciones prevalecientes. El mandatario de Coahuila, Miguel Riquelme, explicó cada estado determinará el regreso a clases, ya sea de manera presencial o virtual, para que los alumnos continúen su instrucción desde casa si persiste el riesgo de contagio.
CONTROVERSIA CONTRA MILITARIZACIÓN
El viernes pasado, la panista Laura Rojas, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), acerca de la validez legal del acuerdo presidencial para mantener activas a las fuerzas armadas en la estrategia nacional de seguridad pública. Trascendió que para esta acción no tomó en cuenta a los coordinadores de los partidos representados en San Lázaro. Sólo contó con el apoyo de su partido, el PAN, así como de las bancadas del PRI y del PRD.
Para el morenista Pablo Gómez, la postura de la presidenta de la Cámara baja “es una actitud sectaria, es una anomalía porque tendría que haber un acuerdo. Su obligación es consultar a la Cámara. En este caso, ni tarda ni perezosa, presenta una controversia por decisión de su partido”. Se espera que este recurso legal interpuesto en la Corte por Laura Rojas no se enliste entre los temas del periodo extraordinario de 29 y 30 de junio, y será hasta el periodo ordinario -el primero de septiembre- cuando la mayoría de Morena y sus aliados, ordenarán se retire la referida controversia, situación a la que se suma el rezago en el trabajo de la SCJN por la crisis epidémica y, para esa fecha, Laura Rojas ya no será presidenta de la Mesa Directiva.
Por lo anterior, la legisladora blanquiazul defendió su controversia, después de un amplio análisis del acuerdo del Ejecutivo federal sobre las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y de escuchar a organizaciones de la sociedad civil y a reconocidos constitucionalistas, y consideró existen razones fundadas para solicitar a la SCJN revise su constitucionalidad. Pero, para Pablo Gómez, “el recurso es espurio”.
Por el contrario, la dirigencia nacional del PAN respaldó la decisión de Rojas de presentar una controversia constitucional contra el uso de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia. El PRI también respaldó a la presidenta de la Cámara de Diputados: “Tal como lo advertimos con su publicación, este acuerdo podría ser violatorio de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional, al implicar una invasión de las competencias que le corresponden al Poder Legislativo y avalar de facto la militarización del país”.
Y Ángel Ávila, integrante de la dirigencia extraordinaria del PRD, destacó la insistencia de Morena para que haya un periodo extraordinario en el Congreso y sostuvo prende la alerta de los integrantes del Bloque de Contención, del cual forma parte ese partido, pues además de avalar reformas pendientes del T-MEC, busca debatir las iniciativas del Ejecutivo en materia presupuestal y para desaparecer fondos y fideicomisos. Consideró hay otras iniciativas de urgente resolución para apoyar a la población afectada por la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, pero los morenistas le están dando la espalda a sus representados, pues sólo les interesa quedar bien con su líder.
VIOLENCIA DESATADA
Sonora, Guanajuato y Jalisco, entre otras entidades, resintieron en los últimos días los embates de las organizaciones criminales, a pesar de la militarización del país, y pusieron en evidencia, una vez más, la estrategia de contención del gobierno federal a través de los “abrazos, no balazos”, desplegada desde al arranque de este sexenio. En el municipio de Caborca, Sonora, dos grupos del crimen organizado se enfrentaron con armas de alto calibre, con un saldo de 12 hombres abatidos e incendios en cuatro casas, otros tantos vehículos, una gasolinera y algunos negocios. Los tiroteos se iniciaron a las 23:00 horas del viernes y se prolongaron hasta la madrugada del sábado. Testigos registraron el ingreso de un convoy con más de 80 vehículos que circulaban por las principales avenidas y que minutos después arremetieron con armas de fuego y ráfagas de rifles de asalto en distintos puntos de la ciudad, mismos que provocaron incendios. A través de redes sociales, los residentes exhortaron a sus familias y vecinos a no salir a la calle convertida en zona de guerra, al tiempo de compartir videos grabados dentro de los domicilios, donde se apreciaba cómo se incendiaban los autos estacionados en la vía pública. Cabe destacar, esta zona se encuentra en las inmediaciones del Gran Desierto de Altar, y es cercana a la frontera con el estado de Arizona, Estados Unidos, por lo que sus condiciones desérticas en los municipios y comunidades como Caborca, Magdalena, Pitiquito, Altar, Trincheras, La Y Griega y Sonoyta, significan un atractivo para las bandas delincuenciales traficantes de armas, drogas y dinero a territorio estadounidense.
En Celaya y otros municipios de Guanajuato, tras un operativo federal y estatal realizado el sábado anterior en el cual detuvieron a la madre, la hermana y una prima de El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, principal operador del narco y el secuestro en la entidad, acusadas de ser las operadoras financieras del grupo delictivo, el crimen organizado reaccionó y prendió fuego a vehículos, bloquearon vialidades y carreteras atacando, inclusive, negocios de esa ciudad. El Marro se subió a las redes sociales y envió varios videos en los cuales amenaza al gobierno con unirse, tal como lo habían planeado, con el cártel de Sinaloa, con el área manejada directamente por El Mayo Zambada. Entre insultos y amenazas ubico al cártel Jalisco Nueva Generación como el protegido por el gobierno actual. Se recuerda se subió a la plataforma mañanera el nombre de su líder, de Nemesio Oceguera para aclarar no había sido detenido y tampoco estaba muerto. Luis Ernesto Ayala Torres. El secretario de Seguridad Pública del estado, Alvar Cabeza de Vaca, confirmó la detención de varios integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima. Lo curioso fue el decomiso: dos millones de pesos y un kilo de “supuesta” droga.
Y en Jalisco, alrededor de la ciudad de Guadalajara, al menos 215 cuerpos fueron localizados entre enero y mayo en nueve fosas clandestinas. El Fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís, informó de la localización de los cadáveres: en el mes de enero se exhumaron 157; en febrero no hubo hallazgos, pero en marzo localizaron los restos de 23 víctimas; en abril de otras tres y en mayo de 32. La mayoría de las fosas fueron localizadas en terrenos vallados o fincas abandonadas de colonias populares ubicadas en los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Juanacatlán y El Salto, todos pertenecientes a la zona metropolitana de Guadalajara y dominadas por el CJNG.
DE LOS PASILLOS
Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, advirtió: “México debe aprobar las seis reformas al marco jurídico vinculado al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues de lo contrario los socios comerciales harán saber al gobierno que ha caído en incumplimiento”. El Congreso de la Unión deberá concretar las modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial, a la Ley Federal de Derechos de Autor, la reforma al Código Penal sobre grabaciones no autorizadas; la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación y reformas a la Ley Aduanera; la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales y a la Ley de infraestructura de Calidad… Además de dejar con vida todos los organismos autónomos a los cuales pretendian eliminar…
El llamado “culiacanazo” sigue teniendo consecuencias para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Senadores del PAN y PRI anunciaron buscarán sanciones legales en contra del titular del Ejecutivo federal y su secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, por falsear información y declaraciones respecto del fallido operativo de fuerzas federales para detener a Ovidio Guzmán, el 17 de octubre de 2019, en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Los legisladores señalaron que las declaraciones del presidente confirman que tanto él como su secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana cometieron delitos que deben sancionarse…
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