Redacción, MX Político.- Urge una “transfusión de recursos al sistema de salud”, el cual se encontraba en “terapia intensiva” aún antes de la pandemia, señaló Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Al presentar los resultados del programa Acciones Ciudadanas, el organismo afirmó en un comunicado, que los expertos se encontraron con un sistema excluyente, fragmentado, inequitativo y con calidad deficiente que no previene ni cura las enfermedades.
Durante el programa, Judith Méndez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); Mariana Campos, de México Evalúa, y Rodolfo de la Torre, del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), dialogaron sobre las carencias del sistema de salud, sus necesidades de gasto ante la crisis sanitaria y con vistas al presupuesto de 2021 y, con la perspectiva futura de elevarlo a un sistema universal de protección social.
El frente señaló que la reducción en el gasto público en salud ha dejado un sistema debilitado, el cual pasó de contar con el 3% del PIB en 2013 a 2.5% en 2020, y que desde 2019, se ha colocado en situación de subejercicio fiscal, descuidando la atención de enfermedades prevenibles que se han ubicado entre las cinco primeras causas de muertes en el país, como la diabetes.
Antes del comienzo de la emergencia sanitaria, el número de camas en hospitales se había reducido desde hace varias décadas en relación con la población, pasando de 1.8 camas a 0.9 camas por mil habitantes en 2019. Mientras que 20 millones de personas en el país son excluidas al no estar afiliadas a un servicio de salud y más de la mitad de la población, 68 millones de personas, carecen de acceso a la seguridad social, alertó.
Por otra parte, apuntó que por cada peso por persona beneficiaria de IMSS-Prospera que atiende a las personas que viven en zonas rurales de alta marginación y rezago social, se destinan aproximadamente 4 pesos por persona afiliada al IMSS; más de 5 pesos para las del ISSSTE; y cerca de 10 pesos para las afiliadas a servicios de salud de Pemex.
Los especialistas plantearon la necesidad de construir a largo plazo un sistema universal que garantice el derecho a la salud, el cual demandaría recursos equivalentes a 3.5 puntos del producto interno bruto, aproximadamente 240 mil millones de pesos, para lo cual se requiere una reforma fiscal progresiva.
Por lo que declararon que es necesario tener un gasto público en salud que no solo considere atender la crisis del covid-19, sino también el mediano y largo plazo hasta alcanzar un 6% del PIB en gasto público en salud.
De acuerdo con el organismo, solo 55% de los niños han sido vacunados contra la Hepatitis B en México, a pesar de estar incluido en el Esquema Básico de vacunación, en contraste con el 91.2%, en los países de la OCDE. Mientras que las grandes diferencias entre la densidad de médicos en la Ciudad de México y en otras localidades, produce desigualdad geográfica en la capacidad de atención.
Las organizaciones plantearon que un primer paso para resolver estas problemáticas sería aumentar el gasto en salud del Presupuesto 2021, un punto del PIB para garantizar la igualdad en los servicios que proporciona el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI) con los servicios del IMSS, logrando servicios equivalentes a mexicanos del sector formal e informal de la economía, destacando que en este último sector se encuentra el 62% de la fuerza laboral del país.
Un segundo paso sería montar un sistema universal de salud a partir de un modelo de atención primaria que privilegie la promoción, prevención y atención de todos los mexicanos, colocando en el centro los derechos del paciente, para que, a partir de ese punto se comience a diseñar y estructurar un modelo universal de salud.
Los especialistas concluyeron destacando que la reforma de fondo debe ser desvincular el derecho a la salud de la afiliación laboral, ya que mientras haya distinción entre derechohabientes y no derechohabientes, estos esfuerzos no garantizarán el acceso universal a la salud.
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