En el patio de honor del Palacio Nacional, el Señor Andrés Manuel López Obrador espetó en forma por demás enérgica y terminante, “que las cosas en México ya no serán como antes, acabaremos con toda forma de corrupción e impunidad, nada habrá por encima de la ley”.
Son muy aplaudibles por toda la ciudadanía del País, las palabras expresadas de tan firmes tintes espectaculares, si no tuviéramos como mexicanos la amarga experiencia de que las mismas palabras fueron pronunciadas con igual tono y diferente sonsonete por Vicente Fox, Carlos Salinas, Enrique Peña y algunos más. Por toda la Nación es de sobra sabido de que la inmensa mayoría de las afirmaciones políticas de similar corte no devienen en la realidad cotidiana más que en actos simbólicos tendientes a tratar de atenuar la angustia de chairos o fifís para obtener justicia.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., por voz de quien esto escribe, quisiera preguntar y argumentar en simple contexto: ¿Porqué hasta está fecha no se ha ejercitado la acción penal correspondiente en contra de quienes fungieron y fueron nuestros presidentes y que ahora sabemos lo que suponíamos, que eran unos vulgares delincuentes, los cuáles nos saquearon, nos robaron, nos engañaron -contra toda razón jurídica- desangrando económicamente a ésta Patria nuestra?.
No serán éstas causas y estos casos típicos de impunidad, por tratarse de unos ex presidentes de la República y, porqué en el lejano supuesto de ser judicializados por los graves ilícitos cometidos en contra y en agravio de la Nación, se demeritaría el prestigio -ya muy menguado y escaso por cierto- de ésta Cuarta Transformación?.
Ojalá las palabras de Andrés Manuel López Obrador, si desean aún ser creídas, provoquen la acción persecutoria, cosa que se duda, de Alejandro Gertz Manero y la Fiscalía General de la República, rompiendo el STATU QUO en que se encuentra para proceder penalmente y encarcelar a quienes aún se encuentran por encima de la ley y a salvo de las celdas que anhelantes los esperan.
La historia jurídica Patria nos ha enseñado que no es ni necesario, ni indispensable un Emilio Lozoya Austin para incriminarlos, basta sumergirse en el triste caso de Tlalixcoyan, para percatarse bien pronto de que todos aquellos mencionados expresidentes le brindaron impunidad y protección a la narcopolítica por sí y/o a través de sus correspondientes Abogados de la Nación por ellos nombrados para torcer la vara de la justicia, en una infamante cadena de complicidades proctectoras de quien la Drug Enforcement Administration ahora acusa de recibir dinero y órdenes del Chapo Guzmán, eso al menos es lo que se dijo ante una corte federal de los Estados Unidos de Norte America.
Si es en estricta justicia verdad, si es verdad que el actual Presidente de la República resulta ser congruente con sus decires, debe ordenar de inmediato a su fiel y leal colaborador Alejandro Gertz Manero, que se reabra la indagatoria de Tlalixcoyan, la misma que un tal Elías Beltrán encargado del despacho de aquella corrompida Procuraduría General de la República mandó al archivo por instrucciones de Peña Nieto. Dicho caso de Tlalixcoyan resulta ser hoy por hoy, el más escandaloso caso de impunidad y corrupción que México ha padecido.
El caso de Tlalixcoyan, no es igual al de Emilio Lozoya Austin, pero resulta igualmente sustancial que se haga justicia en éste como en aquél, por ende, resultaría saludable para México que se rompa con el tabú de impunidad para todos aquellos que se colocaron por encima del estado de derecho, para todos aquellos servidores públicos que se convirtieron y convivieron con malandros.
México espera que Andrés Manuel López Obrador demuestre que tiene palabra. Esperamos confiados en que esa decisión política se sostenga con hechos, FACTA NON VERBA”. De no ser así, las palabras pronunciadas se habrán diluido en uno más de los arquetipos de falsedad de los presidentes.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
