Redacción, MX Político.- El Consejo de Ministros aprobó este martes 15 el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática que supondrá responsabilizar al Estado español de la búsqueda y exhumación de decenas de miles de españoles que fueron sepultados en cunetas y fosas comunes durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco, que es una demanda histórica de asociaciones de la Memoria Histórica y de organismos internacionales como Naciones Unidas, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional, entre otros.
Al dar a conocer el anteproyecto, la vicepresidenta Carmen Calvo anunció que esta nueva norma contempla declarar “nulos de pleno derecho” todos los juicios sumarios del franquismo, una reclamación histórica en España.
“La mejor forma de reparación es declarar nulo cualquier juicio que haya derivado en el fusilamiento sin garantías de personas importantes como el presidente (de la Generalitat catalana, Lluis) Companys”, respondió cuando fue cuestionada por la demanda del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que el gobierno central pida perdón por ese fusilamiento del franquismo.
Esta legislación, que sustituirá a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 a propuesta del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, contempla la ilegalización de la Fundación Francisco Franco y otras que ensalzan a los militares golpistas y que sembraron el terror en España durante la dictadura. La Fundación Franco, cuyos dirigentes se oponen a esta ilegalización, es una anormalidad democrática en toda Europa, porque España es el único país que permite la existencia de una entidad que ensalza a un dictador y a su régimen de represión.
El anteproyecto contempla la “reasignación” del Valle de los Caídos que aunque aún no se determina cuál será su destino final, se estudiará, pero por el momento se convertirá en cementerio civil.
La vicepresidenta Calvo consideró que esta legislación será un paso “importante para este gobierno” y “sobre todo para la democracia española.
Los 66 artículos, explicó están orientados a paliar aquellos vacíos que España tiene en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y que lleva años señalando Naciones Unidas.
Después de Camboya, España es el segundo país con un mayor número de desapariciones forzadas del mundo, la mayoría víctimas del régimen dictatorial.
Esta legislación, explicó, es “un compromiso de homologación de nuestra democracia con la defensa estricta de los derechos humanos”.
Se contempla, por ejemplo, poner en marcha un plan estatal de exhumaciones, esto es, que sea la propia administración –y no las asociaciones de familiares de esos desaparecidos— los que tengan que responsabilizarse de la búsqueda y exhumación de miles de tumbas e identificación de los cuerpos y se creará un Banco nacional de ADN para la identificación de los restos exhumados y la posterior entrega a sus familiares.
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