CIUDAD DE MÉXICO.- La campaña sistemática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Secretaría de Salud y hasta de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para prohibir el glifosato en el país es una grave irresponsabilidad política porque atenta contra la seguridad alimentaria del país.
El glifosato es una herramienta importante para los productores agrícolas porque es muy eficaz para controlar la maleza que afecta el crecimiento de los cultivos y, por tanto, incide directamente en un incremento en la productividad alimentaria.
Es el herbicida más utilizado en México y en el mundo por su costo-efectividad: aumenta la productividad, tienen bajo costo, es de amplio espectro y tiene una baja toxicidad, la misma Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, tiene clasificado al glifosato en la banda verde de toxicidad, la de más bajo riesgo.
SEMARNAT, LA SECRETARÍA DE SALUD Y CONACYT mienten, porque no es verdad que el glifosato sea altamente tóxico y constituya una seria amenaza a la salud y a los ecosistemas, y esto queda demostrado porque países agrícolas importantes y con las mejores capacidades de análisis científico han decidido continuar utilizando el glifosato como: Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Brasil, sólo por citar algunos.
En consecuencia, la oposición al uso del glifosato no es más que el reflejo de una posición ideológica que, con el pretexto de favorecer prácticas agroecológicas, omite, de manera irresponsable, las consecuencias que tendría en el campo la no utilización del herbicida:
1. Los costos de producción por hectárea se incrementarían 300 %.
2. La producción de cultivos bajaría entre un 30% y 40%.
3. La importación de maíz aumentaría de 16 millones de toneladas anuales a 25 millones.
Los productores de agroquímicos expresan también su rechazo a la posición intransigente de las instituciones confabuladas contra el glifosato, porque además incumplen con la instrucción presidencial de reducir gradualmente el uso de este herbicida y, simultáneamente, realizar los estudios e investigaciones necesarias, a las que tiene que convocar el CONCACYT, para encontrar alternativas al uso del glifosato, mismas que, hasta la fecha, no existen. Por esta razón, otros países que han explorado la factibilidad de restringir o eliminar el uso de glifosato han tenido que echar marcha atrás debido a las consecuencias para la productividad en el campo, como fue el caso de Francia.
De hecho, en 2017 la Unión Europea extendió la licencia para el uso de glifosato hasta 2022. Esta nueva revisión contempla la opción de extender la autorización de su uso, precisamente porque no existe evidencia científica que fundamente su total prohibición, y por la falta de un sustituto con los beneficios que tiene el herbicida.
Los productores de agroquímicos exigen que las voces de los productores agrícolas sean tomadas en cuenta para que, junto con la información de que disponen para sustentar su posición sobre el tema, CONACYT, SALUD Y SEMARNAT reconsideren la posición de intransigencia que solo compromete la economía y bienestar de los trabajadores del campo, así como la productividad de los cultivos de los que se alimenta el país.
AM.MX/fm
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