CHETUMAL, QUIKNTANA ROO.- Esta mañana, la Secretaría del Trabajo anunció que se presentará una iniciativa de Ley sobre el outsourcing, para evitar afectaciones a los trabajadores y a la hacienda pública.
La secretaría tomó como ejemplo de esta ilegalidad a un hotel en Cancún, donde dijo que sus trabajadores no sabían quién era su patrón y donde se detectó que de los 802 trabajadores del centro de hospedaje, únicamente dos estaban reconocidos como trabajadores; operaban 14 empresas pagadoras, las que se distribuían los 800 empleados.
De acuerdo con Sol Quintana Roo, 40 trabajadores no estaban registrados en el Seguro Social, 762 trabajadores estaban registrados con falsos salarios mínimos, ninguno de los trabajadores conocía o reconocían a las empresas que les pagaban y todos estaban obligados a contratar cada tres meses con diferentes empresas pagadoras.
Dicha propuesta buscará resolver los problemas y los abusos de la subcontratación. Se basará en el principio de que el trabajo es un derecho y un deber social, no es una mercancía.
La subcontratación fue introducida en 2012 por el entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa y la fecha existen alrededor de 4 millones 600 mil trabajadores en esta situación.
LUIS ALEGRE, REY DEL OUTSORCING
El diputado federal Luis Javier Alegre Salazar, se encuentra en la lista de los empresarios que conforman el imperio de outsourcing en Quintana Roo, como se puede observar en dos de las siete Sociedades Anónimas inscritas ante el Registro Público del Comercio y que forman parte del patrimonio familiar.
Y pese a que el gobierno federal advirtió que perseguirá a las agencias de outsourcing al considerarlas ilegales y fueran consideradas como parte de la delincuencia organizada al igual que los patrones que las contraten, aún siguen operando en total impunidad.
Las empresas de las que forma parte el diputado son Turquesa Soluciones de Personal, S.A. de C.V., Turquesa Soluciones, S.A. de C.V., Administración de Redes del Sureste, S.A. de C.V., Unión de Crédito Comercial y de Servicios Turísticos de Quintana Roo, S.A. de C.V.; Destilería Turquesa, S.A. de C.V., Turquesa Maya Agencia de Viajes, S.A. de C.V.; y Galdav, S.A. de C.V.
Las dos primeras fungen como subcontratistas y pagadoras mediante, es decir que contratan personal para que presten sus servicios tanto a las empresas de la familia como a otras firmas del ramo hotelero y restaurantero.
La empresa “Turquesa Soluciones de Personal, S.A. de C.V.” tienen como principal actividad la prestación de servicios administrativos, de administración de recursos humanos y de asesoría en el desarrollo de negocios para la optimización de sus recursos humanos y mejoramiento de procesos de selección de personal, incluyendo los servicios de procesamiento de nómina de trabajadores, cálculo y pago de prestaciones de ley conforme los contratos individuales y colectivos de trabajo incluyendo el cálculo para el pago de los finiquitos y las indemnizaciones cuando procedan.
Además, se dedica al procesamiento de información y pagos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema Único de Autodeterminación y el cálculo y determinación para pago de toda participación, impuesto y/o derecho de carácter federal, estatal y/o municipal que se genere con motivo de las relaciones obreros patronales y en general la selección, reclutamiento, tratamiento y control del personal incluyendo la asesoría contable y fiscal en la materia.
Por su parte, la empresa “Turquesa Soluciones, S.A. de C.V.” también está dedicada la subcontratación de personal y a la pagaduría de trabajadores obreros. Según el acta constitutiva esta Sociedad Anónima está dedicada a la prestación de servicios tales como mano de obra y de personal, en cualquier tipo de actividad económica permitida, incluyendo la asesoría, supervisión, administración, capacitación y dirección de todo tipo de personal administrativo, operacional, directivo, fiscal, contable, especializado, tanto empresarial, profesional, técnico, de oficios, como la asistencia ejecutiva, gerencial, operativa y administrativa de recursos humanos, de ventas, financieros y materiales, ya sea a personas físicas o morales, nacionales o extranjeras.
Asimismo, Turquesa Soluciones, S.A. de C.V tiene como actividad social el mejoramiento de procesos de selección de personal, incluyendo los servicios de procesamiento de nómina de trabajadores, cálculo y pago de prestaciones de ley conforme los contratos individuales y colectivos de trabajo, incluyendo el cálculo para el pago de los finiquitos y las indemnizaciones cuando procedan.
También se dedica al procesamiento de información y pagos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema Único de Autodeterminación y el cálculo y determinación para pago de toda participación, impuesto y/o derecho de carácter federal, estatal y/o municipal que se genere con motivo de las relaciones obrero patronal.
Como se recordará, a principios de año el gobierno federal que las outsourcing son ilegales y que serían consideradas como delincuencia organizada. El 20 de enero, La secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, aseveró que el gobierno tiene identificadas a 6,000 empresas de subcontratación “abusivas” que evaden un monto de 21,000 millones de pesos anuales.
Explicó que la subcontratación es ilegal y tiene que ver con la defraudación a los trabajadores, el lavado de dinero, así como defraudación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit.
Alcalde indicó que actualmente 5 millones de trabajadores están contratados bajo ese esquema. Destacó que la Ley Federal del Trabajo sí considera un esquema subcontratación legal, cuando en ésta los patrones son solidarios con sus trabajadores. En cambio, dijo, se considera subcontratación ilegal cuando un tercero contrata a una persona para que el patrón evada sus relaciones laborales con ella.
Las outsourcing son ilegales y afectan porque precarizan el mercado laboral y la mano de obra; también a la estabilidad en el empleo, el pago de utilidades, la antigüedad de los trabajadores, y sus ingresos por prima de antigüedad y liquidaciones.
Aquel día, el director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que en una práctica que se considera defraudación fiscal, en diciembre del 2019 alrededor de 14,553 empresas —con 101 a 500 empleados— dieron de baja a todo su personal. Aseveró que se trata de “prácticas agresivas” de subcontratación, lo que afectó a más de 64,000 trabajadores en México.
“También hay una afectación a las empresas, primero porque hay una práctica desleal hacia las compañías cumplidas con sus trabajadores”, planteó.
Indicó que en 2020 se están planteando nuevas acciones para que gobierno y empresas puedan garantizar el cumplimiento de la ley y resarcir los derechos de los trabajadores.
Indicó que habrá siete operativos especiales, uno de ellos enfocado a grandes empresas de hotelería, farmacéuticas y producción de alimentos, donde se identifican a 10,000 trabajadores subcontratos a través de 36 empresas subcontratistas.
Las denuncias contra las empresas pagadoras continúan y se han arreciado pues los despidos están a la orden del día, y más aún con la presencia de la pandemia del Covid-19 que ha provocado el cierre de hoteles, restaurantes y toda clase de empresa. Y la de Luis Javier Alegre Salazar se ha encargado de atentar contra los derechos de los trabajadores, bajo la protección del gobierno morenista.
AM.MX/fm
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