Por Aurelio Contreras Moreno
Es verdaderamente pavoroso lo que está sucediendo en México en relación con la gestión de la pandemia de la covid-19 por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Por la tarde de este domingo, el presidente anunció desde el estado de Guerrero que su gobierno había “aceptado” una “recomendación” de la Organización de las Naciones Unidas para reducir la dotación de vacunas para el coronavirus SARS-Cov2 contratadas por México con la farmacéutica Pfizer y, en su lugar, enviarlas a los “países más pobres” y evitar el “acaparamiento”.
Esta vez ni la gastada retórica pseudosocial usada por López Obrador sirve para convencer a nadie. Las condiciones de pobreza en México –que en lo que va de este sexenio se han recrudecido- son tan altas en algunas regiones y entidades que superan las de países africanos. ¿Cómo podría justificarse que se anteponga el interés de otras naciones al de una población depauperada y, además, asolada como pocas por la emergencia?
Pero el pretexto de ayudar a los “países pobres” pretende encubrir la realidad de una estrategia sanitaria desastrosa y fracasada. Y probablemente algo todavía peor: que ni siquiera se hayan comprado las vacunas necesarias y que esa irresponsabilidad estén buscando ocultarla con una mentira más de las que acostumbran proferir con singular facilidad y rapidez.
Y para abonar al “sospechocismo” solo baste mirar a un hecho contundente: la Secretaría de Salud y la Cancillería declararon como información reservada por cinco años los contratos para la compra de vacunas contra la covid-19 con tres farmacéuticas: CanSino Biologics, AztraZeneca y, precisamente, Pfizer/BioNTech. ¿La justificación? Que los acuerdos con esos laboratorios “están en proceso” y darlos a conocer “afectaría” las negociaciones. Así se las gasta el gobierno que pretende desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información.
Pero algo debe estar verdaderamente podrido dentro de la “estrategia” del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” que unas cuantas horas después del anuncio presidencial de la “reducción” del número de dosis de las vacunas de Pfizer, renunció a su cargo Miriam Esther Veras Godoy, quien asumió apenas en el mes de diciembre la encomienda como la encargada a nivel nacional del Programa de Vacunación Universal del gobierno federal.
Aunque oficialmente se aducen las clásicas “razones personales”, la dimisión solo puede deberse a una razón: que Veras Godoy no esté dispuesta a cargar con la responsabilidad –que puede llegar a ser incluso de tipo penal- por las decisiones que se están tomando en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que a todas luces son rayanas a la criminalidad.
Porque en sentido completamente contrario a su discurso –y al que abusivamente utiliza Morena en su propaganda electoral-, sí hay influyentismo y corrupción en la aplicación de las vacunas por parte del gobierno. Solo hay que voltear a ver el uso proselitista que se le está dando a las jornadas de vacunación, en las que se está dando un papel protagónico a los llamados “servidores de la nación” –la estructura gubernamental-electoral del lopezobradorismo- en lugar del personal médico, con los riesgos sanitarios que ello implica. Ni qué decir de los abusos de los “honestos” funcionarios de la “4t” que han traficado influencias para ser vacunados antes de su turno, como por ejemplo una regidora de Morena del Ayuntamiento de Acapulco que hasta lo presumió en redes sociales.
El camino hacia el desastre ha estado marcado desde que el gobierno decidió gestionar la pandemia con criterios políticos y no sanitarios. Y las consecuencias, irrefutables, inocultables e inexcusables, se pueden resumir así: hasta la noche de este domingo hay 140 mil 704 muertos –reconocidos oficialmente- a causa de la covid-19, 11 mil 170 nuevos contagios en un solo día y un total acumulado de un millón 641 mil infecciones.
¿En qué realidad alterna esto no es una catástrofe?
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