Por Aurelio Contreras Moreno
Las malas prácticas, la discrecionalidad y la opacidad con la que se manejan los gobiernos de la autoproclamada “cuarta transformación” quedaron exhibidas en todo su esplendor en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2019, presentado el pasado fin de semana por la Auditoría Superior de la Federación.
En apenas el primer año de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el ente fiscalizador encontró irregularidades multimillonarias en el uso de los recursos presupuestales. Al estilo de las más corruptas administraciones del pasado.
Las anomalías en el gasto del gobierno federal detectadas por el órgano fiscalizador ascienden a 67 mil 498 millones de pesos, un monto casi nueve veces mayor que el identificado en uno de los casos emblemáticos de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto: la llamada “Estafa Maestra”, cuyos desvíos –también reportados en su momento por la Auditoría Superior de la Federación- fueron por siete mil 670 millones de pesos.
Pero el informe de la ASF es un compendio de todo lo que puede hacerse mal en la administración pública. Tanto el gobierno federal como los de las entidades federativas dejaron sin aclaración el uso de 98 mil 974 millones de pesos, que podrían constituir daño al patrimonio de los mexicanos si no se comprueba satisfactoriamente su disposición.
Uno de los rubros que destaca es el de los programas sociales del gobierno de la “4t”, en donde los auditores detectaron anomalías por seis mil 907 millones de pesos, entre las cuales se encuentran gastos sin comprobar por 126.5 millones en “Jóvenes construyendo futuro”.
Asimismo, la Secretaría del Bienestar no comprobó el pago de pensiones a entre 71.3 y 81.3 por ciento de los beneficiarios entre personas con alguna discapacidad; tampoco comprobó el pago de salarios a “servidores de la nación” por un monto de 15.9 millones de pesos, mientras que realizó transferencias a 789 cuentas bancarias relacionadas con dos o más personas por 85.2 millones de pesos. Entre otras.
En cuanto a las obras “faraónicas” del sexenio, la ASF reportó el ejercicio irregular de 236.3 millones de pesos en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía; de 135.3 millones en el Tren Maya y de 75.5 millones en la refinería de Dos Bocas, la cual, por si no bastase, comenzó a construirse sin contar con estudios sobre su viabilidad.
Especial atención merece el apartado en el que la Auditoría Superior de la Federación establece que la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco costó un 232 por ciento más de lo que dijo el gobierno de López Obrador: de los cien mil millones que estimaba la administración federal, el monto aumentó a 331 mil 996 millones 517 mil 600 pesos debido a todas las implicaciones legales y administrativas del capricho más caro de la historia de México, el cual debería llevar a fincar responsabilidades penales por lo que, no hay duda, representa un gigantesco desfalco al erario.
El “rosario” de inconsistencias y malos manejos parece inacabable y deja muy mal parado a un régimen que finca su discurso en el combate a la corrupción, pero que en los hechos la alimenta como cualquier otro de la satanizada “etapa neoliberal”. Si no es que más aún.
Y precisamente porque desnuda la incapacidad, la falta de transparencia, la chapucería y el despilfarro y deshonestidad en el uso de los recursos por parte del gobierno de la dizque “cuarta transformación”, es que el presidente López Obrador montó en cólera y acusó a la ASF de “prestarse” a las “campañas” de sus “adversarios” y le “sugirió” al autónomo ente fiscalizador del Poder Legislativo realizar las “precisiones” necesarias, antes de que su gobierno lo haga. Una amenaza directa.
No solo no se acabó la corrupción. Se han convertido en su más acabado epítome. Y solo fue lo del primer año.
Por más de tres mil millones, desvíos en Veracruz
La Auditoría Superior de la Federación también revisó el manejo de los recursos federales en los estados de la República. Y en Veracruz se encontró con un posible daño patrimonial por tres mil 115 millones de pesos, de los cuales dos mil 961 se concentran en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, particularmente en las secretarías de Educación, Salud y de Finanzas y Planeación.
La voracidad es atroz.
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