Por Aurelio Contreras Moreno
Mientras la atención mediática, social y política se centraba en las marchas y protestas de mujeres en el marco de la conmemoración del #8M, en el Senado de la República dieron el primer paso para asestar un nuevo golpe a las víctimas y en especial, a las mujeres de este país.
Las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores aprobaron el dictamen para emitir una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que incluye también reformas a otras 66 leyes federales que mandatan la participación del organismo encargado de la procuración de justicia en diferentes Sistemas Nacionales.
Uno de éstos es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual fue creado en 2007 como “un mecanismo interinstitucional que coordina esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.
Este sistema está reglamentado a su vez por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 36 fracción I establece que sea integrado por las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Educación Pública, Salud, Cultura, Trabajo y Previsión Social, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como por la Comisión Nacional de Seguridad y la Fiscalía General de la República, junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia y los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.
Pues bien, la reforma aprobada en comisiones por la mayoría de Morena y el PES –con la sospechosa abstención del PRI- y que será remitida al pleno del Senado en los próximos días establece sacar a la Fiscalía General de la República del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
También se contempla con esta enmienda la salida de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda. En su lugar, quedaría en calidad de “invitada permanente”, con derecho a voz pero sin voto. ¿La razón argüida por la Fiscalía? Que su inclusión en estos sistemas “vulnera” su autonomía, ya que estas normas se establecieron cuando aún era Procuraduría y era una dependencia más del Poder Ejecutivo federal.
Pero esto va mucho más allá de ser un mero entuerto administrativo. Las implicaciones de esta reforma son verdaderamente graves, pues al no participar el órgano procurador de justicia activa y obligatoriamente en estos mecanismos de coordinación, se debilita en general la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las víctimas y de los derechos de las mujeres en México.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció respecto de esta iniciativa de reforma cuando fue originalmente presentada, señalando que representaría “un claro retroceso en la búsqueda de personas desaparecidas en México” que afectaría las “obligaciones convencionales” del Estado mexicano para indagar todas las desapariciones en el país.
Para la comisionada nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, en el Senado se dio “un golpe a la construcción colectiva de las mujeres y la búsqueda de desaparecidxs (sic) en este país”, violando además la garantía del derecho a ser buscado y a la participación de las familias.
Mientras eso sucedía, en el zócalo de la Ciudad de México las mujeres que protestaban eran repelidas con bombas de gas, balas de hule y hasta botellas con orines por la policía del “humanista” régimen de la fallida “cuarta transformación”.
Y luego se preguntan las razones de tanta furia.
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