El robo de combustibles en nuestro país se ha convertido en una de las principales luchas de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador; una de ellas es el robo de combustible desde la red que la transporta y la otra es la evasión fiscal.
El 27 de diciembre de 2018 fue cuando se presentó la estrategia contra el robo de combustible, que costó 66 mil 700 millones de pesos a Petróleos Mexicanos (Pemex) tan sólo en 2017.
Sin embargo, a la par del robo de combustibles, el crimen organizado también operaba con el contrabando lo que llevó a otra forma de huachicoleo: el fiscal, con el que se están evadiendo millones de pesos y no se están reportando al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Actualmente esta modalidad se ha fortalecido en la frontera norte del país. Su modus operandi es el siguiente: aprovechando la facilidad con la que se otorgaron permisos de importación de combustibles, las empresas ‘huachicoleras fiscales’ ingresan diésel y gasolina al país, pero lo hacen como aceites y lubricantes, con lo que no pagan ni el IEPS, ni aranceles.
Este esquema les permite ganar 8 pesos por cada litro de combustible, con lo que el SAT no estaría percibiendo 15 mil millones de pesos al mes, unos 20 millones de pesos cada hora. Asimismo, cobran IVA por algo que no pagaron y además de burlas a las autoridades fiscales, se aprovechan de los consumidores finales.
Las entidades afectadas por este contrabando de combustibles están Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde además de evadir impuestos, está afectando al mercado gasolinero de la zona.
Del otro lado, el robo no ha disminuido, pues hubo un aumento del 17 por ciento en las tomas clandestinas, tan solo en enero pasado. Cifras de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex indican que se realizaron mil 34 tomas clandestinas en la red en dicho mes, un promedio de 33.3 diarias.
Durante el mismo mes, pero del año pasado, se contabilizaron 886 perforaciones, es decir, 28.5 al día.
Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas son las entidades controladas por los grupos delictivos que se dedican a este delito, concentrando un 85 por ciento de las tomas clandestinas.
Los datos son duros y muestran que aún no se consigue una victoria frente a esta modalidad delictiva que está costando millones de pesos al erario y al pueblo de México.
