Contrario a lo que señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre no rescatar a ninguna institución financiera, recientemente envió una iniciativa a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), para salvar a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) forzando a otras casas de bolsa a realizar una repartición, de al menos el 30 por ciento de sus operaciones diarias, y destinarlas a BIVA.
Aunque BIVA cuenta con el apoyo del gobierno, reportes recientes señalan que su desempeño ha sido deficiente, y no ha logrado más que llegar a operar apenas el 2% del mercado, lo que la ubica como una empresa inviable por el nivel de gastos que requiere su operación.
Es por esto, que el gobierno ahora promueve ajustes en el mercado bursátil para favorecer a BIVA, institución que aglutina intereses de gran parte de empresas y élites políticas, y que en sus orígenes fue una iniciativa que promovió en 2017 el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña.
En riesgo fondos de Pensionissste
Asimismo, la iniciativa del presidente podría pegar directamente a la población, debido a que para fondear a BIVA se tomaron recursos de las Afores, principalmente de Pensionissste, por más de 650 millones de pesos.
Si quiebra, se perderá el dinero del retiro los trabajadores de la administración pública y si la rescatan, los empresarios privados ganarían.
Por su parte, especialistas en el sector financiero, pronostican que las intenciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que encabeza esta nueva iniciativa, representa una violación a la libre competencia, y provocará una distorsión en el mercado accionario, así como un incremento en los costos operativos de los intermediarios.
Esta nueva iniciativa también viola el Artículo 28 Constitucional, tutelado por la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), pues establece como una obligación, realizar una repartición de mercado para favorecer a BIVA, lo que elimina la libre competencia, establecida en dicho artículo.
Además pone en riesgo al gremio bursátil y propicia la salida de competidores, al establecer barreras y divisiones en ese sector, ya que altera la libre elección de las empresas para decidir sobre sus proveedores y sus insumos.
Cabe señalar que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que fue suspendida definitivamente y también impulsó el presidente como preferente, violaba el mismo artículo constitucional, al dañar la libre competencia y concurrencia, algo muy similar a esta nueva iniciativa, solo que en el sector bursátil y la LIE en el sector energético.
