CIUDAD DE MÉXICO.- Florian Tudor, presunto líder de la Mafia Ruman, ha conseguido mediante un nuevo amparo, una suspensión por parte de un juez; esto se realizó con la finalidad de evitar ser víctima de actos prohibidos por la constitución.
Dicha suspensión blinda a Tudor de ser incomunicado, deportado, expulsado y/o extraditado.
“Se concede a Florian Tudor, la suspensión de plano respecto de los actos consistentes en la incomunicación, deportación, expulsión en calidad de extranjero y/o extradición, así como por cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, para el efecto de que las autoridades responsables de manera inmediata no se ejecuten, los hagan cesar o, en su caso, se abstengan de llevarlos a cabo; por lo que para su debido cumplimiento, las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, de inmediato deberán abstenerse de llevar a cabo los citados actos contra el impetrante”, ha mencionado el juez Antonio González García.
De acuerdo con La Opinión de México, el juez Décimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México le concedió una suspensión de plano para evitar su entrega a las autoridades rumanas.
Hasta ahora se han contabilizado dos amparos tramitados por Tudor para evitar ser extraditado; desde su detención ha sido requerido para iniciar con el procedimiento.
HISTORIAL
LIBERAN ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE FLORIAN TUDOR
Florian Tudor «El Tiburón», el presunto líder de la «Mafia Rumana», cuenta de una orden de aprehensión en Rumanía, la cual fue concedida por el tribunal de Bucarest por los delitos de instigación para el intento de asesinato, chantaje y la formación de un grupo delictivo.
Tras un largo proceso legal en Rumania, la Dirección de Investigación contra Delincuencia Organizada y Terrorismo (DIICOT) de la Fiscalía de Rumania, han conseguido la orden de aprehensión en contra de Tudor, asentado en Quintana Roo, Florian Tudor junto con su banda, se dedicaban a la presunta clonación de tarjetas bancarias en diversos destinos turísticos.
Entre México y Rumania no existe tratado alguno de extradición, sin embargo, desde 2018 ambas naciones han acordado detallar instrumentos pendientes para la exitosa cooperación policial, intercambio de información y en consecuencia, la extradición.
Aun así, las autoridades mexicanas siguen poniéndolo en la mira, en particular la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la responsable de la congelación de las cuentas ligadas a la «Mafia Rumana», más la ya conocida denuncia que se había presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Hoy día, Florian Tudor sigue negando las acusaciones en su contra, y ha recalcado que hay una campaña de desprestigio proveniente directamente del gobierno de Quintana Roo. El presunto líder ha causado revuelo recientemente pues se reunió con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Ícela Rodríguez, por las órdenes directas de Andrés Manuel López Obrador.
En aquella ocasión, Rodríguez le había conseguido a Tudor una cita con UIF, sin embargo, él no asistió.
SE PLANEÓ TODO EN BUCAREST
Los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge Angulo, según información de inteligencia que apunta a que en esta red de protección estaban involucrados
También, participaron diputados del Partido Verde y ex alcaldes priístas y perredistas de la entidad, incluido Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún y operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo según datos en poder de Sol Quintana Roo
De acuerdo con una investigación conjunta de la OCCRP -Organized Crime and Corruption Reporting Project-, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la organización Quinto Elemento Lab, el Buró de Investigación Federal de Estados Unidos (FBI) y la Dirección en Combate al Crimen Organizado (DCCO) de la Policía Federal de Rumanía habían invitado a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) a reunirse en Bucarest del 13 al 18 de mayo de 2019, para coordinar una investigación multinacional en torno a las actividades ilícitas de Florian Tudor, en particular la clonación de tarjetas.
El expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador constitucional de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos criminales.
El ex gobernador priísta, también, fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Durante su gestión, la Auditoría detectó un desvío de fondos por 20 millones de pesos.
Después, Roberto Borge, ex mandatario ya preso, dio protección a Tudor para que continuara sus operaciones.
A la par de las conexiones políticas, el gabinete de seguridad tiene documentada la existencia de un aparato de funcionarios de la fiscalía quintanarroense y policías locales que ayudaron en la protección al capo rumano.
LA INVESTIGACIÓN
Una investigación realizada por la DEA y el FBI puso al descubierto que los ex gobernadores Félix González Canto, Roberto Borge Ángulo y la Fiscalía de Quintana Roo, presuntamente protegieron y colaboraron con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, “El Tiburón”.
Organización dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes, documentado hace mas de un año por Sol Quintana Roo.
La información de inteligencia apunta a que en esta red de protección estaban involucrados los ex gobernadores priístas de Quintana Roo, así como diputados del Partido Verde y ex alcaldes priístas y perredistas de la entidad, incluido Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún. También operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo.
Entre estos se encontraba Pablo Mauricio Amezcua Dorador, ex director de Fiscalización de Quintana Roo y detenido en 2019 en Miami, Florida, por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo.
Amezcua confesó en Panamá que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollo inmobiliarios.
La DEA lo identifica como el encargado de conectar vía Cancún-Rumanía el tráfico ilícito de sustancias y la trata con fines de explotación sexual.
También, Jesús Aíza Kaluf, El Sirio, quien fue subdirector de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, Quintana Roo, en 2014.
Actualmente, conforme a las investigaciones de inteligencia del gabinete de seguridad, es accionista de tres empresas y abogó ante la Fiscalía General de la República a favor de Tudor y Adrián Cosmin, su principal socio.
ACUERDO DE GABINETE
Como se recordará, a partir del 29 de octubre de 2020, el gabinete de seguridad acordó reforzar la investigación contra esta red de estafadores, con lo que se logró que la Unidad de Hacienda congelara la semana pasada 79 cuentas, entre las que se encuentran las del rumano Florian Tudor, sus empresas y operadores financieros.
ASÍ OPERABA LA MAFIA RUMANA
Según el informe de inteligencia, la mafia rumana se alió con varios políticos pertenecientes al PVEM, PRI, PRD, PT y Morena para financiar sus campañas a cambio de proteger sus actividades ilícitas una vez estando en puestos gubernamentales.
El grupo delictivo operó de esta manera desde las campañas políticas de 2014 hasta las de 2018.
Presuntamente, López Salazar y Zetina Barriga, quienes eran operadores políticos, se acercaron por su propia cuenta al grupo delictivo para solicitar dinero a cambio de su protección.
Aunque René Bejarano se encuentra entre la lista de los políticos que ayudaban a operar al grupo delictivo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, negó que sus cuentas bancarias fueran congeladas como parte del operativo contra los presuntos integrantes de la red criminal.
“Respecto a lo publicado en un medio de comunicación, en la investigación de la UIF, así como en el bloqueo y en la denuncia que presentaremos esta semana contra la banda de rumanos y mexicanos clonadores de tarjetas, se aclara que no aparece René Bejarano en ningún momento”.
Los otros involucrados son Remberto Estrada Barba, expresidente municipal de Benito Juárez y diputado federal de Quintana Roo de 2015 a 2018, señalado por obtener una fortuna millonaria a través de la licitación de obra pública durante su gestión.
También está Jesús Aíza Kaluf, quien fue subsecretario de operaciones de la SSP en Veracruz y abogó por Florián Tudor ante la FGR; así como Laura Lynn Fernández Peña, expresidenta municipal de Quintana Roo acusada de gestionar, desviar y justificar grandes cantidades de dinero.
Otro implicado es el morenista José Luis Jonathan Mendoza, aspirante a diputado local, su pareja sentimental, Silvia González Franco, exfuncionaria de la PGR; y su padre, José Luis Yong Cruz, acusados de relacionarse con el tráfico de indocumentados cubanos.
Asimismo, está José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local señalado por tráfico de influencias, corrupción e ineficiencia; relacionado también con los exgobernadores González Canto y Borge Angulo.
EL FBI VS TUDOR
El FBI seguía los pasos de Tudor por su presunta participación en una red que había saqueado fondos de cajeros automáticos en Nueva York.
A dos días de que se efectuara la reunión en la capital de Rumanía, un juez emitió una orden para que agentes de la FGR, en coordinación con policías estatales, realizaran una serie de cateos en inmuebles que las autoridades vinculaban con Tudor.
El primer domicilio que catearon fue el ubicado en la calle Róbalo 52 de Cancún.
En la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000364/2019, se incluyó el testimonio de Diaconu Marian, uno de los rumanos que estaban en la vivienda cuando irrumpieron los agentes federales:
“El 11 de mayo de 2019, aproximadamente como a las 5:30 a.m. se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes con sus amigos en el interior del domicilio ubicado en la calle Róbalo; se quedó solo y fue que escuchó el frenado de varios vehículos y se asomó por la ventana y vió gente corriendo, comenzó a subir hasta el último piso del edificio y se escondió en donde se encuentran los equipos de aire acondicionado y fue que ahí lo encontraron.
Manifestó que trabajaba para Tudor, quien tiene una empresa de casa de cambio, un gimnasio, que en ese lugar vive Tudor en la planta baja con su esposa, de nacionalidad brasileña, y su bebé Eric.
Además, sabe que lo cuidan seis personas de nombre Sergio, Rosado, Jesús, Rodolfo y una mujer de nombre Martha, y sabe que siempre van armados, se mueven en una Cadillac Escalade negra, Mercedes negro, Dodge Ram y/o una Nissan Xtrail negra”.
Minca Minhai Adrián, de 25 años, quien se presentó como “boxeador de tiempo completo”, fue otro de los testimonios incluidos en el reporte: “El día 11 de mayo de 2019 se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto con Diaconu Marian en el área común que se encuentra en el segundo piso, refiere que fue cuando escucharon el frenado de los vehículos en el exterior del inmueble y posteriormente vieron la presencia de elementos de corporaciones policíacas, quienes ingresaron al domicilio, rompiendo la puerta de acceso, motivo por el cual bajó a ver qué sucedía y fue cuando lo detuvieron”.
Jesús Morales Acarias, uno de los escoltas de Tudor, fue detenido por la portación de armas de fuego, y relató así la forma en que ocurrió el cateo: “Siendo aproximadamente las 5:30 de la madrugada escuchó que se estacionaron varios vehículos de la Policía, le indicaron que abriera la puerta y le mostraron la orden de cateo a través del vidrio y posteriormente le avisó al dueño de nombre Florian Tudor, le indicó que en ese momento bajaba y fue cuando entraron los policías y le dijeron que se pusiera en el piso.
Lo revisaron y le quitaron el arma de la marca Glock que es del trabajo y la tiene asignada con portación, y aparte le encontraron otra arma Glock calibre 380 y el (rifle) R15 calibre 22”.
En el anterior, relato que coincidió Ángel Rosado Hernández, otro de los escoltas de Tudor, al que también se le decomisó un arma.
El mismo día del cateo a la residencia de Tudor se efectuaron más intervenciones policíacas en un domicilio del mismo empresario rumano en Avenida Cobá, y el 12 y 14 de mayo en dos ranchos.
Tudor y cinco de sus colaboradores fueron detenidos en los cateos, aunque el líder de la banda fue liberado tras promover un amparo en el que alegó que lo habían arrestado ilegalmente e incomunicado por más de 36 horas.
VÍNCULO CON “LOS PIRATAS DE BORGE”
Gerardo José Rejón, Presidente del Instituto Político Empresarial del PRI es un personaje polémico; fue socio fundador de IDN, una empresa que las autoridades fiscales y de justicia identificaron en 2010 que era utilizada para evasión fiscal y presunto lavado de dinero de políticos y equipos de futbol.
En 2017, otra empresa fundada por él (Excel Administrative Services) fue declarada como “fantasma” o simuladora de operaciones para evadir impuestos.
En 2016 fue involucrado en el esquema de saqueo revelado por MCCI y Expansión conocido como “Los Piratas de Borge”, en el que, en forma fraudulenta, se despojó a particulares de inmuebles para entregarlos a empresarios y políticos allegados al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, actualmente preso.
Un caso: La inmobiliaria que desarrolló el complejo Maioris Tower, en Cancún, fue despojada de 19 departamentos de lujo valuados en 10 millones de dólares, con escrituras falsificadas, y Rejón fue uno de los beneficiados.
Luis Gabriel Palacios Velasco, que certificó en 2013 la constitución de Top Life Servicios, la principal empresa fachada de la banda rumana, también fue involucrado por supuestamente ayudar a uno de los “piratas” de Borge, un magistrado de Quintana Roo, a apropiarse de propiedades en Cancún y subastarlas a empresas fantasma sin el conocimiento de sus dueños.
En 2015, Palacios aprobó la creación de Investcun, que fue usada por la organización para blanquear los beneficios obtenidos con la estafa del skimming de cajeros mediante la compra de propiedades en Cancún.
Identidad falsa que presentó Adrian Constantin Tiugan para constituir Top Life Servicios ante el notario Luis Gabriel Palacios Velasco, involucrado en el caso de corrupción de “Los Piratas de Borge”.
VÍNCULO CON LOS ‘MOCHES’ DEL PAN
La trama alrededor de la agencia cambiaria de Tudor también incluye a dos personajes que trabajaban para una empresa involucrada en el esquema de “moches” o sobornos en el PAN.
El 26 de enero de 2018, tres meses y medio antes de que Tudor transfiriera sus acciones en Brazil Money Exchange a Fabricio Ledesma, una hermana de éste, de nombre Katia Isadora Ledesma Heinrich, había creado en Cancún la empresa Master Exchange Centro Cambiario.
Esta nueva empresa está estrechamente ligada con la casa cambiaria de Tudor; Master Exchange es la marca comercial o razón social y Brazil Money detenta el permiso para las operaciones de divisas, el cual fue otorgado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en febrero de 2012 y fue renovado en julio de 2017.
Las dos empresas son una sola y, a la fecha, cuentan con 10 oficinas en sitios turísticos de Quintana Roo, Baja California y Guanajuato.
Katia Isadora Ledesma está asociada en Master Exchange con Gabino Jiménez Vázquez, un empresario originario de la Ciudad de México, pero residente en Playa del Carmen, y con Alejandro Carapia Toledo, un abogado originario de Mérida.
Tanto Gabino Jiménez como Alejandro Carapia habían trabajado como directivos de Golfmex Development, una empresa involucrada en el presunto cobro de sobornos para financiar en 2011 la precampaña electoral a la Presidencia de México de Ernesto Cordero, en ese entonces secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón, del partido de derecha PAN.
Golfmex fue constituida el 28 de febrero de 2003, en Mérida, por el hijo de un notario yucateco y el 28 de noviembre de aquel año se nombró a Gabino director financiero.
Años después, en enero de 2010, Carapia se integró a la misma empresa como director jurídico.
En una serie de reportajes publicados entre abril y mayo de 2013 en el diario Reporte Índigo, la periodista Georgina Howard afirmó -con base en documentos y testimonios- que los representantes de Golfmex recorrieron cientos de municipios en todo México para convencer a los alcaldes que aportaran dinero para, a cambio, gestionar ante Cordero inversiones federales para obras.
Este esquema de corrupción es conocido en México como “moche”, en donde se condiciona la entrega de fondos federales a cambio de un soborno, pago o comisión.
Las cuotas por cada Alcaldía iban de 17 mil a 200 mil pesos por el trámite y la gestión, por lo que el fraude estimado ascendería hasta a 240 millones de pesos (unos 20 millones de dólares al tipo de cambio de entonces).
Según los reportes, Gabino acudió en 2011 a una reunión efectuada en la calle de Homero 209, décimo piso, en el exclusivo barrio de Polanco de la Ciudad de México, en donde cada uno de 180 alcaldes pagó 17,400 pesos (alrededor de 1,450 dólares) que les solicitaron a cambio de gestionar inversión pública ante Cordero.
Al momento de recibir fondos federales pagarían un porcentaje adicional.
No obstante, los fondos públicos para obras nunca llegaron, por lo que algunos alcaldes defraudados creen que el dinero recaudado por Golfmex fue para financiar la malograda precampaña de Ernesto Cordero, quien no logró obtener la candidatura presidencial.
En respuesta, Cordero calificó de “absolutamente falso y una mentira” su participación en el fraude a los alcaldes y aseguró que no conocía a Gabino ni a ninguna de las personas que supuestamente recaudaron dinero a su nombre.
Además de ser socio de Master Exchange, Gabino es el administrador único de la empresa.
Con ese cargo fue que en abril de 2018 acudió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a registrar la marca de la casa de cambio; el trámite lo realizó cuando Tudor todavía tenía injerencia como socio en Brazil Money.
La marca Master Exchange fue registrada en abril de 2018 por la firma Consorcio Empresarial Century (CEC), cuyo director es Fabricio Ledesma, y tiene un perfil casi idéntico a las empresas de consultoría de su socio Gerardo José Rejón -el líder nacional de los empresarios priístas-, dedicadas a servicios financieros, contables y de administración de recursos humanos o subcontratación, el llamado “outsourcing”.
CEC fue creada el 31 de agosto de 2015 y los socios fundadores son vecinos de colonias populares de Cancún.
El comisario de la empresa es un hombre de 50 años que trabaja como conductor en una combi de transporte público.
Corporativo Comercial Century, otra empresa vinculada, tiene como supuesto dueño a un hombre de 69 años de edad que aparece en el padrón de subsidios para las personas más pobres de Quintana Roo.
LA PROTECCIÓN A TUDOR
El grupo de Tudor tiene la protección de funcionarios estatales de Quintana Roo, aseguró en entrevista el ex delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en aquella entidad, Javier Ocampo García, quien en coordinación con otras instancias del gobierno federal y del FBI encabezó en 2019 una investigación sobre las presuntas operaciones ilícitas de la banda de rumanos.
-En el transcurso de la investigación en la que usted participó ¿Tuvo indicios o evidencias de que había protección de algún nivel de autoridad hacia este grupo?- se le preguntó.
-Sí. Hay los suficientes elementos e indicios. Incluso, yo los podría declarar ante una institución de investigación formal -respondió.
-¿De qué nivel de gobierno estamos hablando? ¿Del ahora, del pasado?
-Del tiempo que me tocó vivir, el que me consta, es el actual, en el estado de Quintana Roo.
Mencionó que la protección al grupo de Tudor no sólo se da en Quintana Roo, sino también en otros estados.
“Algunas fiscalías tienen información sobre su modus operandi. En ocasiones podrán no ser mucho de competencia del fuero común, pero sin embargo (Tudor y su grupo) sí se acercan a ellos para tener cooptada la voluntad de algunas fiscalías para su trabajo y para ellos, como sucede en Cancún”.
Ocampo García aseguró que la investigación en torno al grupo de Tudor no la realizó en forma aislada la FGR, sino que sumó a distintas dependencias federales, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, el área de inteligencia de la Policía Federal (hoy Guardia Nacional), además de agencias extranjeras como el FBI y la DEA.
“No era una investigación tan simple porque necesitas el apoyo de distintas áreas. El FBI cuenta con mucha información sobre el tema. Seguramente el DEA, por ahí se han publicado algunas notas en medios que DEA los tiene identificados con algunas actividades vinculados con la función del DEA, que es el tráfico de droga. Policía Federal en su momento, hoy Guardia Nacional, también tiene mucha información de ellos”.
De hecho, mencionó que fueron elementos de la Marina los que en 2018 compartieron información a los integrantes del grupo de coordinación de seguridad de Quintana Roo, acerca de que en la zona de los cenotes se había visto a un grupo de rusos armados. Luego se supo que los sospechosos no eran rusos, sino rumanos.
La Secretaría de la Defensa Nacional aportó, posteriormente, más información y fue así que inició una investigación de distintos cuerpos de seguridad en torno al grupo de Tudor.
El 30 de marzo de 2019, en respuesta a un reporte de la presencia de hombres armados, la Policía Militar y la Policía Municipal de Puerto Morelos establecieron un puesto de revisión en el kilómetro 21 de la carretera que comunica a Cancún con el poblado de Leona Vicario, en donde arrestaron a Florian Tudor y a su socio y paisano Cosmin Adrian Nicolae, al encontrarles dos armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y alrededor de 500 mil pesos en efectivo.
También se retuvo como sospechosa la camioneta Cadillac, color negra, en la que viajaban Tudor y su socio.
El vehículo era propiedad de una agencia vehicular de San Pedro Garza García, Nuevo León, pero llevaba placas de Quintana Roo.
Tudor argumentó que se dirigía al poblado de Leona Vicario donde tiene 1,400 hectáreas de propiedad y aproximadamente 80 trabajadores en la construcción de un complejo habitacional y que, como era día de pago, le tocó llevar la nómina en compañía de su socio Cosmin.
Ante las autoridades mencionó que sus socios en ese desarrollo inmobiliario son de nacionalidad rumana, libaneses y de Moldavia.
La Policía le aseguró a Tudor una pistola calibre 9 milímetros marca Glock, con cargador y 14 cartuchos, además de 16 mil 500 dólares y 164 mil 800 pesos en efectivo.
A su socio le decomisaron otra pistola y 12 mil dólares, según consta en la carpeta de investigación FED/QR/CUN/0000261/2019.
Por la portación de las armas, ambos fueron vinculados a proceso penal.
AM.MX/fm
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