*Que no nos venga el presidente con el argumento de que una ONG como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad comete acto de traición y lesiona su imagen. Si este gobierno de la 4T no resuelve lo que ofreció solucionar, alguien tiene que hacerlo o, al menos, denunciarlo
Gregorio Ortega Molina
Es momento de decirlo con todas sus letras: el modelo político mexicano se pudrió. Si en algún momento fue opción democrática, hoy es una porquería. Los partidos se corrompieron y -aparentemente- nos dejaron sin opciones.
¿Cómo corregir, proponer y llamar la atención de líderes y organizaciones no afiliadas a los institutos políticos, y hacerlo dentro de la legalidad? Creo que la respuesta adecuada está en servirse de las ONG’S, porque su ámbito de acción corre paralelo al mandato constitucional que nuestros gobernantes no cumplen ni preservan.
¿Quiénes están satisfechos con el modelo educativo mandatado en el artículo tercero constitucional? La educación básica y media dejó de responder a las necesidades de desarrollo humano, y el Estado incumple, porque -es constatable- los niveles de analfabetismo y analfabetismo funcional son alarmantes, y los sindicatos dominan políticamente ese ámbito, determinan cómo y cuándo han de hacerse los cambios, las propuestas y las modificaciones a los textos que deben dar sentido a la vida, y no convertir a los alumnos en futuros rehenes ideológicos y electorales.
Ni mencionemos al sector salud, cuya funcionalidad debe obedecer a razones estrictamente humanas y administrativas, pero hace años constatamos que es una de las principales fuentes de clientelismo electoral. Los derechohabientes ven restringida toda su oportunidad de vida al momento de jubilarse.
El trabajo, la vivienda, la dignidad de vivir; los otros derechos humanos, como el desarrollo de actividades en defensa del ambiente, de la libertad de expresión, el combate a la corrupción y la impunidad. Si los partidos se cierran y humillan ante los intereses del poder económico y político, si abandonan a sus afiliados y militantes, y el desarrollo social y la democracia se pudren, las opciones abiertas están en las ONG’S, aunque colaborar y promover las actividades cívicas, sociales y políticas desde esas organizaciones, no pocas veces signifique la muerte.
En nota de El País del último 16 de abril, leímos lo que comparto con ustedes: “En 2019 y 2020, 45 activistas han sido asesinados en México, según un informe publicado este jueves por Red TDT, que identifica a los defensores comunitarios como los más vulnerables: 19 de ellos murieron por proteger la tierra y el territorio.
“La asociación ha documentado decenas de crímenes contra defensores medioambientales, comunitarios, de los derechos humanos o del colectivo LGTBQ. Entre el río Suchiate y el río Bravo, los activistas están siendo asesinados. Red TDT indica, en su informe Semillas de Dignidad y Lucha. Situación de Personas Defensoras en México, 2019-2020, que las agresiones “se han diversificado” y han sido perpetradas “por agentes del Estado, empresas o crimen organizado -muchas veces en colusión con las autoridades-”, pero considera que todas ellas son “responsabilidad del Estado”. “México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos”, afirma el informe. Esta conclusión se suma a la advertencia de la Organización de Naciones Unidas sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas defensoras en el país”.
Que no nos venga el presidente con el argumento de que una ONG como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad comete acto de traición y lesiona su imagen. Si este gobierno de la 4T no resuelve lo que ofreció solucionar, alguien tiene que hacerlo o, al menos, denunciarlo.
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@OrtegaGregorio
