Lilia Arellano
“Las leyes muelen al pobre, y los ricos controlan la ley”: Oliver Goldsmith
• Sin voluntad política
• Cambios hacia más leyes inoperantes
• ¿Cuáles valen?, ¿federales o locales?
• Brexit pega al peso y al presupuesto
• Deuda pública, en niveles históricos
• Despilfarro de dólares en plena crisis
Junio 28, 2016.- Existen derechos constitucionales no cumplidos, pero como sucede cuando de aplicar la ley se trata, algunos sectores logran se reconozcan los errores y se actúe realizando modificaciones en las cuales queda implícito el retroceso por la vía del veto, siendo éste una facultad del Ejecutivo Federal. Tal sucedió con la controvertida Ley 3de3, cuya redacción para su aprobación no cuenta con los renglones de mayor claridad expresados a través de un texto entregado a los legisladores y al propio inquilino de Los Pinos acompañados con el respaldo de firmas de miles de ciudadanos. En la exigencia de transparencia nunca se habló de requerir la presentación del mismo formato aplicado a funcionarios para los empresarios con tratos con el gobierno.
Esta reacción pronta de Enrique Peña Nieto, una vez realizada una manifestación de empresarios en la avenida Paseo de la Reforma, culminada en el Ángel de la Independencia y habiendo logrado ser recibidos en audiencia el jueves próximo pasado, misma que duró tres horas y en la que estuvieron presentes líderes de las cúpulas patronales encabezados por Juan Pablo Castañón del Consejo Coordinador Empresarial, en donde se consiguió la modificación de los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ha mostrado el poder de la distracción, de la fabricación de cortinas de humo ocultando lo verdaderamente relevante.
A partir de la escandalera porque el 29 señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos en la Constitución, la información contenida así como la elaboración de los formatos para presentarla, estarán en manos del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Las modificaciones ofrecidas llegaron ya al terreno de los jueces y de la mismísima Corte en busca de un manto superior de impunidad.
El 32, el más reclamado, cita: todo particular sea un individuo o una empresa que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del gobierno, debe presentar sus declaraciones patrimoniales, dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio y su declaración de intereses. Se hace extensiva esta obligación a la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función dentro de la misma. Resultó de tal extrañeza esa disposición que logró la paralización, inclusive, de los sindicatos. Todas las organizaciones de protección a la clase trabajadora enmudecieron, los empresarios hicieron valer de inmediato su peso en una economía tan debilitada y dependiente como la nuestra para quedar exentos de una obligación que, dirigida hacia sus personas, no estaría nada mal si de ejecutar acciones contra la impunidad y la corrupción se trata.
Reconocieron los cerebros asesores de la Presidencia que es totalmente imposible procesar millones y millones de declaraciones, así como absurdo obligar a quienes se pretende ayudar a través de programas como Prospera o a los becarios a la presentación de toda la documentación. El Sistema Nacional Anticorrupción no podría hacer estas operaciones a menos que se pretenda convertirlo en un enorme, gigante, extraordinario elefante blanco, costosísimo además¬. Argumentaron también que el texto enviado para su aprobación es contrario a los derechos humanos previstos en la Constitución, porque afecta de manera excesiva la vida privada y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de los extranjeros que trabajen en una empresa trasnacional.
La exhibición sobre este asunto es grandiosa ya que no sólo demuestra la existencia de la voluntad política para reconocer errores, enmendarlos y actuar en consecuencia sólo si se trata de quienes hacen las aportaciones económicas necesarias y suficientes para las campañas políticas y si están en esas obligaciones aquellos con los cuales se han estrechado lazos con la fortaleza que otorgan las ganancias millonarias compartidas. Es también la más clara demostración de la autorización legislativa sin conocer a fondo lo aprobado. Solamente se requiere asistir y estar dispuestos a utilizar el dedo, ya sea para levantarlo con todo y brazo si se les va la luz o apretar la tecla afirmativa. ¿Ningún legislador notó las violaciones constitucionales y la imposibilidad práctica de llevar un registro multimillonario de documentos? Pedir mayores conocimientos es como creer en las peras del olmo.
Tanto diputados como senadores se aprestaron a la aprobación de la iniciativa sin haberla leído por completo y sin enmienda o sugerencia alguna. Las voces escuchadas entonces fueron las de las organizaciones México Evalúa, Transparencia Mexicana, Fundar, Mexicanos contra la Corrupción, IMCO, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Barra Mexicana de Abogados, los centros CIDE, entre otras, haciendo el recordatorio de más de 60 mil firmas recabadas, muchas de ellas pertenecientes a intelectuales, escritores, periodistas, artistas, etcétera. La cerrazón y la ignorancia, puede comprobarse, no son en el presente características de solo uno de los tres Poderes en los que se divide el sistema.
Y es un hecho se pretenda en el tercero de ellos –el Ejecutivo y el Legislativo entran en el esquema anterior-, el Judicial, se mantenga la opacidad generadora de gran impunidad. Los pertenecientes a los tribunales de justicia, de lo contenciosos administrativo e incluso del electoral, no quieren hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses. En el mismo tenor se manifiestan jueces y magistrados. Tanto unos como otros han demostrado contar con ingresos extraordinarios procedentes de particulares imposibles de declarar dentro de los esquemas legales. Se envió el caso a la Suprema Corte de Justicia en donde 8 de los 11 ministros son los que pueden invalidar la fracción impugnada.
Así las cosas, los artículos de referencia se modificarán en el terreno legislativo; otras enmiendas irán derechito a la Corte. Los empresarios podrán mantener relaciones sin tener obligación alguna de explicar como se inflan los presupuestos de obra o la manera en la cual se “fabrican” los de respaldo y sociedad gubernamental. En tanto estira y afloje y con más y más dependencias, organismos, comités, vigilantes, sólo se destinan fuertes sumas de dinero bueno al malo, al inútil, al que evita se rescate lo desviado. Lo muy necesario y de lo cual se carece en extremo es de VOLUNTAD POLITICA para ejecutar las leyes ya hechas. La exigencia tendría que versar en esta aplicación y en el alejamiento de nuevos inventos cuyos resultados son totalmente fallidos.
Tantas Leyes: Ley Federal de Responsabilidades Administrativas; Ley General de Responsabilidades; Ley Federal de Transparencia, a las que se agregan las que tienen el mismo enunciado solo que “locales”, muestran lo alejado de poder contar con un sistema anticorrupción a toda prueba. Por lo pronto, en la negativa de jueces, magistrados, secretarios y el resto del personal del Poder Judicial queda establecido que será también la SCJ la que decidirá por cual de las dos leyes van a regirse: la federal o la estatal. Lo que debería prevalecer es la honestidad y la ética, no tales peticiones para revelar contra quien, de ser descubiertos, tendrán que establecer sus defensas.
Las observaciones presidenciales sobre la Ley 3de3 para empresarios serán procesadas en un periodo extraordinario a realizase el próximo 5 de julio, confirmó Emilio Gamboa, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Los priístas respaldarán la propuesta de redacción del Artículo 32 enviada por Peña Nieto para no obligar a los particulares a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos, adelantó el legislador.
BREXIT PEGA A MÉXICO
Los dirigentes de las cúpulas empresariales del país no comparten el optimismo y la calma de los integrantes del gabinete económico en torno a las consecuencias del Brexit sobre la economía mexicana, dado el bajo perfil del intercambio comercial con Gran Bretaña, y alertan al gobierno mexicano a tomar medidas urgentes para enfrentar la incertidumbre generada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la cual tiene una gran trascendencia para la escena geopolítica y económica europea y mundial.
Habrá implicaciones importantes en el corto y mediano plazo, alertan los líderes empresariales, quienes subrayan la incertidumbre dominará la escena internacional por un buen tiempo, ante la cual a México no le bastará sólo la fortaleza macroeconómica. Por tal motivo, urgen al gabinete de Enrique Peña Nieto a atender múltiples pendientes de esta administración como mejorar el clima de negocios, reducir la violencia, así como atenuar el incremento de la deuda pública y su costo. También generar incentivos a la inversión privada, reducir el gasto gubernamental a un nivel que permita manejar el déficit del sector público, y estar consciente de la vulnerabilidad de la cuenta corriente.
Los efectos ya se están presentando. Los inmediatos son devaluación del peso y otro recorte al presupuesto. Se incrementó la volatilidad del peso sobre el dólar y la devaluación de la divisa mexicana llegó a niveles históricos, porque es una moneda usada para posiciones de cobertura, y por las circunstancias se puede presionar a la baja intermitentemente. También se extendió el recorte al gasto público, con otros 31,715 millones de pesos. Si se consideran los recortes del 2015, 2016 y el que se prevé para el 2017, hay una suma total de 560,115 millones de pesos, monto que representa 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
México no es inmune a los efectos potenciales del Brexit, como ya se demostró en tan sólo una horas. Por ello, los empresarios indican: es imperativo tener las variables económicas en orden, pero también es imperativo tener las variables sociales en orden. Es “imprescindible” terminar la violencia, retirar los bloqueos carreteros y en las ciudades a fin de permitir la afluencia de mercancías y las personas puedan disfrutar de una sana convivencia. Deben resolverse los conflictos en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, para lo cual el gobierno federal debe dejar de lado la cerrazón para negociar la reforma educativa con el magisterio disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y liberar a sus dirigentes.
“Asegurar la estabilidad macroeconómica, crecer más y generar confianza, al interior y hacia el exterior, es lo único que realmente puede blindarnos de las fases de inestabilidad financiera y cambiaria, que seguirán presentándose en las próximas semanas. No olvidemos que hacia delante hay varios eventos y procesos con gran potencial de generar volatilidad”, explicó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón.
Entre los eventos causantes de incertidumbre destacan las campañas electorales para la Presidencia de Estados Unidos, así como el proceso de aprobación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), además de otros temas como la migración, la seguridad y el desarrollo de la integración económica en el marco de América del Norte.
PRIMEROS IMPACTOS: RECORTES Y DEVALUACIÓN
Los costos de los errores de planificación económica cometidos por el gabinete de Enrique Peña Nieto se los han cargado todos a la población en general. Tomando como presunta causa la incertidumbre generada por el Brexit, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, informó de un segundo recorte al gasto público en este año, esta vez por 31 mil 715 millones de pesos.
El primer recorte se hizo en 2015 por 124 mil 300 millones de pesos, el cual se derivó por un panorama donde los ingresos petroleros del país se vieron afectados por las constantes caídas de los precios del petróleo. Posteriormente, durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, se realizó un ajuste por 96 mil 700 millones de pesos, pero como el panorama no mostraba señales de recuperación y la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex) empeoraba, se anunció el tercer recorte al gasto por 132 mil 300 millones de pesos.
Ni cinco meses pasaron cuando la dependencia a cargo de Luis Videgaray anunció otro recorte al gasto público por 31 mil 715 millones de pesos, con lo que el 2016 se convirtió en el año en que más ajustes se han hecho con un total de 260 mil 715 millones de pesos. También por adelantado, Hacienda anunció en los Precriterios Generales de Política Económica que para el 2017 se realizaría un recorte al gasto público por 175 mil 100 millones de pesos, con lo que, sumados los del 2015 y 2016, ascenderían a 560 mil 115 millones de pesos.
De los recortes realizados entre el 2015 y 2016, el gasto corriente, que se refiere a los recursos destinados a los servicios personales, comunicación organizacional, viáticos u operaciones de la burocracia, acumulan ajustes por alrededor de 183,031 millones de pesos. Y en el caso del gasto de inversión, entre el 2015 y 2016, los recortes suman un total de 105,284 millones de pesos. El recorte en el gasto de inversión afecta el crecimiento de la economía entre cinco y 10 años, estiman los especialistas.
Todos los recortes al gasto público tienen impacto sobre el crecimiento económico. En el caso particular del recorte en inversión se cancelan posibilidades de desarrollo para el país en el futuro. Al dejarse de invertir en infraestructura de carreteras o en obra pública, se deja de generar empleo y se disminuye la capacidad de crecimiento y competitividad. El último recorte al gasto anunciado por Luis Videgaray afecta a programas de sectores prioritarios para la población, como salud y educación, entre los más afectados.
En el sector educativo, el recorte pega directamente a los programas de la reforma educativa. Especialistas señalan que el recorte de 6 mil 500 millones de pesos detiene el crecimiento de programas como Escuelas de Tiempo Completo, que tiene una reducción del 47 por ciento; el Programa Inclusión Digital (con el que se entregan tabletas) una reducción del 42 por ciento; el programa de rehabilitación de escuelas, tendrá un 14.4 por ciento menos de recursos para este año.
En lo referente al sector salud, al programa Seguro Popular se le quitarán 6 mil 500 millones de pesos, de los 84 mil 224 millones programados para 2016, es decir, el 7.7 por ciento. En cuanto a seguridad pública, el Programa Nacional de Prevención del Delito sufrirá una caída en su gasto. A la Secretaría de Gobernación le recortarán mil 88.1 millones de pesos para el resto del año, de los cuales 263.4 millones de pesos corresponden a la estrategia antiviolencia, uno de los rubros más afectados.
Prospera es el programa más castigado dentro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). De los mil 550 millones de pesos que le recortaron a la dependencia, mil millones estaban destinados para dicho programa de inclusión social. Del Programa de Fomento a la Economía Social se restaron 300 millones; de Comedores Comunitarios, 100 millones; de Empleo Temporal, 100 millones; y del Programa 3×1 para Migrantes, 50 millones.
DEUDA PÚBLICA A NIVELES HISTÓRICOS
Atenuar el incremento de la deuda pública y su costo es una de la principales recomendaciones de las cúpulas empresariales al gobierno de Peña Nieto. Analistas y organismos internacionales han señalado que el crecimiento de la deuda total del país es ya uno de los principales retos que enfrentan las finanzas públicas, y uno de los principales factores de riesgo, señalados por calificadoras como Moody´s y Standard & Poor´s.
La deuda total del país ha tenido un incremento importante en la presente administración federal. Al cierre de marzo suma 8 billones 784 mil 226 millones de pesos, equivalente al 47.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Debe destacarse el hecho de que en marzo de 2013, justo cuando la administración de Enrique Peña Nieto llevaba meses operando, el pasivo federal era de 27.8 por ciento del PIB, y fue creciendo aceleradamente hasta llegar a su nivel actual. El mayor incremento proviene de la propia deuda que adquirió el Gobierno federal. Dicha deuda está representada en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), donde se suma no sólo la deuda que adquiere el Gobierno federal, sino la de organismos y empresas públicas –como Pemex y CFE-, bancos de desarrollo y pasivos adquiridos durante los rescates bancarios.
Es sumamente alto el costo del servicio de la deuda para nuestro país. Tan solo la Línea de Crédito Flexible que tiene contratada México con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que era equivalente a 66 mil 473 millones de dólares, tuvo un costo de 225 millones de dólares el año pasado, aunque no se ha utilizado un solo dólar de ese crédito, presuntamente contratado para blindar a México de la incertidumbre y volatilidad financiera internacional. En 2014 se pagaron 238 millones de dólares por “la comisión anual de la renovación de las Línea de Crédito Flexible”, que se descontó del saldo de las reservas internacionales, reportó el Banco de México. Desde 2009, año en que se contrató dicha línea de crédito, el país ha gastado un total de 1,713 millones de dólares en mantener disponible este instrumento, del cual nunca se ha usado un solo dólar desde que está vigente.
A finales del mes de mayo pasado, el Fondo Monetario Internacional anunció la ampliación de la Línea de Crédito Flexible para México con un nuevo acuerdo por dos años por un monto equivalente a 88 mil millones de dólares y canceló el acuerdo anterior suscrito por cerca de 67 mil millones de dólares, como medida precautoria ante posibles riesgos externos para la economía azteca.
Por otra parte, el Banco de México ha utilizado las reservas internacionales del país para defender al peso, sin mucho éxito, dada su actual cotización. Un reporte de Bloomerg publicado hace dos semanas, asegura que Banxico no cuenta con las suficientes reservas internacionales para soportar una mayor depreciación del peso mexicano frente al dólar estadounidense por un tiempo prolongado. Y advierte: si Banxico sigue realizando subastas extraordinarias para defender al peso, el monto de las reservas internacionales caería a niveles inferiores a los que sugiere el FMI, que son entre 165,000 y 170,000 millones de dólares. “Como resultado del flujo actual, México terminaría el año con 159,000 millones de dólares en sus reservas internacionales si intentara apoyar al peso, lo cual sería menor a los recomendado por el FMI”, detalló Bloomerg.
Uno de los motivos de la pérdida del peso es el rezago de la tasa de interés referencial del Banco de México, por lo que algunos analistas esperan que la institución liderada por Agustín Carstens eleve el precio del dinero en el corto plazo.
DE LOS PASILLOS
La segunda ronda de negociación con el gobierno federal sólo generó decepción entre los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Luego de más de seis horas de negociación, el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong sólo accedió a instalar una mesa especial para dar atención a las víctimas de la brutal represión de Nochixtlán, Oaxaca, el pasado domingo 19, la cual dejó un saldo de nueve civiles muertos y decenas de heridos… Pero los maestros no lograron avances respecto a sus demandas principales: la abrogación de la reforma educativa y la liberación de sus líderes encarcelados… El diálogo entre la CNTE y la Segob se rompió… Hasta ahora no existe una nueva fecha para sostener un nuevo encuentro, confirmaron tanto los maestros disidentes como los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
La adversa situación financiera por la cual atraviesa Pemex no ha afectado los ingresos de sus cinco consejeros independientes. En 15 meses, de noviembre de 2014 a enero de 2016, éstos recibieron 14.4 millones de pesos por pagos de servicios por parte de la empresa productiva. Los consejeros perciben un componente fijo mensual por 41 mil 667 pesos, más un componente variable que depende de su participación en el Consejo de Administración, donde por cada sesión reciben 75 mil pesos, y por comités reciben desde 23 mil, hasta 27 mil 500 pesos por sesión. Los consejeros cobran pero no informan de resultados. No hay quien los evalúe y no están sujetos al escrutinio público por medio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos…
Cuando de sueños guajiros se trata, los políticos mexicanos no tienen limites. Un ejemplo de ello es el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, quien a pesar de ser evaluado como uno de los peores mandatarios surgidos de las filas perredistas, se anda ofreciendo como el candidato presidencial en 2018 de una alianza PAN-PRD. Las ambiciones políticas del mandatario morelense no parecen verse afectadas por el hecho de que su aprobación en la entidad es de alrededor del 30 por ciento, es decir, 7 de cada 10 de sus gobernados lo desaprueban. El problema de mayor preocupación para los morelenses sigue siendo la inseguridad pública. A pesar de establecer un plazo de 18 meses para resolverlo, la inseguridad pública no sólo persiste sino que se incrementó. Otro incumplimiento es en torno a su compromiso de someter a la decisión del electorado morelense su permanencia en la gubernatura, cada dos años. Esta obligación adquirida públicamente por el gobernador a cambio del voto ciudadano, tampoco se ha cumplido.
