Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Este martes y tras más de dos semanas de que comenzaron a resolverse los amparos en su favor, una docena de menores de edad recibió sus primeras dosis de la vacuna Pfizer contra la covid-19.
Entre éstos se encontraba la joven xalapeña Zulma González, quien adquirió notoriedad mediática gracias a un video que subió a sus redes sociales y se viralizó, en el cual reclamaba al presidente de México, precisamente, que el gobierno de Veracruz se había negado a aplicarle la vacuna a pesar no solo de tener un amparo, sino de padecer diabetes tipo 1, lo que la hace ser población en situación de alto riesgo ante un contagio.
La presencia de Zulma visibilizó la situación de los otros menores de edad a los que finalmente se les respetó su derecho gracias a la misma situación: la de contar con un amparo y, por ende, con la protección de la justicia federal para hacerlo valer. Pero que no es la misma circunstancia para todo ese sector de la población, al que se está obligando a regresar a tomar clases presenciales sin ninguna clase de protección para su salud.
Desde que comenzó a difundirse que los juzgados federales otorgaron amparos a menores para recibir la vacuna anticovid, el régimen emprendió una andanada para –como es su costumbre- desacreditar a los jueces, a los padres de familia y, en uno más de los excesos de miseria humana propios de la “4t”, hasta a los niños promoventes de los recursos legales.
Desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pasando por el subsecretario Hugo López Gatell y el gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, acusaron “intereses oscuros” y “mercantilistas” de las farmacéuticas detrás del otorgamiento de los amparos y hasta en el hecho mismo de recurrir a esta figura, cuyo objetivo es proteger a las personas de los actos u omisiones de la autoridad que vulneren sus derechos humanos y sus garantías.
¿Qué mayor omisión gubernamental que vulnere derechos humanos en esta época que negar el derecho a la vacunación contra un padecimiento que solamente en México ha provocado, en cifras oficiales, prácticamente 270 mil muertes, pero que en números reales ronda las 700 mil, de las cuales al menos unas mil fueron de menores de edad y niños?
En la emisión de la semana pasada de La Clave –programa por Facebook Live que conducimos la periodista Mónica Camarena y un servidor desde hace casi tres años-, uno de los abogados de los menores amparados, Armando Pacheco del Valle, puntualizó acerca de la verdadera intención y fundamento de los amparos concedidos a los menores, mismos que distan un océano de las conspiraciones paranoides argüidas por autoridades insensibles que, como López Gatell, se atrevieron a decir que vacunar a un joven o un niño le “quitaría” una vacuna a alguien que estuviera en “mayor riesgo”.
El jurista subrayó que los argumentos torales de los amparos no son otros que el derecho a la salud y la no discriminación en razón de la edad. Nada que ver con negocios por “debajo del agua”, pretexto favorito de gobiernos como el federal y el de Veracruz para no invertir los recursos de todos los ciudadanos en lo que deben, y en su lugar seguir derrochándolos como habitualmente hacen.
Armando Pacheco hizo hincapié en lo que finalmente obligó a las autoridades a aceptar la vacunación de los menores amparados: porque tienen la obligación legal de aplicar la vacuna en los casos que el Poder Judicial lo determine.
“No pueden decir que no, es un mandato federal”, expuso el abogado, al tiempo de advertir que el desacato a una orden del Poder Judicial trae consigo sanciones que van desde multas, la destitución del cargo en el que se encuentren las autoridades en desobediencia y en casos extremos, la privación de la libertad.
Pero precisamente por ello, quienes accedieron ya a la vacunación son solo aquellos menores que obtuvieron la protección de la justicia federal. Quienes no han acudido al amparo entre otras cosas por falta de recursos suficientes o porque no padecen comorbilidades como la joven Zulma, siguen desprotegidos y sin que el gobierno planee vacunarlos pronto. Ello a pesar de existir autorización expresa de Cofepris para aplicar el biológico en el rango de edad de 12 a 17 años y de que se mantienen en resguardo unas 14 millones de dosis.
Su derecho a la salud sigue a la deriva.
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