Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La mañana de este 15 de septiembre fue liberada Diana Patricia, que fue encarcelada a fines de mayo pasado en una prisión del sur de Veracruz por la Fiscalía General del Estado, que la acusó de homicidio doloso en razón de parentesco luego de sufrir un aborto espontáneo en el baño de una tienda departamental.
Desde el principio, el caso estuvo plagado de inconsistencias, irregularidades y sobre todo, de prejuicios. Diana Patricia, una mujer de escasos recursos que sufría violencia intrafamiliar y a quien su ex pareja, además de maltratarla físicamente le arrebató al más pequeño de sus tres hijos, fue tratada como culpable de un delito que a todas luces no había cometido, estigmatizada y criminalizada por la propia autoridad, en uno de los casos más grotescos de injusticia, abuso de autoridad y violación de derechos humanos que ha protagonizado la Fiscalía General del Estado de Veracruz a cargo de Verónica Hernández Giadáns.
Hay que recordar que cuando el caso comenzó a adquirir notoriedad mediática y con la investigación todavía en curso, la propia Fiscalía boletinó la versión de que Diana Patricia había “asesinado” a su hijo –que varios testimonios señalan era deseado- tras el aborto espontáneo, violentando además el debido proceso y su presunción de inocencia, y a pesar de lo cual todavía estuvo en prisión dos meses y medio más.
Hasta el Instituto Veracruzano de las Mujeres, a través de su Consejo Social, se unió al linchamiento de Diana Patricia bajo consideraciones pseudomorales y cuasirreligiosas impropias de cualquier organismo público, alentando juicios a priori sobre los hechos con afirmaciones tales como que “no es posible tolerar el abandono y el homicidio de seres humanos. Nos estamos convirtiendo en una sociedad deshumanizada”, pasando por alto de manera cínica que dos días antes del aborto espontáneo ella había recibido una golpiza de su ex cónyuge.
La evidencia de la injusticia cometida contra Diana Patricia metió en un brete al gobierno de Veracruz, exhibida la incongruencia entre su discurso sobre “cero tolerancia” hacia la violencia contra las mujeres y las acciones que las mismas instituciones gubernamentales llevaban –y llevan- a cabo, criminalizándolas y persiguiéndolas.
En el inter de la liberación de Diana Patricia, en el Congreso del Estado de Veracruz se despenalizó la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación e incluso se incorporó la salud como causal; mientras que hace pocos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional la penalización del aborto. Pero Diana Patricia no salió de prisión gracias a ninguno de estos dos hechos jurídicos.
El juez que ordenó liberar a Diana Patricia la consideró inimputable, esto es, eximida de ser sometida a un proceso penal, por una razón fundamental: padece una discapacidad mental. Ello fue confirmado por la propia fiscal Hernández Giadáns al dar a conocer el sobreseimiento del caso: “a Diana Patricia se le demostró su inimputabilidad, por eso el juicio fue sobreseído y quedó en libertad”, admitió.
Solo que esa condición de Diana Patricia todo el tiempo fue del conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que a pesar de saberlo la mantuvo encerrada y ahora, pretende cerrar el caso con el simple y consabido “usted disculpe”.
¿Quién le va a devolver a Diana Patricia, revictimizada y recriminalizada “n” cantidad de veces, esos cuatro meses de su vida perdidos? ¿Qué autoridad va a asumir la responsabilidad de la reparación del daño? ¿Quién va a pagar las consecuencias de la violación sistemática de sus derechos humanos? ¿Quién la va a proteger de las condenas y prejuicios en un municipio marginado y atrasado?
La violación de los derechos de las mujeres sigue siendo la constante, y no la excepción, en Veracruz.
Enlodando la investidura
De escándalo, que en el acto más importante del calendario cívico de la nación mexicana se le haya abierto espacio y micrófono a un dictador violento, represor de su pueblo y de las mínimas garantías de libre expresión en su país.
Convertir la celebración patria de todos los mexicanos en un acto de vulgar propaganda le costará caro al régimen. Y la historia no los absolverá. Ni a Díaz-Canel ni a López Obrador.
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