CHETUMAL, QUINTANA ROO.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, seguirá encerrado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de esta ciudad, pese a obtener semanas atrás un amparo en contra del proceso que lleva por el presunto lavado de 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios de las reservas de la entidad a familiares y amigos.
Lo anterior, de acuerdo con Sol Quintana Roo, fue luego que el Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México, con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, concedió el recurso legal a Borge, por lo que dejó sin efecto la vinculación a proceso e instruyó a reponer el procedimiento.
Cabe mencionar que meses atrás el exgobernador quintanarroense, Roberto Borge Angulo, tuvo una derrota, pero ahora no fue judicial, sino económica, al serle expropiadas las cuentas con las que contaba en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Asimismo, hay que recordar que durante su administración no sólo intentó comprar una isla en el Caribe con un valor de 2 millones de dólares; sino que además desvió 400 millones de pesos hacia la “Fundación Borge”.
Este próximo 4 de septiembre se cumplirán tres años y nueve meses de la extradición del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, y cada vez es más remota su salida del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi).
Apenas hace unos meses contrajo nupcias con la ganadora de Nuestra Belleza Sinaloa 2015, Norma Patricia de la Vega Zazueta. Como regalo de bodas, el mismo día la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo le sumó a su proceso, en relación con la carpeta 151/2017, el delito de aprovechamiento ilícito del poder. Por lo que continuará en prisión.
Cabe recordar que la Fiscalía General de la República (FGR) inició otra investigación en contra del exgobernador. Ahora por su presunta implicación en la llamada “Estafa Maestra”; así como también lo podrían involucrar en una nueva carpeta, por narcotráfico.
Dicha investigación, también implica a los exmandatarios Eruviel Ávila Villegas, del Estado de México; Francisco Olvera Ruiz, de Hidalgo; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas. Todos señalados por Emilio Zebadúa González, oficial mayor de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la administración de Rosario Robles Berlanga, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la versión de Zebadúa González, tanto el expresidente Peña Nieto como Robles Berlanga orquestaron un plan para desviar recursos a las campañas electorales del PRI en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, entidades en las que se ubican las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron contratos de la “Estafa Maestra”.
Los recursos que les fueron otorgados se utilizaron en las campañas priistas que se operaron durante las dirigencias de Manlio Fabio Beltrones Rivera (20 de agosto de 2015 – 20 de junio de 2016) y Enrique Ochoa Reza (12 de junio de 2016 – 2 de mayo de 2018) en el PRI nacional.
En el caso de Quintana Roo, otro de los involucrados de manera directa, luego del exgobernador, es Jorge Eugenio Acevedo Marín, exdirector general del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).
INVESTIGA UIF A EXCOLABORADORES
Como se recordará, las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación en contra de los exfuncionarios involucrados en la “Estafa Maestra”, está vigente, aunque quieta, por la falta de información pública, supuestamente para no entorpecer las pesquisas.
En su momento, fue confirmada la versión por la directora del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), Martha Silva Martínez, quien fue la funcionaria del “Gobierno del Cambio” que compareció ante los integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado.
Dijo que no le han otorgado dato alguno sobre los implicados, pero que continúan las investigaciones en contra de exfuncionarios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, quienes al parecer desaparecieron 800 millones de pesos.
Los involucrados e investigados son el exdirector del Sistema, Jorge Eugenio Acevedo Marín; Gerardo Vázquez Handall, exadministrador; y también José Luis Pech Galera, hijo del senador José Luis Pech Várguez.
Como se recordará, Sol Quintana Roo informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) estaba por congelar las cuentas de los implicados en la “Estafa Maestra”, donde están relacionados exfuncionarios quintanarroenses de la era “Borgista” y de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
De hecho, a la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) le fueron inhabilitadas sus cuentas bancarias porque dicha institución está relacionada con el enorme desvío de recursos realizados, sobre todo, desde las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
QUINTANARROENSES IMPLICADOS
Las autoridades federales investigan a fondo la participación de Jorge Acevedo Marín, Gerardo Vázquez Handall y el entonces rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, José Luis Pech Galera, hijo del senador morenista José Luis Pech Várguez.
Los primeros dos exfuncionarios borgistas, quienes han sido declarados oficialmente prófugos de la justicia (aunque se les ha visto en el Estado como si nada pasara) podrían ser detenidos en breve y juzgados por el desvío de más de 800 millones de pesos.
El famoso tema de la “Estafa Maestra” realizado por la exsecretaria de Sedesol y posteriormente, de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, podría tomar otros tintes en Quintana Roo y sentar frente a los jueces federales y estatales a exfuncionarios colaboradores del exgobernador Roberto Borge Angulo.
En su momento, el Poder Judicial de la Federación, a través del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Aarón Alberto Pereira Lizama, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, concluyera no amparar a Jorge Eugenio Acevedo Marín y Gerardo Vázquez Handall.
Debido a la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, luego de que la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) detectara un desfalco realizado en la administración de Acevedo Marín, al frente del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SCQS) por más de 800 millones de pesos.
Por ese hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación en contra de quien fuera también vocero del exgobernador Félix Arturo González Canto, debido a que se le señala en el desvío, producto de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Por otra parte, y por separado, también se investiga a José Luis Pech Galera hijo del senador morenista por Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, quien desde su llegada a la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo) en 2013, operó diversos fraudes relacionados con la denominada “Estafa Maestra” encabezada por la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
En su momento, adquirió varios vehículos de lujo, entre ellos un SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) de la marca Mazda y un autobús, que hicieron sospechar por completo que se trataba de importantes desvíos.
FUNDACIÓN BORGE
La corrupción del exgobernador Roberto Borge Angulo no tuvo límites. Durante su administración no sólo intentó comprar una isla en el Caribe en 2 millones de dólares, también cometió todo tipo de delitos acogido por el poder que ostentaba como gobernador de Quintana Roo, además desvió 400 millones de pesos hacia la “Fundación Borge”.
Este mes se cumplirán cuatro años y cuatro meses de la detención del exgobernador Roberto Borge Angulo, el 4 de junio de 2017, y 3 años y nueve meses de su extradición, el 4 de enero de 2018.
Como se recordará, conforme avanzan las pesquisas, con base en declaraciones ministeriales de algunos de los detenidos y testimonios de testigos que se encuentran bajo protección, se sabe que el exgobernador Roberto Borge Angulo «blanqueaba» miles de millones de pesos que sustrajo de las arcas quintanarroenses.
La ex diputada federal, Gabriela Medrano Galindo, su última pareja sentimental y presidenta de la Fundación; fue quien lo entregó a las autoridades de la Interpol.
LA FUNDACIÓN BORGE
Luego de la detención del exmandatario cozumeleño, comenzó a sonar con mucha fuerza el nombre de la «Fundación Borge», con la que pretendía obtener reconocimientos y donativos a nivel nacional e internacional.
Tras los nuevos indicios encontrados, la Subprocuraduría Especial de Investigaciones contra la Delincuencia Organizada abrió una nueva línea de investigación para establecer de qué manera creó y desapareció la fundación, supuestamente altruista, con la que aseguraba que brindaría bienestar a los quintanarroenses, aunque en realidad sólo la inventó para disponer de un recurso casi perfecto con el que lavaría miles de millones de pesos.
La «Fundación Borge», cuyo lema principal era: «Realizando buenas acciones», afirmaba en sus enunciados contar con un alto sentido de responsabilidad, cuyo principal enfoque sería solucionar problemas sociales bajo la premisa de «la mejor inversión es combatir la pobreza».
Investida de una falsa filantropía, la Fundación aseguraba en uno de sus preceptos que «la sociedad moderna se sustenta en el bienestar de los demás», y que las fundaciones trabajaban mejor cuando se apoyaban en la infraestructura de empresas socialmente responsables, de ahí su constante gestión ante empresarios para recibir donativos que ayudaran a más y más personas pertenecientes a grupos vulnerables.
Educación, salud y bienestar, fueron en teoría sus prebendas principales para fomentar, desarrollar, proteger y apoyar actividades en beneficio y mejoría de la calidad de vida de los grupos más vulnerables en Quintana Roo.
Respecto al modus operandi para «lavar» no sólo el dinero desviado del erario, sino el proveniente de otras acciones ilícitas, resultaba simple, toda vez que el gobernador, máximo mando del Estado, era al mismo tiempo quien controlaba toda clase de movimientos dentro de la Fundación.
De esa manera, resultaba simple simular el recibimiento de millonarios donativos y al mismo tiempo, supuestamente destinarlos a obras que no se llevaban a cabo, como en centros deportivos, escuelas y otra clase de eventos, al igual que en los sectores de salud y educación, donde lo mismo aseguraban haber entregado becas, computadoras y otros implementos, así como aparatos e instrumental médico.
No obstante, las investigaciones de la SEIDO apuntan a que solamente se trató de una más de las artimañas del exgobernante para poder lavar parte de los miles de millones de pesos que obtuvo de manera ilícita, por lo que ya intensifica sus indagatorias para confirmar la existencia o no de la citada Fundación y, de resultar cierta, reunir los elementos suficientes para hacérselos llegar al juez de la causa.
La ambición desmedida del exgobernador llegó a extremos superlativos, puesto que no sólo se conformó con saquear más de 11 mil millones de pesos al erario público, sino que además creó la “Fundación Borge”, con la cual tenía planeado “blanquear” el dinero obtenido del gobierno de Quintana Roo y seguir recibiendo millones de pesos del Estado.
De acuerdo con los documentos en manos de Sol Quintana Roo, el exmandatario estatal tenía programado una serie de «actividades» sociales que le servirían para desviar o blanquear el dinero del erario público de manera legal.
Borge Angulo, sin escrúpulos ni mucho menos vergüenza, entregó la presidencia de dicha Fundación a quien luego lo entregó a la Interpol para que fuera detenido en Panamá, su última pareja sentimental, la exdiputada federal Gabriela Medrano Galindo.
Sin embargo, su caso se mantiene estático, tanto por los recursos legales que su defensa ha interpuesto ante los juzgadores, como por la crisis sanitaria derivada de la pandemia, que paralizó las actividades en los recintos judiciales.
HISTORIAL
El exgobernador de Quintana Roo fue detenido en Panamá el 4 de junio de 2017, con base en una orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero de más de 900 millones de pesos, información que dio a conocer en exclusiva Sol Quintana Roo.
Su localización y detención se logró gracias al trabajo coordinado de las autoridades federales, quienes dieron cumplimiento a la ficha roja, tras la orden de aprehensión girada el 31 de mayo de 2017, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 22 de septiembre de 2016, dos días antes que concluyera su gestión, Borge Angulo se reunió con Carlos Manuel Joaquín González, su sucesor, para tener una entrega-recepción “amigable”; pero el 25 de septiembre ya no se presentó a la ceremonia y desde entonces se le perdió la pista.
En ese momento no había ninguna orden de aprehensión en su contra, así que tranquilamente se dedicó a recorrer el mundo, paseando por Miami, Cuba, Guatemala y Panamá, donde estuvo hospedado en la Torre Trump, uno de los hoteles más exclusivos, donde pagaba por noche más de 25 mil pesos.
La orden de aprehensión fue girada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, del Centro Federal Penal de Nezahualcóyotl, el miércoles 31 de mayo, pero Borge Angulo no se enteró que lo buscaban, creía que había dejado todo “arreglado” así que no tomó la molestia de ocultarse.
De tal manera que fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, cuando se disponía a abordar un vuelo que lo llevaría a París, y de ahí viajaría a Madrid, donde pensaba radicar.
Tras su captura, fue llevado al penal El Renacer, en donde gozaba de privilegios. Pero aun así pretendió escapar tratando de sobornar a un custodio. Al descubrirse el intento de fuga, fue cambiado a la prisión de la Policía Nacional de Panamá, el 22 de septiembre de 2017. En ese sitio permaneció cuatro meses, hasta que el 4 de enero de 2018 fue extraditado a nuestro país y puesto a disposición del juez de la causa.
Durante el tiempo que duró su proceso de extradición –al que siempre se opuso–, la hoy Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Quintana Roo establecieron también la presunta responsabilidad de Roberto Borge Martín y Rosa Yolanda Angulo Castilla, padres del exmandatario estatal, como copartícipes en el delito de lavado de dinero.
En su defensa intervinieron los abogados Juan Antonio y Juan Ramón Collado Mocelo, cuyo objetivo era retrasar al máximo la extradición del exgobernante, señalado como el más grande saqueador de Quintana Roo. Ahora, Juan Antonio Collado también está preso por el delito de delincuencia organizada.
Borge Angulo delinquió en Quintana Roo, se le detuvo en Panamá, se le juzga en el Estado de México y se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Ceferepsi) en el Estado de Morelos, una prisión diseñada para atender a reos con desórdenes mentales.
Según la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, de la Fiscalía General de la República, el exmandatario quintanarroense es acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por 900 millones 99 mil 418 pesos, de acuerdo con la causa penal 381/2017.
Además, se le involucra en la compra de predios que fueron entregados a cambio de precios subvaluados a través de prestanombres; y la compra ilícita de embarcaciones para la empresa “Barcos Caribe”.
Según la entonces Procuraduría General de la República, Borge Angulo y su gabinete, entre 2011 y 2014, remataron 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados en Cancún y Cozumel, cuyo valor comercial aproximado es superior a los 5 mil millones de pesos.
Roberto Borge nació en la isla de Cozumel el 29 de diciembre de 1979. A la edad de 32 años fue gobernador de Quintana Roo, del 5 de abril de 2011 al 24 de septiembre de 2016 y fue presentado como la “sangre nueva” del PRI.
Al término de su mandato quería que lo sucediera su “delfín”, José Luis Toledo Medina “Chanito”, pero fue José Mauricio Góngora Escalante, quien se quedó con el puesto y a quien dejó solo.
Nada presagiaba que su vida cambiaría radicalmente, lo mismo que la de su exfavorito, José Mauricio Góngora Escalante, que también sería capturado el 25 de enero de 2018, tan sólo 20 días después de que Borge Angulo fuera extraditado a México.
A la fecha, su fallido sucesor está sujeto también a proceso, por el delito de quebranto al erario por 594 millones de pesos, durante su desempeño como alcalde de Solidaridad.
Tan sólo 15 años duró la carrera política de Borge Angulo. Pero le bastaron cinco para convertirse en uno de los mayores depredadores de Quintana Roo, hasta causarle un quebranto de más de 20 mil millones de pesos, en complicidad con más de 80 individuos, entre familiares, amigos, colaboradores, empresarios, jueces, notarios, etcétera.
La red de complicidades que tejió durante su mandato, incluidos sus padres que se encuentran prófugos, fue para desviar, malversar y saquear las arcas estatales, causando un multimillonario quebranto al Estado, sin precedentes, resultando más voraz que sus antecesores.
Otra de las múltiples aristas en las fechorías de Borge, fue la “Fundación Borge”, un programa fachada para desviar recursos y lavar miles de millones de pesos, bajo el argumento que brindaría bienestar a las clases desprotegidas, aunque en realidad sólo era para disponer de un recurso con el que lavaría miles de millones de pesos.
Por otra parte, la empresa naviera Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V, mejor conocida como “Barcos Caribe”, propiedad de la familia Borge, fue otra variante del exgobernador para el lavado de dinero y terminó por desaparecer luego de las indagatorias de la FGR.
Roberto Borge Martín, padre del exmandatario, a quien se le atribuye la autoría del atentado en contra de uno de los ferris, se encuentra desaparecido, las autoridades dicen que está prófugo, desde la fecha del siniestro, el 21 de febrero de 2018.
Otra línea de investigación que se encuentra abierta, es su presunta relación con el narcotráfico, mediante la exagente federal, Leticia Rodríguez Lara, “Doña Lety”, que se convirtió en jefa del Cártel de Cancún y “pasó desapercibida” durante el mandato del político cozumeleño.
La detención de la mujer fue posible casi un año después de que Borge Angulo concluyera su gestión y está sujeta a proceso.
Entre los compinches que aún están prófugos y que son considerados como los más importantes y contra los que hay orden de aprehensión, figuran: Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas y Eliezer Villanueva Lanz, exsubsecretario Técnico Hacendario, dos funcionarios de primer nivel en la administración borgista.
También son considerados fugitivos sus padres, Roberto Borge Martín y María Rosa Yolanda Angulo Castilla, quienes tuvieron participación activa en los latrocinios de su hijo.
Así, el juicio de Borge Angulo va para largo, pues el juez de vinculación a proceso le ha concedido prórrogas a la defensa, hasta por un plazo de dos años para que aporte pruebas a favor de su inocencia.
Una vez agotado ese plazo, el juez de vinculación a proceso analizará las pruebas aportadas por una y otra parte y determinará cuáles admite y cuáles rechaza. Hasta ahí concluye su labor, pues a partir de ese momento deja de tener injerencia en el proceso y envía las pruebas al juez que llevará la causa, mismo que no ha conocido nada del expediente y quien será finalmente el que dicte su fallo.
Pero como indicamos líneas arriba, aún hay un largo trecho por recorrer, pues se dan casos en que una vez que el juez juzgador y dictaminador recibe el expediente, se lleva años en examinar y estudiar las pruebas para poder llegar a una resolución definitiva.
Así, Borge Angulo seguirá bajo prisión preventiva oficiosa, sin que haya una fecha límite, no obstante que está bajo dicha medida cautelar desde el 5 de enero de 2018 en que fue vinculado a proceso, pues lleva cuatro años y cuatro meses desde su detención en Panamá; y tendrá que esperar el tiempo que el juzgador considere pertinente para dar a conocer su veredicto final.
AM.MX/fm
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