Joel Hernández Santiago
El miércoles 20 de octubre, la secretaria de Seguridad Púbica, Rosa Icela Rodríguez, presentó su informe mensual de incidencia delictiva, en el que destacó que en septiembre los homicidios dolosos y feminicidios tuvieron un descenso; sin embargo, en su discurso no mencionó que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de este año se alcanzaron 100,344 muertes violentas: 97,532 homicidios dolosos y 2,812 feminicidios.
Según especialistas, esto significa que en lo que va del gobierno de la 4-T, México ha tenido los tres años más violentos en la historia reciente y que ‘los datos oficiales evidencian que la militarización no ha dado resultados.’
Cada día en México se conocen enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y grupos violentos ya de narcotráfico, ‘guachicoleros’, pandillas de crimen organizado y distintas formas de agresión social. Y cada día suman más los homicidios y los delitos que alteran la seguridad pública y ciudadana del país.
Digamos que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana es una pieza clave en lo que debiera ser la lucha para erradicar el espectro violento y trágico que vive México. De hecho, cuando se nombró a Alfonso Durazo como responsable de esta área tan sensible, se hizo a partir de la enfática crítica social de no militarizar la seguridad pública y ponerla en manos de un civil. Así fue. Pero poco a poco ha sido distinto.
Luego de 22 meses de gestión, Durazo presentó su dimisión para buscar la gubernatura del estado de Sonora.
En ese momento dijo que la situación crítica del país presentaba un “punto de inflexión” en la lucha contra la ola de violencia que azota al país; al dejar el gabinete presidencial, había en México 63,792 homicidios dolosos y feminicidios al alza con 10 mujeres asesinadas a diario; además había ocurrido el caso de Culiacán, el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Ya desde entonces el panorama era más que preocupante. Aun así el gobierno federal ha mantenido una política de seguridad errática, pasando por los “abrazos, no balazos”, hasta encargar el mayor peso de las tareas de seguridad al Ejército y la Marina, y con una Guardia Nacional que después de muchos meses sigue “en cierne”.
En octubre de ese mismo año, el presidente nombró en sustitución de Alfonso Durazo a Rosa Icela Rodríguez Velázquez. Una funcionaria hecha en tareas de apoyo en el gobierno de la Ciudad de México y cuya solidaridad y fidelidad al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera pasó también al gobierno de Claudia Sheinbaum, quien la nombró secretaria de Gobierno desde diciembre de 2018.
Originaria de Xilitla, San Luis Potosí, nació en 1959. Estudió periodismo en la escuela Carlos Septién García y ejerció como reportera en algunos medios, aunque pronto aceptó tareas de gobierno en distintos cargos de mediano nivel.
Por supuesto nadie puede objetar que la hayan nombrado para la posición tan delicado que ahora ocupa. Sin embargo también es cierto que uno suponía que en sustitución de Durazo, y dado el alto nivel de inseguridad pública en prácticamente todo el país, se elegiría a alguien con el perfil, el conocimiento y la experiencia suficientes para enfrentar al crimen organizado, la delincuencia criminal, el narcotráfico…
Pero no. Ocurre que da la impresión que el nombramiento de la secretaria Rodríguez tuvo más que ver con facilitar la participación militar en acciones de seguridad pública y protección ciudadana en el país, que este nombramiento cubre el requisito de contar con una cuota de género y que la seguridad pública satisfaga el requisito de estar en manos de un civil.
Sin embargo la situación es extremadamente grave en este momento en México. Día a día se conocen hechos violentos, homicidios dolosos, crímenes delincuenciales y descontrol para atajarlos, ya por estrategia política o porque la fuerza de esa delincuencia rebasa a la de gobierno, federal, estatal y municipal.
Los mexicanos vemos con azoro el tono melifluo de acción de gobierno. Y no se trata de hacer una guerra; sí de aplicar la ley, porque la misma 4-T ha enfatizado la frase juarista de “Nadie por encima de la ley…”, y de proteger a los mexicanos cada día más expuestos por la falta de garantías de seguridad pública y protección ciudadana. Y esto es responsabilidad de gobierno. ¿O no?
