CIUDAD DE MÉXICO.- En Cuba la prensa vive bajo un asedio sistemático por parte del gobierno. Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento, la vigilancia, la represión, el asedio legal y la persecución criminal ocurren de manera sistemática y generalizada. Pareciera insignificante frente al alza de asesinatos de periodistas en la región, pero el gobierno de la isla ha aprendido a imponer el silencio “matando el periodismo”. En el informe “Democracia de papel” damos cuenta de tendencias preocupantes, por ejemplo:
Si bien en el primer semestre de 2021 pudimos ver la misma tendencia de finales del año anterior en cuanto al tipo de agresiones perpetradas (los arrestos domiciliarios y las detenciones arbitrarias siguieron siendo las formas más comunes), la impunidad con la que operan los agentes del Estado, mezclada con el miedo a perder el control de la población frente a las protestas, dio lugar a un incremento en la severidad de las agresiones: las detenciones arbitrarias aumentaron 40% respecto a 2020 y las campañas de desprestigio, 80%. En ambos casos, las detenciones y las campañas de desprestigio tienen el mismo objetivo: el aislamiento de la persona de su entorno.
Uno de los datos reveladores de lo que supone el incremento de la violencia y de la intensidad, y el impacto que tiene en las vidas de periodistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos y artistas, es la sistematicidad y frecuencia de las agresiones de las que es víctima una sola persona. Durante 2019, ARTICLE 19 había documentado que un periodista en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año. En 2020, el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. En el caso de las mujeres, esta situación se agrava, ya que en promedio una periodista fue agredida en ocho ocasiones al año en 2020 y hasta 11 en el primer semestre de 2021.
A propósito de las mujeres periodistas, en Cuba, la Ley No. 1289, Código de la Familia señala que los padres y madres pueden perder la patria potestad de sus hijos cuando observen una conducta peligrosa o incumplan con el deber de “inculcarles el amor a la patria, el respeto a sus símbolos y la debida estimación a sus valores, el espíritu internacionalista, las normas de la convivencia y de la moral socialista”. Al respecto, ARTICLE 19 observa que en 2020 y el primer semestre de 2021 esta disposición legal fue utilizada de manera reiterada para amenazar a mujeres periodistas y a las esposas de periodistas, activistas y artistas. La Seguridad del Estado utiliza a niñas y niños como un instrumento de chantaje para lograr su cometido y mostrar su dominación sobre las mujeres, aprovechando el significado especial que tienen los hijos. Así, el gobierno cubano ejerce algo equiparable a la violencia vicaria machista para amedrentar, silenciar y expulsar del espacio público a las mujeres.
El informe “Democracia de Papel” señala que, respecto a las cifras de 2018 y 2019, las agresiones documentadas por ARTICLE 19 en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en los años 2020 y 2021 aumentaron vertiginosamente principalmente por dos razones:
a) El aumento en la documentación y difusión de información acerca de las condiciones de salud y las medidas sanitarias implementadas por el gobierno. Es decir, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos o activistas que decidieron publicar información respecto a la pandemia fuera del discurso oficial fueron objeto de agresión.
b) La protesta social del Movimiento San Isidro en los meses de noviembre y diciembre de 2020 y, después, las protestas masivas del 11 de julio de 2021 dieron lugar a una ola represiva similar a la de la Primavera Negra de 2003.57
De esta manera, en 2020, ARTICLE 19 documentó 681 agresiones en contra de 119 periodistas, activistas y personas defensoras de los derechos humanos. De éstas, 65% fueron cometidas contra de periodistas y 36% contra activistas, artistas y defensores de los derechos humanos que participaron en las protestas de noviembre y diciembre de ese año. Al respecto, es importante advertir que 69% (472) del total de agresiones fueron cometidas en un lapso de seis semanas (del 9 de noviembre al 31 de diciembre de 2020), durante las cuales se desarrollaron las protestas.
Mientras que en el primer semestre de 2021 se cometieron 656 agresiones en contra de 84 periodistas, activistas, personas defensoras de los derechos humanos y artistas. De éstas, 49% (321) fueron perpetradas en contra de periodistas.
Aun cuando la Constitución cubana reconozca explícitamente la libertad de expresión para todas las personas, prohíbe la existencia de medios independientes y exige la colegiación obligatoria,[1] limitando la pluralidad y la diversidad mediática e informativa, haciendo nugatorio el derecho de acceso a la información para aquellos periodistas o personas que quieren hacer investigación, pero no se encuentren dentro de la oficialidad.
Las leyes secundarias han creado un cerco que limita los alcances de su ejercicio a los términos aceptables para el régimen; trasponerlo supone una serie de sanciones y penas que, aplicadas de manera sistemática y generalizada, se convierten en graves violaciones a los derechos humanos.
En el ámbito digital se han aprobado una serie de normas que aniquilan los principios de un internet abierto, libre e incluyente, controlando cada uno de los niveles en los que opera y violentando el derecho a la libertad de expresión, información y asociación en el ámbito digital. Tal es el caso de Decreto-Ley 370/2018, el cual supedita el desarrollo de las TIC a las necesidades estatales e impone restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, el Decreto-Ley No. 35/2021, el Decreto 42/2021 y la Resolución 105/2021 que imponen restricciones desproporcionadas al uso de las tecnologías de la información y comunicación.
No obstante, el periodismo independiente cubano —que se ha convertido en un actor clave en la configuración de lo público—, se ha librado de los favores que suponen la captura absoluta de la expresión y ha asumido el temor. Los medios independientes han aprovechado la aparición de estas tecnologías que desdibujan los límites entre lo local, lo nacional y lo global, posibilitando la emergencia de nuevos entornos comunicativos.
Las agresiones documentadas por ARTICLE 19 reflejan la fragilidad de un periodismo que pugna por hacer de la democracia una realidad.
Retomando esta aspiración, en el informe se exponen recomendaciones al Estado cubano, en las cuales se encuentran:
Liberar a todas y todos los presos políticos y eliminar las restricciones domiciliarias a las que han sido sujetas las personas periodistas y manifestantes en el marco de las movilizaciones del 11 de julio y del 15 de noviembre de 2021.
Reconocer el derecho a la protesta en su sentido más amplio, de conformidad con los estándares internacionales y adoptando lo dispuesto en el Comentario General No. 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
3. Procesar y fijar sanciones administrativas en contra de los agentes del Estado que cometieron actos de brutalidad durante las protestas de noviembre y diciembre de 2020 y de julio de 2021.
4. Adaptar las normas constitucionales a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
5. Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del trabajo periodístico de manera libre y sin violencia.
6. Garantizar el acceso a la información de manera universal. Eliminar los bloqueos informativos.
AM.MX/fm
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