Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
A estas alturas del sexenio, está de más recordarle al régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” que decía ser diferente, que iba a acabar con la corrupción, que defendería la libertad de expresión y que cambiaría para bien al país.
Solo quienes tienen un interés fincado en la “4t” (político o económico), padecen ceguera y sordera intelectual o de plano son vulgarmente cínicos, pueden seguir afirmando que México “va de maravilla” y que los vicios del pasado han sido erradicados.
No existe un solo indicador, uno solo, que demuestre una mejoría en la calidad de vida de la población, que se degrada con celeridad al ritmo de una inflación galopante, una economía contraída y de una violencia inclemente y sanguinaria, que afecta todos los órdenes de la vida del país.
Uno de esos órdenes es el del periodismo, que en México se sigue ejerciendo bajo riesgo propio, en condiciones de trabajo deplorables y atacado por todos los factores reales de poder cuando la labor informativa afecta sus intereses.
El asesinato de este domingo de la periodista Lourdes Maldonado López en Tijuana es el tercer homicidio de un periodista en lo que va del año, que apenas lleva 24 días. Una semana antes fue ejecutado en esa misma ciudad el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, y en días anteriores sucedió lo mismo en el puerto de Veracruz con José Luis Gamboa Arenas. Solamente para abrir el 2022.
La respuesta del Estado mexicano ha sido de la de sumir la cabeza en la tierra. Tan solo la repetición de las mismas peroratas de siempre: que si se llegará “hasta las últimas consecuencias”, que “no habrá más impunidad” y toda suerte de frases vacías, de retórica gastada que no significa nada, más que un recurso para salir del paso en lo que el tema se pierde en la vorágine de las desgracias que aquejan a México.
El caso de Lourdes Maldonado indigna todavía más porque la periodista alertó sobre las amenazas a su vida desde 2019, durante una conferencia “mañanera” y de frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, señalando a un “ínclito” integrante de la “4t”, el ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla, con cuya empresa mediática –para que la cuña apriete- sostenía un litigio laboral que ganó unos cuantos días antes de ser asesinada.
El mensaje publicado en Twitter por el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas desnuda la indolencia e incapacidad de un régimen cuya frivolidad asquea: “El @GobiernoMX condena el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Externamos nuestras condolencias a familiares y amigos. Hemos estado pendientes de su situación desde hace 3 años y buscaremos que se esclarezca su muerte”.
Tan pendientes estuvieron, que la asesinaron este domingo.
Si bien la violencia contra periodistas en México no es un fenómeno reciente y solo atribuible a la coyuntura actual, sí se ha recrudecido durante el presente sexenio, en el que ya se contabilizan por lo menos 28 asesinatos de comunicadores de acuerdo con Artículo 19, al mismo nivel ya del gobierno anterior. Y eso tiene total lógica cuando desde el “púlpito presidencial” llevan tres años denostando a los críticos, exponiéndolos a linchamientos mediáticos –que han estado cerca de volverse físicos en varias ocasiones- y hasta creando una sección especial en la conferencia matutina para agredirles, difamarlos y producirles descrédito. Claro que eso se refleja en la violencia de a de veras.
Esa violencia se reproduce con tremenda virulencia en las entidades federativas, donde los periodistas suelen estar aún más desvalidos, lejos de los reflectores de los medios del Altiplano y en donde las agresiones suelen ser ignoradas… hasta que se convierten en homicidios.
Así, en Veracruz se asesinó al primer periodista de 2022. Y días después circuló como si nada un libelo en video con amenazas de muerte y calumnias contra varios periodistas. En Puebla, a los constantes ataques del gobernador contra los comunicadores se suman los de las redes de Morena, que se dedican a hostigar a quienes tienen el valor de exhibir las corruptelas del gobierno.
Ambos gobernadores, Cuitláhuac García y Miguel Barbosa, de los peores del país. Intolerantes, incompetentes y corruptos. Pero “bendecidos” por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el principal animador de la violencia contra periodistas en México.
Es ése, y no el que pretende, su verdadero “testamento” para México.
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