CIUDAD DE MÉXICO.- Especialistas, expertos y empresarios externaron sus puntos de vista en torno a “La importancia del servicio público de la CFE, empresa de control directo presupuestario o empresa productiva del Estado: gobernanza, transparencia y rendición de cuentas”, durante el foro 12 del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo Federal.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), dijo que las opiniones que se generen “quedamos obligados a considerarlas, a atenderlas, a ponderarlas, a discutirlas y con ellas elaborar una propuesta de dictamen hacia el Pleno en su momento oportuno”.
En tanto, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González (Morena), agradeció a los participantes y dijo que en este foro se tendrán seis ponentes, tres a favor y tres en contra de la propuesta de reforma.
La reforma carece de los controles que tienen que ser externos
En contra de la propuesta, José Roldan Xopa, profesor e Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que las funciones que se le están asignando a la CFE es de productor, distribuidor y prestador del servicio de energía eléctrica, así como de planeación y control. Consideró que estas funciones son distintas y pueden llegar a ser contradictorias.
Estimó que lo que están generando va a ser una instancia estatal que se va a sabotear porque carece de los controles que tienen que ser externos. Subrayó que la función de control y la función material son distintas e incompatibles, por eso es importante que haya un controlador externo que esté vigilando lo que hace el otro para que el control sea efectivo. Mencionó que la iniciativa no considera cuáles son los costos de incumplimiento que tiene ésta “porque a mediano o largo plazo vamos a terminar pagando mucho dinero por aquellos contratos que se cancelan”.
Para los empresarios es importante reducir costos
A favor, Manuel Buxade Hernández, director general de Energy Saving de México, S.A. de C.V, comentó que para un empresario es muy importante reducir los costos. Resaltó que lo que no se mide no se puede controlar y lo que no controla no se puede administrar; y si no se administra es un fracaso. “Tenemos empresarios pequeños y grandes los cuales han salido favorecidos porque la CFE no se ha puesto a ver la parte económica sino va más allá”.
Aseguró que la reforma de 2013 estaba destinada para destruir a la CFE y destacó que debe aprobarse la reforma energética que plantea el Presidente por el bien de los empresarios micro, medianos y grandes.
La CFE se convertiría en un monopolio y monopsonio
Juan Carlos Hurtado, economista, consideró que la reforma no le conviene al país y de aprobarse representaría un fuerte retroceso. La ley actual es adecuada y es cuerda con las buenas prácticas internacionales, sus problemáticas pueden resolverse con una regulación de redes, firme e independiente. “Se tiene que invertir en la generación y distribución”, comentó.
Si se aprueba la reforma, dijo, la Comisión Federal de Electricidad se convertiría en un monopolio y un monopsonio, es decir, en un solo comprador y vendedor de energía y esto afectaría, principalmente, al consumidor. “Impediría cumplir con los esfuerzos para poder combatir el calentamiento global si no se usan las energías limpias”.
CFE y Estado deben recuperar la rectoría del sector
Héctor Sánchez López, consejero independiente del Consejo de Administración de la CFE, refirió que los cambios normativos de la reforma de 2013 significaron el debilitamiento de la CFE y dieron paso a la continuación de esquemas tarifarios ventajosos solo para unas empresas que afectaron los derechos de la nación sobre el patrimonio energético. “Obligó a la CFE a entregar el control eléctrico a privados”.
La Comisión y el Estado deben recuperar la rectoría del sector eléctrico para beneficiar al pueblo mexicano. Se debe acabar el autoabastecimiento de privados porque realizan fraude a la ley, y no pagan por la distribución ni por las pérdidas. “Es importante recalcar que estas empresas han violentado la ley”.
La CFE se convertiría en un órgano constitucional autónomo
En contra, Edna Jaime Treviño, fundadora y directora general de México Evalúa, sostuvo que con la reforma la CFE se convertiría en un órgano constitucional autónomo con un estatus legal superior a las secretarías de Estado. Se mandaría sola, no se plantean contrapesos ni mecanismos claros de transparencia y rendición de cuentas, incluso destruye las medidas existentes al respecto.
Apuntó que la CFE tendría una concentración avasalladora del poder. Son preocupantes estos cambios porque la Comisión operaría en un régimen de excepción legal de la competencia económica, sería “un poderoso monopolio y monopsonio de un insumo esencial para toda la actividad económica. Su director general sería un funcionario muy poderoso”. Pidió legislar pensando en el futuro y establecer reglas claras, salvaguardas, contrapesos a la discrecionalidad y frenos al abuso. No destruir instituciones reguladoras.
La iniciativa “no es una ocurrencia ni una improvisación”
A favor, Ramón Jiménez López, director de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, aseguró que la iniciativa “no es una ocurrencia ni una improvisación”, tampoco causaría contingencias al T-MEC. Alentaría fincar las bases para lograr un aprovechamiento integral de los energéticos e impulsar el desarrollo. El tema central de la reforma plantea que la electricidad se considere de forma integral.
La reforma se orienta a combatir la corrupción, defender la soberanía nacional y el bienestar del pueblo. Tampoco permitirá la privatización de la industria eléctrica porque son recursos de todos los mexicanos. El objetivo es aprovechar los recursos energéticos para promover a la industria, generar empleo y competir en el mercado mundial. La propuesta es generosa porque plantea que el Estado generará por lo menos el 54 por ciento y la iniciativa privada el 46 por ciento, aseguró.
Posteriormente, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales leyó las preguntas que realizaron por escrito diversas diputadas y diputados, respecto a los alcances de la figura paraestatal y de las empresas productivas del Estado, certificados de energías limpias, cómo reforzar la iniciativa para explotar otros recursos energéticos como el litio, afectaciones al suministro básico, monopolios, privados, recursos, fortalecimiento de la CFE, competencia, transparencia y rendición de cuentas de la CFE y empresas privadas, entre otras.
En tanto, el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) señaló que “esta reforma de un sopetón y de plumazo cancela permisos y contratos” de subastas a largo y mediano plazo, los contratos otorgados al amparo de la ley anterior de los permisionarios independientes de energía. Preguntó cómo se le denomina a un régimen que se opone a los pesos y contrapesos y que las contrataciones sean discrecionales. Asimismo, ¿si la falta de competencia y la falta de regulación favorece a los particulares?
La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) cuestionó cómo se va a seguir invirtiendo en la CFE cuando se sostiene una pérdida de 425 mil millones de dólares con los autoabastecedores y también con el servicio no generado por la CFE. “¿Cómo es posible que nos digan que hay inversionistas y que así va a crecer la Comisión Federal de Electricidad? Si los inversionistas trajeron 11 mil millones de dólares y pidieron prestado a la Banca Mexicana de Desarrollo 31 mil millones de dólares, es decir están jugando con el propio dinero de los mexicanos”.
La diputada Judith Celina Tanori Córdova (Morena) inquirió en cómo la reforma de 2013 pretendía bajar las tarifas eléctricas, pero a la vez entregó subsidios por más de 94 mil millones de pesos y cómo la actual reforma bajaría las trifas.
También de Morena, la diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz mencionó que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, “estuvo de acuerdo en los cambios propuestos por el Gobierno hacia el sector eléctrico”.
José Roldan Xopa dijo que en ningún caso sería necesaria la reforma constitucional por integración de la CFE y porteo, porque es la ley la que determina estas dos cuestiones, “modificando la ley podría arreglarse ese problema”.
Aseguró que es importante crear buenas empresas, “pero esta iniciativa va en contra de sus propios objetivos”. Conminó a que “no cometamos los mismos errores que se han cometido en el pasado, esta iniciativa incurre, en parte, en los mismos errores del pasado, y que tiene que ver con no diferenciar las funciones que se le asignan a una entidad pública y que son distintas y que si las juntamos hacen una muy mala combinación”.
Manuel Buxade Hernández precisó que el objetivo de esta reforma es que los mexicanos paguen menos en las empresas y en las casas. Subrayó que la ventaja de que la CFE ya no fuera empresa productiva, sería que va a tener bajo control directo la cuestión del Estado y “CFE va a recuperar la vocación social, a librarse de obligaciones de generar rentabilidad del Estado mexicano que su condición de empresa productiva subsidiada le mandata”.
Aclaró que “nosotros como empresarios no estamos peleados con la competencia, debe haber competencia para que tengamos mejores precios, pero no es posible que los contratos privados tengan como referencia los precios de CFE Suministro Básico”.
Héctor Sánchez López dijo que con la reforma de 2013 hubo una afectación directamente a los consumidores, desintegró sus funciones en seis subsidiarias y aumentó los costos. Además, obliga a pagarle a los privados en totalidad los cargos fijos.
Estimó que con las 16 nuevas pantas que planifica la CFE los precios de la energía irán para abajo, su objetivo es dar servicio y bienestar como órgano del Estado, en cambio las privadas buscarían sus ganancias y su utilidad, porque esa es su esencia.
Carlos Hurtado comentó que, si no suben los costos en la generación, afectaría directamente en el bolsillo de las y os mexicanos. “Si se centraliza todo, subirán los precios”.
Dijo que esta iniciativa es para hacer de la CFE un monopolio, se debe hablar también de la sostenibilidad ambiental, de los precios bajos y de mejores servicios públicos. Los productores independientes de electricidad están en el balance de la Comisión.
Edna Jaime Treviño sostuvo que la reforma propone eliminar los mapas vigilantes sin que la CFE esté sujeta a la transparencia ni rinda cuentas. Señaló que el Estado no podrá reglamentar la energía porque no tiene cómo sostener financieramente al sector y mantener el subsidio eléctrico, debido a que la CFE produce más caro que los privados, se dejarán “descobijados” otros aspectos del sector. “No tenemos espacios fiscales para plantear estas fantasías”, advirtió.
Refirió que cuando un gobierno cambia las reglas del juego de repente se rompe la certidumbre y certeza de operar en un marco de derecho, lo cual es fundamental para atraer inversión, y las consecuencias ya se tienen en el país, porque la inversión privada está renuente e interpreta el entorno antes de decidir invertir. No es menor el tema.
Ramón Jiménez López destacó que el cambio de paraestatal a empresa productiva del Estado no favoreció en nada, fue una medida preconcebida, antipatriótica, para debilitar a la CFE como una empresa del Estado y reducir la participación de éste en el proceso productivo.
Los organismos reguladores fueron en el fondo una falacia y ficticios, porque la designación de sus titulares fueron cuotas políticas para defender los intereses de los privados. Señaló que la iniciativa refiere la importancia de regular la explotación del litio y otros minerales estratégicos, como de tierras raras, para aplicarlas en las nuevas tecnologías.
AM.MX/fm
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