“Acepto el fraude en el precio, pero nunca en la calidad”: Thomas Fuller.
• Otro “gasolinazo”
• Deteriora el poder adquisitivo
• Suben los alimentos e inflación
• Cancelarán subsidios a gasolinas
• Buscan otras fuentes de ingresos
• Más quejas Vs policías federales
• Desapariciones: impunidad total
Julio 5, 2013.- La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros confirmó que este sábado las gasolinas en el país subirán 11 centavos su precio por litro: la Magna pasará a 11.58 pesos, la Premium a 12.14 y el diesel a 11.94, con lo que el incremento en lo que va del año es de 7 por ciento. Desde que se comenzaron a aplicar los incrementos controlados en diciembre de 2009, el precio de los combustibles ha aumentado 48.2 por ciento, pues en esa fecha el precio de un litro de Magna era de 67.8 pesos; de diesel, $8.16, y de Premium, $9.57. Los aumentos de estos energéticos han tenido un severo impacto tanto en la inflación, sobre todo en productos de primera necesidad como alimentos -el pollo, que acumuló un encarecimiento de 53 por ciento y el huevo de 63 por ciento-, así como en el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores, que ha perdido el 76 por ciento en las últimas tres décadas, según datos oficiales.
La política de las últimas administraciones federales ha sido aumentar los precios de las gasolinas para reducir el subsidio que destina el gobierno el cual alcanzó los 22 mil millones en 2012. En el primer bimestre de este año, el subsidio a las gasolinas y al diesel fue de 12 mil 735.2 millones de pesos, 66.3 por ciento menor a los 37 mil 815.3 millones registrados en el mismo periodo de 2012, según datos de la Secretaría de Hacienda. Cabe resalta que México importa combustibles a precios más elevados que los que paga el consumidor mexicano, por lo que el subsidio es la diferencia entre ambos precios y se expresa como ingresos negativos por el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS). Hacienda sostiene que el subsidio a la gasolina es altamente regresivo, pues apoya a las personas de más ingresos, que poseen uno o más automóviles y que los usan con mayor frecuencia.
Por lo que toca al impacto en la inflación, en la primera quincena de junio de 2013 se situó en 4.24%, según datos oficiales del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), muy por encima –por séptima vez consecutiva- de la meta del Banco de México de 3 +- un punto porcentual. Los precios de los energéticos aumentaron 0.65 por ciento tan sólo en ese periodo para alcanzar una tasa anual de 8.03 por ciento. La inflación se ubicó en ese rango por el incremento en el precio de productos como el aguacate, que aumentó 13.88 por ciento, el pescado que avanzó 1.31%, y la gasolina de bajo octanaje que subió 1.15%, así como el pollo y huevo ya mencionados. Cabe recordar que el Banco de México había indicado que el alza en la inflación se debe a factores transitorios y había asegurado que los precios comenzarían a disminuir a partir de junio, para ubicarse al final del año dentro del rango 3% +- un punto porcentual. Sus previsiones no se cumplieron.
Por lo que toca al rubro del empleo, en los primeros cinco meses del año, la generación de plazas formales cayó, puesto que en junio de 2013, se crearon 80 mil 621 puestos menos que en el último año. A eso hay que agregar que entre enero y mayo de 2013, el salario base de cotización perdió poder adquisitivo en un nivel de 0.63 por ciento, mientras que el Índice de Confianza del Consumidor tuvo una caída anual de 1.1 por ciento, es decir que los consumidores no contemplan la posibilidad de adquirir bienes de consumo duraderos, lo que afecta la demanda interna del país.
A pesar del optimismo de las autoridades financieras, todo parece indicar que las condiciones del país se mantendrán en los próximos meses, como consecuencia de un escenario negativo en los mercados financieros internacionales, que ha generado el deterioro de la economía mexicana. El panorama para las familias de los trabajadores mexicanos se agrava porque la actividad productiva del país se encuentra en fase de desaceleración por noveno mes consecutivo, con deterioro en la confianza del consumidor y caídas en el poder adquisitivo del salario, lo que en suma, resta fortaleza a la demanda interna, y el gobierno federal no está haciendo bien su parte para detonar la actividad económica.
En lo que si están pensando los tecnócratas hardvarianos de esta administración es en buscar fuentes adicionales de ingresos para compensar el factor de los precios estables del crudo a nivel internacional, puesto que de manera más o menos consistente, las finanzas públicas se habían visto beneficiadas por incrementos también regulares en esos precios. En la próxima reforma hacendaria la búsqueda de recursos fiscales alternos a los ingresos petroleros tendrá, sin duda, que considerarse. Los ingresos petroleros cayeron 8.6 por ciento a tasa anual, pero hubo un incremento de 6.7% real en los ingresos tributarios y otras fuentes de ingresos.
La caída de los precios petroleros respecto del período enero-mayo de 2012 se debió a tres factores: a que si bien el precio del petróleo está por encima del presupuesto, en lo general, y respecto del precio internacional, ha estado ligeramente debajo de lo observado en el mismo periodo del año pasado; el segundo factor es la apreciación del tipo de cambio –en ciudades fronterizas y centros turísticos del país, el dólar libre se vendió hasta en 13.30 pesos, 15 centavos más respecto al cierre del jueves- en tanto que el menor precio a la compra es de 13.50 pesos-, lo que llevo a que los ingresos petroleros expresados en pesos también resultaran más bajos que los de los primeros cinco meses del año anterior; y el hecho de que la producción ha estado relativamente estable.
SUBEN QUEJAS CONTRA POLICÍA FEDERAL
A partir del inicio del nuevo gobierno, aumentaron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDJ) las quejas interpuestas contra la Policía Federal, mientras que las interpuestas contra el Ejército registraron una disminución de 50 por ciento. De acuerdo con el presidente de ese organismo, Raúl Plascencia, las denuncias contra policías federales son en su mayoría por abusos o casos de extorsión, particularmente en los aeropuertos o puntos de retención. El Ombudsman dijo que es importante que los policías cumplan con la función de cuidar, de proteger a la sociedad y de ninguna manera lleven a cabo actos de intimidación o de extorsión o bien involucramiento con la delincuencia.
Raúl Plascencia detalló que se observó una disminución de quejas en contra del Ejército en alrededor de 50 por ciento. “Teníamos unas 3 mil quejas en contra del Ejército por año y con la tendencia de los últimos seis meses, andamos alrededor de la mitad, cerca de 500 o 600 en lo que va del primer semestre, lo cual indicaría que a final de año tendríamos la mitad o menos de lo que tenemos”.
La CNDH también destacó que están realizando una evaluación sobre el avance de las desapariciones forzadas, “lamentablemente no se le atendió en su momento de manera adecuada, no se hicieron las averiguaciones previas y eso ha propiciado que prevalezca la impunidad”. De acuerdo con los registros del organismo, hay 24 mil 800 casos de desaparecidos, y alrededor de 2 mil 443 expedientes donde hay una aparente vinculación de servidores públicos al caso de la desaparición forzada. Plascencia dijo que hay una tendencia a la baja en este sexenio.
ESCANDALO INTERNACIONAL
Sin embargo, esa opinión no la comparte Amnistía Internacional, quien considera que la cantidad de desapariciones de personas sin resolver en México constituye un escándalo y una crisis de los derechos humanos. También denunció que hay una falla sistemática de la policía y los fiscales para investigar cientos de casos que se han acumulado desde 2006, lo que ha llevado a los parientes a buscar ellos mismos a sus familiares, en ocasiones bajo un riesgo considerable.
Para el gobierno federal son alrededor de 20 mil personas las que han sido reportadas como desaparecidas desde que se lanzó una ofensiva contra los cárteles de la droga a fines de 2006. Apenas a finales de mayo pasado, el gobierno federal anunció la creación de una unidad especial para buscar a las personas desaparecidas, la cual sólo cuenta con 12 investigadores federales y un grupo de agentes de la policía federal para cubrir todos los casos. Este tipo de agencias ya han sido implementados anteriormente en el país y han logrado muy poco porque han carecido de los recursos, el personal y la autoridad para realmente llevar a cabo su labor.
En estos casos, la impunidad ha prevalecido por lo que la mayoría de los mexicanos se sienten absolutamente indefensos ante los secuestros, asesinatos, y desapariciones perpetrados por el crimen organizado, las Fuerzas Armadas y las diferentes corporaciones policíacas. Al menos 24 mil cuerpos permanecen en fosas comunes a la espera de una digna sepultura, pero por el desorden administrativo sufren una doble desaparición: la primera cuando fueron secuestrados, la segunda cuando los peritos forenses los clasificaron mal, perdieron las pertenencias que llevaban, registraron mal sus datos en la computadora o los mandaron a una fosa común, revueltos con otros, y muchas veces ni siquiera anotaron la ubicación final.
El caso de los miles de desaparecidos evidencia a un gobierno que es incapaz de garantizar el derecho a la vida; de encontrar a los “ausentes”; de devolverles a sus padres un hijo, características que evidencia a un “Estado fallido”.
INCIDENTES ELECTORALES
La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reportó ayer una serie de hechos violentos contra militantes y un candidato en los estados de Veracruz, Sinaloa y Zacatecas. Precisó en un comunicado que sujetos encapuchados interceptaron la camioneta en la que viajaba el candidato a alcalde del municipio de Chalma, Veracruz, Jorge Flores, en la comunidad del Chapopote, e hirieron al chófer del vehículo y quemaron la camioneta en que se trasladaban. En Sinaloa, los militantes del Sol Azteca, Ignacio Ortega y Manuel Saucedo fueron “levantados” por individuos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada a mediodía de ayer. Mientras que en Zacatecas, se encuentran desaparecidos dos coordinadores de campaña de los municipios de Guadalupe y Jerez, Aquiles González Mayorga y Alejandro Cato Mestas, respectivamente.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California confirmó que a sólo dos días de que se lleven a cabo las elecciones en esa entidad fueron robadas unas 2 mil 019 boletas electorales en Mexicali. Fueron más de 703 boletas para la elección de gobernador, las demás para elegir a presidente municipal de Mexicali. Mientras, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el senador Héctor Yunes Landa consideró que el PAN podría utilizar esas boletas para hacer “mapacherías”.
En Aguascalientes, el PAN denunció la presunta compra del voto que realiza el PRI. El líder estatal del blanquiazul, Jorge López, señaló que en Ojo Caliente se detectó que en un inmueble de la Confederación Nacional Campesina (CNC) se entregaron 300 pesos en efectivo a ciudadanos a cambio de que dieran su credencial de elector, a las cuales se les sacó una fotocopia. El panista sostuvo que esa acción se ha replicado en todos los distritos locales de Aguascalientes. También responsabilizó a la presidenta del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, Lydia Georgina Barkigia Leal, de permitir estas presuntas irregularidades.
Para manifestar su repudio al proceso electoral en Oaxaca, maestros afiliados a la Sección 22 del SNTE y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon 23 de los 25 consejos distritales, así como las oficinas centrales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Los consejos tomados se ubican en los municipios de Etla, Ixtlan, Ciudad Ixtepec, Tehuantepec, Miahuatlán, Pochutla, San Pedro Mixtepec, Ejutla, Pinotepa Nacional, Putla, Tlaxiaco, Teposcolula, Huajuapan, Nochistlán, Tuxtepec, Ocotlán, San Pedro y San Pablo Ayutla, Juxtlahuaca, Juchitán, Matías Romero y Acatlán.
DE LOS PASILLOS
Tras pasar más de once meses en prisión por una acusación fundamentada únicamente en declaraciones de un “testigo protegido”, que nunca se pudo comprobar, de tener vínculos con el narcotráfico, la madrugada de ayer fueron ex carcelados del penal de máxima seguridad del Altiplano, los generales Rubén Pérez, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, además del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. Los militares pidieron a las autoridades que se castigue a los responsables de esta “villanía”, aunque rechazaron tener interés en contrademandar a ex funcionarios de la Procuraduría General de la República, responsables de su aprehensión en mayo pasado. Cabe destacar que el expediente contra esos militares lo inició la anterior administración federal y lo consignó la PGR a cargo de la entonces titular Marisela Morales. La impugnación sólo se sustentaba en dichos de testigos protegidos que luego cayeron en contradicciones.
El ex secretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit, José Manuel Encarnación Delgadillo, fue detenido por peculado con un monto de más de ocho millones de pesos. El fiscal general del estado, Edgar Veytia Cambero, precisó que entre las irregularidades imputadas a este funcionario de la administración de Ney González se encuentra la desaparición de pruebas de ADN y un sofware que nunca se entregó a la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit, todo valuado en más de ocho millones 500 mil de pesos.
Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) retiraron el plantón que mantenían frente a la Secretaría de Gobernación como protesta por la desaparición de la compañía de Luz y Fuerza del Centro. Aunque no había datos oficiales al cierre de estas líneas, trascendió que las autoridades federales y los electricistas llegaron a diversos acuerdos, entre ellos, la autorización de jubilaciones pendientes.
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