CIUDAD DE MÉXICO.- Por acuerdo del gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública –cuya titular es la profesora Delfina Gómez—se eliminaron 170 mil planteles de educación básica de tiempo completo. Esta decisión no consultada pero sí anunciada por la reducción de recursos fiscales en los tres años pasados, saca de contexto académico y alimenticio a más de 3.6 millones de niñas y niños del país. Recordemos que al inicio de esta administración las estancias infantiles fueron cerradas por instrucción presidencial.
Las estancias infantiles se crearon en 2007 con el objetivo de facilitar el cuidado de menores de cuatro años, hijos de mujeres que no tuvieran acceso a guarderías del sistema de seguridad social, esto significaba una gran ayuda para las madres trabajadoras que en esa época era del 56.5 por ciento de mamás económicamente activas.
La maestra Delfina Gómez tiene una formación escolar elemental, sin estudios universitarios, carente de conocimientos sobre planeación educativa, recibió instrucciones del titular del ejecutivo federal sin chistar y decidió cortar de tajo un proceso de formación de estudiantes con ansias de llegar a las universidades con inteligencia clara y bases firmes en las distintas disciplinas académicas.
Diversas opiniones de maestros y padres de familia de varios estados, mostraron su preocupación por haberse dispuesto la cancelación de escuelas de tiempo completo. “Para muchos niños que pertenecen a familias de escasos recursos, recibir alimentación nutritiva en la escuela, es la mejor oportunidad de recibirla en cantidad suficiente y completa”, coincidieron.
Estas escuelas han representado, en zonas de alta marginación, la oportunidad de que puedan asistir normalmente a sus clases y no haya deserciones masivas. En los últimos tres años, los recursos para esos efectos, habían disminuido hasta en más del 50 por ciento. Sin embargo, estas instituciones habían resistido mediante la cooperación vía donaciones y apoyos de padres de familia.
El Programa de Escuelas de Tiempo Completo tenía una cobertura de 170 mil planteles de educación básica, de las cuales el 70 por ciento corresponde a zonas marginadas.
Los recursos gubernamentales disminuyeron a partir del ciclo 2019 – 2020. De 10 mil 120 millones de pesos, se redujo a 5 mil 100 millones. De este monto, en 2021 se destinaron 5 mil millones de pesos a la partida de La Escuela es Nuestra. Para 2022 el programa de apoyo no tuvo clave presupuestaria, mientras que al correspondiente a la Escuela es Nuestra, le fueron asignados 14 mil millones de pesos, para aplicarlos en actividades marginales de albañilería o pintura de planteles.
Hay que señalar que, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se ha caracterizado por mostrar aversión a instituciones tan importantes como la propia UNAM de la cual egresó después de 14 años de acudir a ella y criticado a otras universidades y centros de capacitación científica y tecnológica, a las cuales acusa de “haberse derechizado” o promovido el neoliberalismo. En cambio, se anunció la creación de 100 universidades –a las que se denominó genéricamente “Benito Juárez” en todo el país– “que ni fu ni fa”.
Y no sólo eso, lo lamentable es la reducción y cancelación de programas para estudiantes de educación básica, media y superior, incluyendo de manera principal a la educación superior especializada, simplemente quitando apoyos oficiales a becarios que recibían formación en instituciones académicas del extranjero.
Así, la cancelación de fideicomisos formados hace tiempo exprofeso para impulsar actividades académicas, a través del CONACYT, le ha permitido canalizar más recursos a programas denominados sociales y a otros de gran infraestructura o destinados a pagar indemnizaciones. Allí están los ejemplos del cancelado aeropuerto de Texcoco y optar por el “Felipe Ángeles”, el Tren Maya, la refinería de “Dos Bocas”, sin omitir la compra de la empresa productora de gasolina ubicada en el extranjero, Deer Park, en Texas, EU. Esto significa un derroche, imposible de recuperar en varias generaciones.
Permea en el ambiente que “ya debe imponerse una reacción conjunta y enérgica de maestros, padres de familia, estudiantes y, de manera destacada, de partidos y legisladores para detener la regresión educativa que conlleva a la destrucción de aspiraciones de millones de niñas y niños que representan el futuro de la Nación”.
Los padres de familia que resienten los efectos de una austeridad insoportable, suponen que podrían optar por poner amparos ante las autoridades correspondientes, lo cual se considera una vía apropiada, pero si partimos de que la justicia, por ahora, no estaría a favor de una resolución social favorable, sería ocioso y no trascendería una demanda de la naturaleza que requieren los niños y niñas pobres.
AM.MX/fm
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