Hace apenas pocas horas, quien escribe éstas líneas para el presente medio informativo, hizo ver la poca virilidad e indignidad adoptada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la vez el más alto miembro del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, quién con un afán absurdamente oportunista, permitió (con su memoria) traer a colación la desgracia sufrida por aquél terrible incendio provocado con tíntes políticos, en el Hospital ABC del Estado de Sonora.
Gracias a su conveniencia para tratar de colarse en el sitial de Fiscal General de la República, hizo que la propia Diosa Themis se avergonzará de éste hecho, que ha permitido con evidente violación constitucional eternizar una impunidad a la delincuencia del poder, que tanto criticó Andrés Manuel López Obrador en su campaña electoral y durante los tres años cumplidos en el cargo que detenta.
Con esas añoranzas no sólo está en juego el terrible efecto psicológico sufrido todavía por las víctimas de tan desalmados acontecimientos; sino que la opinión pública nacional e internacional y todos los padres y abuelos devienen expectantes para que se obtenga la justicia que en Derecho procede. Pero no va a ser Arturo Zaldivar quien sea quién procese ella, en su calidad de Fiscal General de la República, lo cuál pretende con su cercanía y confianza adquirida con Andrés Manuel López Obrador.
Ahora, doy mis razones para afirmar ello: La Fiscalía General de la República, dependiente de Alejandro Gertz Manero, en pasadas semanas, decidió no proceder penalmente contra dos muy corruptos funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, nombrados y aceptados por Arturo Zaldivar Lelo de Larrea y los cuáles en su oportunidad fueron denunciados por extorsión a jueces y magistrados, como parte de la red de abogados corruptos pertenecientes al Consejo de la Judicatura Federal.
Va aquí la historia:
El pasado primero de diciembre de 2021, el omiso en indagar a la narco-polītica Alejandro Gertz Manero, recibió una formal denuncia en contra de Carlos Antonio Alpizar Salazar, en su calidad de Secretario General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y Alejandro Díaz Camarena, ex Secretario Ejecutivo de Administración del referido Consejo, basada en múltiples actos de corrupción cometidos por éstos funcionarios.
El verdadero meollo del asunto se encuentra en esa red de negocios judiciales, extorsión y tráfico de influencias, que desde antaño ha venido denunciando la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C., dada la inmensa corrupción estructural que impera en el medio de procuración e impartición de justicia, misma que hasta éste día no ha querido ser indagada, ni por el neoliberalismo, ni por la Cuarta Transformación de la República.
La esencia del problema de nuestros recintos de justicia no se llama la “tragedia del Hospital ABC”, se llama cadena de complicidad y corrupción. Esa es la historia de la desgracia de nuestra Nación, que refugiándose bajo las togas de muchos, no ha sido investigada y ha dado génesis a una inmensa red de negocios judiciales, extorsión y tráfico de influencias, como se desprende en múltiples denuncias formuladas por la Abogacía Independiente de la República en alianza con la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A.C.. Denuncias en las que consta la virilidad evidenciada en su momento y no años después por criterios de oportunidad política.
En relación al presente tópico, en fecha cercana Don Hernán Gómez Bruera escribió para “El Universal”: “Hay varios que tendrían que ofrecer explicaciones, incluyendo al ministro Zaldivar”.
Retomando las palabras publicadas por tan viril comunicador, tengo que reproducir: “La cercanía de Presidente de la Corte con Julio Scherer Ibarra ( tambien tildado de corrupto) es conocida”. Tanto que hace poco en una reunión de hombres de leyes, se le escuchó exclamar (a Zaldivar) con nostalgia: “cuán distintas son las cosas hoy que su amigo Julio ya no está. Adan Augusto es un abogado de pueblo y mi afecto era otra cosa”.
Para la Academia de Derecho Penal y para la Abogacía Independiente de la República resulta notoriamente evidente que los decires oportunistas de Arturo Zaldivar en relación a la desgracia acontecida en Hermosillo Sonora y otras más, solo son unos distractores para evitar que se investigue aquella venta y compra de inmuebles por parte del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual complicaría su ambición de ocupar la Fiscalía General de la República.
Ciertamente, esto hay que decirlo y sostenerlo, Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, a fin de dar plena satisfacción a su codicia y deseo para ocupar el referido sitial, en el ayer tuvo que llegar a varios acuerdos con la corrupción.
Aquí y ahora vuelvo a insertar la pluma de tan viril comunicador de “El Universal” diciendo: “Arturo Zaldivar, como máximo miembro del Consejo de la Judicatura Federal, nombró en dos puestos clave a Carlos Antonio Alpizar Salazar y Alejandro Díaz Camarena en el Consejo de referencia el cuál preside y que es donde se definen los asuntos del Poder Judicial”.
Por último, me toca afirmar que los decires de oportunidad política de Arturo Zaldivar Lelo de Larrea en nada benefician a la justicia, sólo exhiben una horripilante deformación de ella, la cuál en su opotunidad dicho ministro no pudo, ni supo encausar.
La Abogacía Independiente de la República y la propia Academia de Derecho Penal continúan levantando con virilidad nuestro puño en solemne ademán para lograr que en nuestro México se reintegre la Justicia, esencia y rito de los más puros y añorados anhelos nacionales.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México A.C..
